Para nadie es secreto que la corrupción, la impunidad y la ilegalidad son factores que configuran el escenario social, económico y político día con día, pero, ¿cuál es el origen o detonante de estos factores? Existen algunos argumentos que señalan que problemas como la corrupción tiene una génesis colonial, que la impunidad es necesaria para el funcionamiento del sistema político o que impera una gran distancia entre la verdad legal y la verdad real en los tribunales del país.
No pretendo en este escrito responder a la cuestión abarcadora y delicada sobre el origen de la impunidad, la corrupción y la ilegalidad, pero sí poner en perspectiva cómo el Estado de Derecho es clave para resolver nuestro estado actual de crisis e inseguridad, ya que podemos hacer muchos decálogos de buenas intenciones, planes sexenales, anunciar con bombo y platillo un sinfín de políticas destinadas al combate al crimen, pero es un hecho que hay que estudiar el problema desde su dimensión óntica y no sólo ontológica, distinguir al fenómeno tal y como es, delimitarlo y sobre todo revisar cuáles son sus potenciadores, digámoslo así: la inseguridad es como el miedo, siempre existe pero aumenta o se reduce, cobra forma sobre todo en aquellos espacios donde el Estado ha delegado en su totalidad la dinámica al caos o a los poderes fácticos en detrimento del interés general.
Hace muchos sexenios que se vienen creando, deformando y cambiando las diversas agencias encargadas de prevenir y combatir la delincuencia común y el crimen organizado, es evidente que se han puesto muchos esfuerzos y recursos de todo tipo, pero ¿por qué pareciera que nunca disminuye la intensidad del problema? ¿Es la pobreza? ¿La violencia estructural? ¿Una conjunción de factores desafortunados? Indudablemente siempre existirá la inseguridad, pero podemos disminuirla o acotarla, una lucha necesaria pasa por establecer un Estado de Derecho suficientemente estable y fuerte como para aminorar dichos efectos.
El Estado de Derecho –por más retórico que esto se lea- es clave no sólo para armonizar las relaciones sociales sino para mantener estable a un régimen, otorgar legitimidad y continuidad a un sistema político e incluso para garantizar el monopolio de la violencia y gobierno de un Estado frente a otros grupos de poder o a la extraterritorialidad jurídica que pueda ejercer alguna potencia extranjera.
Es un error pensar que la política y las políticas en México pueden hacerse a base de perpetuas concertacesiones, es preciso recordar (aunque irónicamente suene utópico) que la constitución es nuestro gran pacto y que las instituciones políticas desprendidas de nuestra Carta Magna deben su existencia a las necesidades de la sociedad y del Estado mexicano.
En este sentido, alguna vez el republicano francés Odilon Barrot escribió que la legalidad no conviene hoy a la sociedad capitalista, a la fuerza capitalista y a la sociedad burguesa porque conduce indefectiblemente al triunfo de las fuerzas populares.
Si nuestra constitución es en apariencia producto de una revolución de corte social, con mucho mayor razón tendríamos que comprender y saber usar el derecho en favor del grueso de la sociedad, nuestra constitución prohíbe los monopolios, incentiva la libertad de expresión, obliga al Estado a garantizar los derechos humanos, la educación y seguridad entre otras tantas cosas ¿Qué hace falta? Es dolorosamente una pregunta sin respuesta concreta, pero podemos empezar por algunas cuestiones fundamentales: generar más incentivos para cumplir la ley que para no cumplirla moralizando así el espacio público y fortalecer al poder judicial en aras de que la Justicia sea un activo y no una deuda más para la democratización de México.
