El reciente caso de Hipólito Mora, uno de los líderes más visibles de las llamadas “autodefensas” en Michoacán, ha puesto nuevamente en primer plano, uno de los problemas más graves y añejos que tiene México como supuesto “País de leyes”. Pasan los años, los sexenios, incluso generaciones completas y el problema de la mala administración de la justicia continua sin cambios.

El auto de formal prisión para Hipólito Mora, dictado por el Juez Juan Salvador Alonso Mejía por un delito que, a decir de los interesados, se sustenta únicamente en “dichos” y para colmo, rematado con un acto de discutible sensatez, pues decreta su traslado al penal de Apatzingán, precisamente el peor sitio que se le pudiera ocurrir a magistrado alguno; dio pie a que el abogado defensor de Hipólito, el Lic. Eduardo Quintero, en un arranque de sinceridad declarara: “Le faltaron huevos al juez, el juez es un cobarde y lo digo dentro de su propio juzgado no me escondo para decirlo”.

Este Juez, por lo pronto y por buen tiempo, ya tiene una lupa sobre el. Todo lo que haga, haya hecho, o deje de hacer será analizado.

Todo el asunto de Hipólito Mora, su extraña detención, con una mas que inusual rapidez para su ejecución, la manera de valorar los datos, el peso que se le da a testigos de discutible veracidad y las circunstancias en que vive Michoacán, han dado pie a toda clase de versiones; mismas que se apoyan en la poco honorable historia de la “Justicia” en México.

Hablemos un poco de esa “Justicia Mexicana”, de este México, el país de La Paca y su osamenta, del indefendible fiscal Chapa Bezanilla, del Nintendo de Carpizo, del jamás esclarecido crimen de Ruiz Massieu, el país donde los Arellano Felix se entrevistan con el Nuncio Apostólico en las propias narices del titular de la PGR y este, sabiéndolo, no hace nada; el país donde nunca se ha querido investigar a ese prominente político reiteradamente señalado como autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía. México, el país de los nunca resueltos feminicidios de Cd Juárez, del fallido “diamante” de Lomas Taurinas, el país de las indígenas encarceladas por haber “secuestrado”, ellas solitas, a varios fornidos AFIs, caso armado “de oídas”.

México, el país donde comprar a un Magistrado de Supremo Tribunal de Justicia cuesta $500,000 dólares, como fue el caso del corrupto Juez de Circuito Ernesto Díaz Infante, juzgador del caso del asesinato de la niña Merle Yuridia Mondaín, y que permitió la liberación de su asesino, Alejandro Braun.

México, el país del muerto sembrado a la Quina, un agente del MP de apellido Arrioja, fallecido en otro sitio y cuyo cadáver fue llevado hasta Ciudad Madero y colocado a la entrada de la casa de Hernández Galicia, junto con dos cajas con ametralladoras UZI; pero se les olvidó retirar la factura de las mismas que señalaban la compra en una armería de Texas por un comprador oficial.

México, país donde se dio una de las investigaciones más sucias que se recuerden, el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara, enturbiado y manipulado a mas no poder al parecer por las posibles e indeseables derivaciones a que podía dar lugar; caso que evidenció la desoladora estupidez de un procurador de justicia estatal y su policía. .

México, país donde se filmó el documental “Presunto culpable”, que exhibe la estulticia del Poder Judicial, la impunidad de la policía y la inepta soberbia del Ministerio Público. México, donde el maestro Alberto Patishtan fue condenado a 60 años por un crimen que no cometió.

México país que alberga a la “Tremenda Corte” cuyos integrantes cobran los mayores sueldos de prácticamente cualquier corte del mundo. Difícil o imposible su defensa por sus antecedentes en juicios como el anatocismo, el caso Lydia Cacho y el “precioso” Marín.

México, país con un aparato de justicia que no soporta el más epidérmico análisis; con un índice de impunidad de un impresionante 95%. ¿Que traduce esto?, Simplemente que en México no se tiene capacidad de investigar. Aquí los juicios se apoyan en delaciones, “confesiones” imposibles de verificar y en testigos comprados como el “Caso Dorantes”, preso por una confesión comprada en mil quinientos pesos.

México, país donde un par de Jueces de la Suprema Corte admiten, al aire, en un programa de televisión abierta, la existencia de muchos “Jueces de consigna”

¿Y así quieren que les creamos?