Hace unos días se creó el organismo encargado de la transparencia y el acceso a la información pública, como un ente autónomo, con facultades para emitir su normatividad interna. Se trata de un organismo de gran importancia cuya función esencial será el otorgarle credibilidad a la transparencia institucional y por lo tanto dar un paso importante para combatir la opacidad y la corrupción.
Este organismo se integrará por 7 comisionados, quienes durarán en su encargo 7 años, sin posibilidad de reelección, ojala el procedimiento de elección tenga como característica destacada escoger a gente de probada honestidad y dejar de lado intereses partidistas.
Las determinaciones serán definitivas e inatacables, salvo en casos que pongan en riesgo la seguridad nacional, resultaría de gran importancia establecer y definir públicamente que asuntos se podrían clasificar de interés nacional, para evitar se utilice el concepto para evadir la responsabilidad de informar.
Se amplía el catálogo de Sujetos Obligados, al incluir a nuevas personas físicas y morales, entidades, organismos y dependencias. Ahora también serán sujetos de esta materia los partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos, al igual que los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos. Es decir todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos, o que realizan algún acto de autoridad serán sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. La sociedad mexicana estuviera complacida si también se hubieran incluido en la obligación de transparentar los gastos de los legisladores, sería justo en virtud de que manejan recursos públicos y son los responsables de velar por los intereses de sus electores.
El organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública del ámbito federal será el marco de referencia para los Estados y para el D.F. a fin de establecer los mismos criterios en el combate a la opacidad.
Se incorpora a los órganos de transparencia de manera expresa en la Constitución Federal y en las locales para que no haya disparidad en el manejo de uno de los Derechos Humanos (Derecho a la Información) de avanzada a nivel mundial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la instancia que resolverá en el procedimiento de controversia constitucional sobre las resoluciones del nuevo organismo que sustituirá al IFAI, respecto al acceso de información en poder del Banco de México y todos los organismos autónomos.
Con esta reforma, México renueva los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Ahora se requiere que la ejecución de la reforma no se contamine con el problema de la política negativa, que no le interesa y no le importa restarle credibilidad a esos órganos, incluso, antes de nacer, perjudicando a la ciudadanía que ya puede disponer de instrumentos para exigir rendición de cuentas, sentirse representada y participar e incidir en las grandes decisiones publicas. Con información y cuentas claras, la ciudadanía podrá evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes.
Existe un índice comparativo que evalúa el grado de Estado de Derecho que caracteriza a los países del mundo emplea ocho indicadores: Ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos fundamentales de la ciudadanía, orden y seguridad, límites a la autoridad gubernamental, capacidad de hacer valer las regulaciones, justicia civil y justicia criminal. Ojala nosotros alcancemos a lograr esas metas propias de una democracia plena que merece nuestro pueblo después de muchos años de querer alcanzarla.
Invito a todos los ciudadanos a participar en la valoración de sus funcionarios, a ejercer el derecho a estar informados, a experimentar con las vías existentes, a que sean curiosos, que sean activos y participen de la vida democrática, porque solo así podemos ayudar a construir una sociedad en la que los funcionarios realmente sean mandatarios al servicio de sus electores y como tales, deban rendirles cuentas.
