Quienes disfrutamos de un espacio de opinión en algún medio de comunicación, buscamos invariablemente estimular el debate sobre el tema que nos ocupa. Intentamos ofrecer nuestros puntos de vista y estamos ávidos por conocer los de nuestros lectores. La mayoría nos reconocemos más como provocadores limitadamente informados, que como especialistas en lo temas que abordamos.
La semana anterior dediqué este espacio a hacer un comentario sobre el conflicto que se ha suscitado en diversas entidades del país por la aprobación de la reforma constitucional en materia educativa, que por cierto, está aún pendiente de reglamentarse en leyes secundarias. En el mismo busqué exponer y ponderar los temas esenciales que la misma contiene. También señale la necesidad de que el gobierno de la República y el Congreso de la Unión atiendan los cuestionamientos y críticas de quienes disienten con el contenido de la reforma; en particular me referí a algunos señalamientos expresados por maestros adheridos a la llamada Coordinadora del Trabajadores de la Educación y a estudiantes normalista de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Para mi satisfacción, recibí algunos cuestionamientos de amigos y lectores que me favorecen con su atención.
Debo abundar en el hecho de que mis reflexiones las formulo con el ánimo de provocar el debate sobre los temas que intento abordar; en este caso la reforma educativa. Considero fundamental por ello, que se establezcan los espacios de diálogo, análisis y discusión sobre los temas que preocupan a todos los actores que son partícipes del proceso educativo: autoridades, especialistas en educación, padres de familia, maestros y estudiantes. Me parece que en un país que se precia de ser democrático esa demanda está totalmente justificada.
Pero debo señalar, que ello no implica de manera alguna que justifique las movilizaciones multitudinarias, paros escolares, tomas de edificios públicos y recintos universitarios, de casetas de peaje y carreteras, la obstrucción de vías de comunicación, el secuestro y destrucción de unidades de transporte público, y en general del rompimiento de la legalidad en cualquiera de sus formas, que resulten en la afectación de derechos de terceros. En lo personal repruebo categóricamente ese tipo hechos y considero que deben ser sujetos de la aplicación de la Ley.
El gobierno de la Republica y el Congreso de la Unión deben por su parte reconocer la legitimidad de la preocupación de los maestros en el sentido de que la reforma educativa, en los términos en que se pretende llevar adelante, afecte eventualmente su estabilidad laboral, y pretenda, por otro lado, extraer del contenido de los programas educativos, información que una parte del magisterio considera de utilidad para los niños, para sustituirla por otra, que de acuerdo a su criterio resulta irrelevante. Al final las deficiencias y limitaciones del sistema educativo nacional no son responsabilidad atribuible, de manera exclusiva o principal de los maestros; por el contrario, son el resultado de una serie de vicios propiciados y tolerados desde el propio gobierno de la República. Por ello, resulta inaceptable que la nueva administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto intente responsabilizar de todos los males, como parece, al magisterio.
El problema que enfrenta el gobierno para implementar la reforma educativa y colocar al país en el camino para mejorar los niveles de preparación de los niños que atienden las escuelas de educación pública, no se puede resolver por decreto ni por mandato superior; requiere de la participación y voluntad de todos los actores del sistema educativo. Es por ello necesario que el gobierno y el Congreso de la Unión se den a la tarea de construir los espacios de análisis y discusión plurales e incluyentes, que permitan diseñar la estrategia educativa que en unos años resulte en mejores niveles educativos. Y en esos espacios deben participar los maestros. Los problemas de la educación habrán de resolverse con el concurso de todos los actores, y aunque suene complicado, de manera consensuada.
En días pasado visitó el país el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva; vino invitado por el gobierno de la República a acompañar el inicio del programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”, inspirado en el programa social “Cero Hambre” que se implementó en Brasil durante su mandato y que permitió sacar de la pobreza a 14 millones de brasileños.
La popularidad de Lula en Brasil, y en el mundo, deviene en buena medida de sus logros en la lucha contra la pobreza, que constituye sin duda también una preocupación para la administración que encabeza Peña Nieto. Pero también de su capacidad de concertación con los diferentes sectores de la población para impulsar reformas en muchos ámbitos de la realidad brasileña. Lula goza de la aceptación en su país no solo de los grupos más pobres de la población, también es reconocido por los académicos y los líderes de los sectores productivos. Su liderazgo y popularidad se deben a su estilo incluyente y plural, a su capacidad de convocatoria a la participación social y a hacerla efectiva en el diseño y construcción de políticas públicas. El éxito de Lula se debe en mucho a su habilidad para construir consensos entre los diferentes sectores de la población brasileña, de manera que todos, o la mayoría, lograran en cada caso lo posible, más que lo deseable para cada cual.
Valdría la pena que el gobierno que encabeza el Presidente Peña Nieto hiciera suyo no sólo el programa Hambre Cero, sino sobre todo que emulara las prácticas democráticas y de consulta permanente, practicadas porLula, con los diferentes actores de la sociedad mexicana, para impulsar así las reformas que el país requiere, incluida la educativa. Pretender, en su lugar imponer estrategias unilaterales, previamente definidas, no sólo llevará al fracaso de la reforma educativa, sino de cada acción de gobierno que se busque implementar si el concurso de la sociedad.
Mención aparte requiere la toma violenta de rectoría de la UNAM por parte de un grupo de seudo estudiantes del CCH de Naucalpan, obstruyendo la actividad académica de la universidad más importante del país y con mayor población estudiantil en América Latina. En ese caso, como en otros, debe aplicarse la Ley y favorecerse el diálogo, pero siempre en el marco del respeto a los derechos de la sociedad y de la comunidad universitaria.
