C.P. Manuel Montes y Arroyo
La Transparencia Pública es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6o. Consiste en la obligación que tienen todas las instituciones y organismos que ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, de poner a disposición de cualquier ciudadano la información sobre su funcionamiento, decisiones y manejo de recursos, de manera oportuna, verificable, comprensible y completa, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Debe funcionar como una ventana abierta que permita a cualquier persona supervisar la gestión gubernamental, garantizando que los actos administrativos no se oculten y se realicen de manera honesta.
La transparencia es un derecho ciudadano porque permite a toda persona conocer cómo actúan las autoridades, cómo administran los recursos públicos y cómo toman sus decisiones. No se trata de una concesión del gobierno, sino de un derecho reconocido por la Constitución, cuyo propósito es que los ciudadanos puedan ejercer un control democrático sobre quienes desempeñan funciones públicas.
En México, este derecho se fundamenta en el principio de que toda la información en posesión de las autoridades es pública, salvo las excepciones previstas por la ley. De esta manera, cualquier persona puede solicitar información sin necesidad de justificar el motivo de su petición.
Gracias a este derecho, la sociedad puede exigir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, participar de manera informada en la vida democrática y contribuir al combate de la corrupción. Sin transparencia, el ejercicio del poder público pierde legitimidad y disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos es precisamente a qué está obligado a decirme el gobierno sin que nadie tenga que solicitarla.
La ley establece que hay información que el gobierno debe publicar de manera automática y permanente, sin necesidad de que nadie la solicite. A esto se le llama transparencia proactiva, y abarca tres grandes áreas:
1. Información sobre quiénes son y cómo están organizados
Toda institución pública debe publicar su organigrama, las funciones de cada área, el directorio de sus funcionarios con nombres, cargos y datos de contacto, y el marco legal bajo el cual opera.
2. Información sobre el dinero público
Este es el punto más importante para el ciudadano. El gobierno está obligado a publicar cuánto dinero recibe, en qué lo gasta, qué contratos firma, con quién y por cuánto, qué licitaciones realiza y cuáles son los resultados de las auditorías que se le practican.
3. Información sobre sus servicios y trámites
Cualquier institución pública debe informar qué trámites ofrece, qué requisitos pide, cuánto cuestan y en cuánto tiempo los resuelve.
La transparencia no depende únicamente de la voluntad de las autoridades; también requiere una ciudadanía que ejerza activamente su derecho a exigir información. Cuando un sujeto obligado incumple con la publicación de la información que la ley establece, cualquier persona puede solicitarla y utilizar los mecanismos legales previstos para exigir su entrega. De esta manera, el derecho de acceso a la información se convierte en una herramienta de vigilancia ciudadana y de fortalecimiento de la rendición de cuentas
En términos generales, un ciudadano puede:
Solicitar la información mediante una solicitud de acceso a la información pública, dirigida al sujeto obligado.
Presentar una denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia cuando la información que debería estar publicada no aparece en los portales oficiales o está incompleta o desactualizada.
Interponer un recurso de revisión si la autoridad niega la información, la entrega de manera incompleta o no responde dentro del plazo legal.
Presentar una queja o denuncia administrativa cuando existan indicios de que los servidores públicos incumplieron deliberadamente sus obligaciones de transparencia, lo que puede dar lugar a responsabilidades administrativas.
Acudir a los órganos jurisdiccionales, en casos excepcionales, cuando se considere que se ha vulnerado el derecho humano de acceso a la información.
Muchos de los retos que enfrenta actualmente la Transparencia Pública obedece a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) esto representa uno de los cambios más importantes en el sistema de transparencia en México debido a que sus funciones pasaron a depender directamente de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno. Esto implicó pérdida de independencia, concentración de funciones en el Ejecutivo y una reducción significativa de estructura y personal.
Se estuvo analizando lo que algunos expertos a los que llaman críticos señalan que esa desaparición del INAI y que sus funciones las realice la Secretaria de Anticorrupción y buen Gobierno les compartimos lo que han indicado:
1. El gobierno se convirtió en juez y parte
Especialistas cuestionaron el papel del gobierno como juez y parte, al absorber la Secretaría Anticorrupción las funciones del INAI. Esto significa que cuando un ciudadano reclama información que el gobierno no quiere entregar, es el propio gobierno quien decide si tiene razón o no.
2. Las solicitudes de información cayeron drásticamente
Este es el dato más contundente. Las solicitudes ciudadanas de información cayeron 27% entre 2024 y 2025, tras varios años consecutivos con más de un millón de peticiones anuales. En 2024 se interpusieron un millón 16 mil solicitudes; para 2025 la cifra cayó a 797 mil.
3. Se fragmentó el sistema y nadie sabe a quién acudir
Con un sistema fragmentado, la desaparición del INAI dejó un vacío en la vigilancia del acceso a la información pública y debilitó la capacidad para obligar a las autoridades a transparentar datos de interés público. Especialistas advierten que actualmente no hay criterios homogéneos.
4. Los temas más sensibles quedaron sin vigilancia
En temas sensibles como corrupción, megaproyectos, seguridad y desapariciones, el acceso a la información depende cada vez más de los propios gobiernos.
5. La transición fue improvisada
La Secretaría Anticorrupción asumió las funciones del INAI con nombramientos pendientes y normativas incompletas para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
6. Se redujo de siete comisionados a uno
El número de comisionados se redujo de siete a uno. Antes las decisiones se tomaban de manera colegiada y plural entre varios expertos independientes. Ahora las toma una sola persona designada por el gobierno.
En resumen, los críticos señalan que aunque la transparencia sigue existiendo en papel, en la práctica el ciudadano tiene hoy menos garantías, menos independencia en quien lo defiende y más obstáculos para obtener información sobre los temas que más le importan.
La transparencia solo cumple su propósito cuando los ciudadanos ejercen su derecho a informarse y a exigir cuentas. Una sociedad informada es la mejor garantía para fortalecer la democracia y combatir la corrupción.
Nota: Este artículo fue elaborado con base en la legislación vigente, información publicada por diversos medios de comunicación y consultas realizadas a herramientas de inteligencia artificial, cuyo contenido fue contrastado con fuentes jurídicas y documentales.
