Lorena Cortés
Hay una transformación del crimen organizado en Michoacán que ya no puede explicarse con la vieja imagen del narcotraficante. La generación criminal que hoy disputa territorios se caracteriza por métodos cada vez más sofisticados y agresivos como el desplazamiento forzado de comunidades, utilización de drones artillados, control social de poblaciones y una creciente militarización de sus estructuras operativas.
Pero entre todos esos rasgos hay uno que debería preocuparnos más que cualquier otro, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Primero y antes que nada es una violación grave de derechos de niñas, niños y adolescentes; una forma de explotación criminal y una captura de trayectorias de vida por estructuras armadas.
En el libro que publique Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán documento precisamente ese ecosistema criminal al que niñas, niños y adolescentes han estado expuestos durante años. No se trata únicamente de vivir cerca de los territorios donde manda el crimen.
Implica crecer en territorios donde la violencia se vuelve cotidiana, las armas forman parte del paisaje, el crimen controla economías locales, ofrece ingresos, impone reglas, recluta referentes masculinos y convierte la ilegalidad en una posibilidad concreta de movilidad, pertenencia y reconocimiento. Donde cientos de niñas, niños y adolescentes inclusive son hijos de perfiles criminales con larga carrara criminal.
Ese ecosistema se vuelve especialmente peligroso cuando en un Michoacán coincide con deserción escolar, precariedad, violencia familiar, consumo problemático de drogas, ausencia institucional y comunidades donde el Estado aparece de manera intermitente o únicamente a través de la fuerza. Ahí el crimen no necesita siempre secuestrar a un adolescente, muchas veces lo rodea, lo seduce, lo normaliza y finalmente lo incorpora.
Por eso el riesgo de reclutamiento es tan alto. Porque la captación no comienza con un AK-47 en las manos, sino mucho antes, cuando el grupo criminal logra ocupar espacios que deberían pertenecer a la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones.
UNICEF lo ha dejado claro, cuando una niña, un niño o un adolescente crece dentro de un ecosistema donde el crimen tiene presencia territorial, recursos, símbolos de poder y capacidad de ofrecer identidad, protección o ingreso, su libertad de elección se reduce drásticamente. Por eso hablar de reclutamiento como si fuera una decisión aislada del menor es desconocer el contexto que lo empuja, lo condiciona y, muchas veces, lo captura.
El problema, entonces, no es solo cuántos adolescentes terminan dentro del crimen organizado. Es cuántos están creciendo hoy en condiciones que vuelven ese reclutamiento probable, accesible y, para algunos, aparentemente inevitable.
Señalar que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es “voluntario” desplaza el centro de responsabilidad desde las instituciones hacia el propio menor. Por eso, presentar su incorporación como una elección libre simplifica el fenómeno y, peor aún, diluye la obligación del Estado de prevenir, detectar, proteger y perseguir a quienes reclutan. Cuando el contexto condiciona radicalmente la decisión, hablar de “voluntariedad” puede terminar funcionando más como excusa institucional que como explicación seria.
Antes de hablar de “voluntariedad”, quizá convendría leer Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán. A veces, conocer el fenómeno evita convertir la ignorancia en política pública.
