El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos define “colusión” como un “pacto ilícito en daño a un tercero”, en otras palabras, unas personas se ponen de acuerdo para causar un perjuicio a otras. Así de fácil.
Enfoquémonos ahora a México y más concretamente a Michoacán. No hacen falta las dotes de un Sherlock Holmes para sospechar que en el origen y desarrollo del crimen organizado existió una muy probable colusión entre diversos funcionarios con los altos mandos de la delincuencia. Sencillamente no existe otra explicación. Por malas o pésimas razones, es más que probable que muchos encargados de administrar el Estado estuvieran coludidos con el crimen, por así convenir a sus intereses, políticos o económicos.
Muchos datos indican que existieron “acuerdos” de algunas autoridades con determinados grupos delictivos. Las oblicuas confesiones de un exgobernador de un estado norteño y de un expresidente de la República lo avalan. Obviamente dada la naturaleza de ilegalidad de semejante pacto no es posible dar ejemplos de acuerdos formalizados con actuales funcionarios por la sencilla razón de que semejantes pactos no están firmados y mucho menos se ventilan públicamente.
Por mucho tiempo, en el México del PRI, se toleró el narcotrafico con la equivocada idea de que eso no era nuestro problema, que nosotros, México, éramos simplemente un “país de paso”. El problema se minimizó, no se quiso ver y lógicamente creció hasta estallar.
¿Se obtiene alguna ganancia al tener un pacto con el narco? De momento puede lograrse una aparente tranquilidad social. No deja de haber delitos, ni desaparecen los episodios que nos muestran la ferocidad con la que se combaten entre sí estos grupos; pero el problema, en la percepción popular, parece menor.
Sin embargo hay un pequeño detalle, no hay ninguna seguridad de que este pacto se cumpla a cabalidad por la sencilla razón de que el narco no tiene un mando único, ni existe una disciplina “vertical”.
México entró tarde a la lucha y usando básicamente la fuerza del Estado; pero tal parece que eso no fue suficiente. Faltó combatir otros aspectos. Como siempre, viendo las cosas hacia atrás, resulta fácil ver que falló. Primero, no tenemos un aparato judicial ejemplar y eficiente, y segundo, nunca se atacó a fondo el lavado de dinero, los prestanombres, exitosos empresarios con fortunas hechas en poco tiempo.
Podemos comparar a la justicia mexicana con una cadena, y sabemos que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, y el eslabón más débil es el Poder Judicial, por lo tanto urge depurarlo y renovarlo. .
Nadie en sus cabales puede objetar la necesidad de combatir al crimen organizado por parte del Estado como lo hizo inicialmente Felipe Calderón y lo ha continuado haciendo Peña Nieto, pero su estrategia, por incompleta, no ha funcionado como debiera. También conviene recordar que la guerra emprendida por el gobierno federal a partir de 2006 fue una respuesta a los ya escandalosos niveles que alcanzaba la guerra del narcotrafico por el dominio de plazas, rutas y territorios.
Ahora a entrado un nuevo factor en esta larga lucha, las denominadas “autodefensas”, entendible respuesta de un pueblo cansado de la inoperancia o corrupción de las instituciones. Ante eso, el gobierno federal ha comprendido que el estatal sencillamente no puede, o no quiere, resolver el problema, y ha tomado el asunto en sus manos. .
Pero la duda persiste. ¿Podrán resolver el conflicto? ¿Llegaran al fondo del asunto? Y lo más grave. ¿No será ya demasiado tarde?
Se verá en un plazo no muy largo.
