A pesar de la opacidad y malos resultados en nuestro sistema educativo, sólo 3 por ciento de los padres de familia en México califican la educación de sus hijos como mala o muy mala. Esta cifra puede ser más preocupante que el sitio del Congreso por la CNTE. Los padres de familia, uno de los contrapesos que puede influir en mejorar la calidad educativa, creen que las cosas están bien cómo están.
A la educación en México le urge un contrapeso que nivele la balanza de poder entre la ciudadanía, los políticos y los líderes sindicales y la convierta en un verdadero motor de desarrollo. Hoy en día, hemos entrado en una espiral donde la política importa más que el aprendizaje educativo. El botín es preciado. Las entidades federativas recibirán en 2013 alrededor de 270 mil millones de pesos para la educación básica. Más de 80% de los recursos irán a salarios de docentes (cuánto efectivamente llegará a los maestros y no acabará en las arcas sindicales o los bolsillos de los políticos es un misterio).
Los problemas se acumulan: el IMCO encontró que sólo en 6 estados las autoridades locales nos permiten conocer el número de maestros y el tabulador de salarios, además existen siete entidades federativas con secretarios o subsecretarios de educación que también son líderes del SNTE regional. La educación en México sale mal en prácticamente cualquier indicador entre los países miembro de la OCDE: penúltimo lugar en gasto por estudiante, último lugar en pruebas PISA, el cuarto salario más bajo por maestro, último lugar en matriculación para educación superior y la lista sigue.
Ante este escenario de opacidad y malos resultados, sólo 3% de los padres de familia de México califican la educación de sus hijos como mala o muy mala. Esta cifra puede ser más preocupante que el sitio del Congreso por el CNTE. Los padres de familia, uno de los contrapesos que puede influir en mejorar la calidad educativa, creen que las cosas están bien cómo están.
Un estudio realizado en 2012 por Marco Antonio Fernández muestra que de las 11,000 acciones de resistencia relacionadas con la educación que hubo entre 2007 y 2012, alrededor de la mitad fueron realizadas por maestros. En contraste, 17% fueron realizadas por estudiantes y 4% por padres de familia. Detrás de esta cifra se esconde gran parte del problema de la educación en México. Los gobernantes le temen a las protestas por su alto costo político. La ausencia de demandas organizadas de otros grupos de interés, como los padres de familia o los estudiantes, sumada al avasallador número de protestas de maestros ha hecho que el Estado ceda a las exigencias de los líderes magisteriales. Lo anterior, muchas veces, en detrimento de la calidad educativa y en beneficio de intereses particulares.
La historia resultante nos es ya familiar. Un grupo de poder, en este caso los líderes magisteriales, que tiene capturado un bien público (y una gran tajada de sus recursos) bajo la amenaza de la resistencia civil. Lo que no hemos logrado dimensionar es hasta dónde llega el impacto. Las marchas no sólo generan caos vial sino también han transformado el modo de conducir la política educativa del país. El estudio mencionado anteriormente encontró que las transferencias educativas federales por estudiante se determinan más por el número de marchas del año anterior que por variables como la población en estado de pobreza o la falta de cobertura educativa. La conclusión más clara es que los recursos para la educación no van para los que más lo necesitan sino para los que más toman las calles.
El punto no es generalizar, hay muchos maestros con exigencias válidas y que se enfrentan a condiciones difíciles para dar clases. El problema es que los líderes magisteriales han logrado imponer su voluntad en complicidad con políticos, sin nadie que los frene. La concentración de poder siempre generará abusos: una balanza sin contrapesos corre el riesgo de caerse. Es por ello que se vuelve indispensable fortalecer y organizar a los otros grupos interesados en la calidad de la educación. México seguirá teniendo resultados mediocres mientras la educación no se convierta en un tema de interés nacional que desate las mismas pasiones que un partido de la selección. Hace falta que los políticos encuentren un costo político de enriquecer a los líderes magisteriales y a ellos mismos con recursos para la educación. La idea no es pedir a los padres de familia que igualen las acciones de la CNTE, pero hay mucho que hacer para equilibrar la balanza.
A continuación presentamos dos ideas para lograrlo:
Participación a través de tecnología y redes sociales
Conocer la calidad de las escuelas en el país es uno de los primeros pasos para realizar un diagnóstico y emprender acciones. En este sentido, las herramientas tecnológicas pueden ser sumamente útiles para socializar los principales retos. El IMCO desarrolló un sitio llamado Mejora tu escuela que permite a los ciudadanos comparar el desempeño de diversas escuelas en la prueba de Enlace y evaluarla en aspectos como infraestructura, calidad de los maestros y participación de padres de familia. Entre más personas evalúen sus centros educativos, mayor información será disponible para tomar acciones como sociedad civil. Los invitamos a unirse a este esfuerzo ciudadano.
Programas de empoderamiento a padres de familias
Un programa que ha sido exitoso en México y poco escalado es el programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). El objetivo del programa es fomentar la gestión local de las escuelas y aumentar la participación de los actores involucrados (padres de familia, directores, maestros, estudiantes). El programa consiste es dar recursos a los padres de familia para financiar proyectos de mejora dentro de las escuelas. Un estudio encontró que el programa aumentó el monitoreo de los padres de familia y también disminuyó la deserción escolar. Empoderar a los padres de familia es un mecanismo para que empiecen a ejercer un contrapeso.
