.Sin duda, una vez que termina el período para el cual fue electo un gobierno y se espera que entre el siguiente lo que acapara la atención de los medios de comunicación, y en general el interés de la ciudadanía, suelen ser cuestiones que van desde interrogantes como las de que si el triunfo correspondiente fue legítimo, que si las inconformidades generarán ingobernabilidad, que quiénes ocuparán los puestos en el gabinete, hasta los análisis de los proyectos de gobierno y de las historias personales.
Pero hay otro tipo de asuntos que se dan en los relevos de gobierno a los que no se les ha prestado la debida atención. La falta de un Servicio Civil Profesional de Carrera ha permitido que, con toda discrecionalidad, cada vez que inicia un nuevo ciclo de gobierno haya despidos y contrataciones de personal a diestra y siniestra, desde los niveles más bajos de las administraciones hasta, lógicamente, los más altos, muchas de las veces siendo ocupados los cargos por personas que no poseen el perfil adecuado a la responsabilidad encomendada. Entre otros efectos nocivos esto ha provocado -de manera alarmante en algunos casos en los últimos años- un crecimiento injustificado de la estructura burocrática de los gobiernos locales, los cuales paulatinamente han ido aumentando su  gasto corriente y disminuyendo su gasto de inversión.
Tenemos toda una historia y tradición donde las decisiones dentro del gobierno se han hecho de manera lo más vertical y discrecional posible. En países como el nuestro, donde la poca actividad económica propicia la desocupación laboral y el trabajo informal, buena parte de la fuerza política radica en la posibilidad de dar y quitar empleos.
Así, el ingresar, mantenerse y progresar dentro de la administración pública con base en la competencia, en la igualdad de oportunidades y en el mérito son retos democráticos que debemos superar ya, principalmente con la implementación de un Servicio civil Profesional de Carrera como un instrumento que, por un lado, resguarda el derecho que se tiene a participar administrativamente en las acciones del gobierno y, por otro, provee las condiciones básicas para que operativamente esos gobiernos sean más eficientes, es decir se trata de un medio que hace propicios a los gobiernos a obtener mejores resultados.
El personal que laboraba en el gobierno federal en 2008 representaba el 30% del total de los empleados en los tres niveles de gobierno, en contraste con el 35% en el año 2000, esto significa que en los últimos años ha crecido más el número de empleados en los gobiernos estatales y municipales que en los encabezados por Fox y Calderón.
Este problema ha sido ampliamente estudiado. Destacan, en este sentido investigaciones del Centro de Investigación y Docencia (CIDE), dónde ha quedado documentado cómo a pesar de que los ingresos de los municipios, por participaciones y transferencias durante los últimos años, han crecido considerablemente no se ha incrementado en proporción semejante la infraestructura y los servicios que prestan; consideremos que en los últimos 20 años el gasto municipal en el país ha crecido 150% en términos reales y sólo en 7 años (2001-2007) los gastos en servicios personales municipales -léase nómina- crecieron 68%, sin que se haya modificado substancialmente el porcentaje de ingresos propios.
Si este tipo de estudios no aportan información más detallada, de modo tal que las conclusiones sean más sólidas, por ejemplo si el aumento en gasto corriente se debe más a nuevas contrataciones que a incrementos en las percepciones totales -o ambas-, se debe en gran parte a que tanto los gobierno estatales como los municipales se desenvuelven administrativamente con gran opacidad.
Además, México como país y más específicamente nuestro estado, Michoacán, al padecer carencia de solidez en sus administraciones gubernamentales, enfrentan el reto de contar con servidores públicos con mayores capacidades, que conozcan las especificidades técnicas de determinados cargos sustantivos y administrativos, así como que cuenten con conocimientos y habilidades gerenciales para resolver los problemas ordinarios y extraordinarios que surgen de la convivencia en comunidad. En busca de estos beneficios  es que hoy en día, entre otras estrategias en los cinco continentes, se han establecido en la administración pública sistemas de promoción de personal basados en méritos.
El mismo CIDE devela la triste realidad de Michoacán: somos el cuarto estado de la república, solo atrás de San Luis Potosí, Nuevo León y Baja California, que más gasta en salarios (nómina reportada en capítulo 1000, nómina estimada no reportada de maestros y, nómina estimada de instituciones y otros órganos de gobierno) con prácticamente el 70% de las erogaciones.
Por todo esto en unos días presentaremos al Pleno del Congreso una iniciativa de ley para Michoacán y sus municipios con base en los siguientes objetivos: 1) garantizar la profesionalización del personal de confianza que labora en la administración pública y que se ubica en mandos medios, así como la del personal encargado de tareas técnicas y especializadas; 2) garantizar que el ingreso, las promociones, los ascensos y la permanencia se den bajo criterios de igualdad, competencia y de méritos; 3) asegurar que la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas sean permanentes a través de actividades continuas de formación y capacitación de los servidores públicos de carrera; 4) fomentar la motivación y la efectividad a través de estímulos con base en la evaluación del desempeño; 5) establecer condiciones que favorezcan y permitan la imparcialidad, o neutralidad política, en el trabajo de los servidores públicos y, finalmente; 6) garantizar hasta donde sea posible la estabilidad y seguridad en el empleo dentro de la administración pública.
Ojalá sea aprobada.

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