El 2013 será un año de grandes retos para el presidente Enrique Peña Nieto. Deberá enfrentar una serie de graves problemas que le heredó la administración panista que encabezara Felipe Calderón, muchos de ellos herencia a su vez del gobierno de Vicente Fox y los gobiernos priístas de finales del siglo XX.
Tal vez el más urgente es el de la inseguridad y la violencia que azotan en mayor o menor grado a todas las entidades del país y al conjunto de la sociedad. El reto no es menor, ya que se constituye como un monstruo de mil cabezas al que hay que enfrentar de manera imaginativa, rápida y simultánea. Una de esas cabezas es el de la corrupción que prevalece en la mayor parte de los cuerpos de seguridad, pero también en la mayor parte de los ámbitos del estado y de la sociedad. Otro el de la impunidad para quienes delinquen en perjuicio de la ciudadanía y del país.
Peña Nieto tendrá en los hechos que definir si continúa con la estrategia de lucha armada contra la delincuencia que asumió con toda la fuerza su predecesor, o bien opta por atacar las raíces del problema y construir mecanismos de prevención que eviten que miles de jóvenes se incorporen a las actividades ilícitas por falta de opciones y alternativas para encontrar un empleo digno y bien remunerado e incorporarse a actividades productivas honestas.
Un reto adicional que deberá enfrentar es reducir los niveles de pobreza que se han venido incrementando sistemáticamente en el país durante la últimas tres décadas y que son, en buena medida, la causa de la inseguridad y la delincuencia.
Para enfrentar los problemas mencionados y muchos que son originados por los mismos, el gobierno de Peña Nieto deberá impulsar una serie de reformas jurídicas fundamentales, anteponiendo siempre los intereses del conjunto de la sociedad y no privilegiando sólo a unos cuantos, como ha sucedido por lo menos desde que se optó por el modelo de desarrollo neoliberal.
La reforma de mayor calado que deberá impulsar en el año que se inicia es la hacendaria-fiscal. La misma tendrá el objetivo de incrementar en forma sustantiva la recaudación de impuestos que es, como proporción del producto interno bruto, una de las más bajas del mundo y de los países con un grado de desarrollo similar al nuestro. Sólo con un incremento significativo de los ingresos fiscales el gobierno federal tendrá la posibilidad de estimular la economía para generar los empleos que el país requiere, mediante un fuerte impulso a la construcción de obra pública y mayor inversión en gasto social.
En este tema Peña Nieto tiene la opción de centrar el esfuerzo recaudatorio en la aplicación de un gravamen progresivo al ingreso y las utilidades de las personas y las empresas, acabando con los regímenes de excepción y los mecanismos de recuperación de impuestos establecidos en la ley para favorecer a los grandes grupos económicos. Deberán también derogarse o acotarse fuertemente mecanismos como la consolidación de las contabilidades de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial y otros recovecos establecidos en la ley.
La otra alternativa, que es a la que recurren normalmente los neoliberales y que se prevé que es a la que el gobierno peñista buscará ceñirse, consistiría en desaparecer la tasa cero al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos y medicinas. Esta medida resultaría atentatoria de los niveles de vida de la mayor parte de la población, sobre todo de la que vive en condiciones de pobreza.
La reforma hacendaria-fiscal deberá ir acompañada además de profundos cambios a la Ley de Coordinación Fiscal que regula las relaciones en la materia entre los diferentes niveles de gobierno. En este ámbito deberá fortalecerse la capacidad recaudatoria de los estados y municipios, cediéndoles responsabilidades y facultades, pero también permitiéndoles el incremento en sus ingresos recaudatorios. Este tema es además de especial importancia para fortalecer los ingresos de las entidades federativas, de manera que contribuya a que éstas no se vean obligadas a endeudarse por encima de su capacidad de pago, como ha sucedido durante los últimos años en la mayor parte de las entidades federativas.
La segunda gran reforma de carácter legal que Peña Nieto ha anunciado es la energética, que en realidad se centraría en buscar abrir Pemex a la inversión privada, local y extranjera, modificando los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo e hidrocarburos que contienen, como lo señala Jaime Cárdenas en su artículo Los fundamentos constitucionales del petróleo, cuatro principios fundamentales: 1) el que señala la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, la que tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares para que éstos constituyan la propiedad privada; 2) el del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, incluyendo los hidrocarburos; 3) el de la explotación directa de los hidrocarburos por parte de la nación, en consecuencia la prohibición expresa de otorgar a particulares concesiones o contratos en la materia, según lo disponga la ley reglamentaria, y 4) el que expresa que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica de la economía nacional y que el sector público las tendrá a su cargo de manera exclusiva.
Una reforma como la anunciada por Peña Nieto es además contraria a los intereses del propio gobierno de la República, ya que dentro de sus bajos ingresos tributarios obtiene 40 por ciento del total de los impuestos y derechos con que grava a Pemex.
En lo político, el tema más álgido que enfrentará Peña Nieto en 2013 es el de la designación que deberá hacer su partido del candidato a la gubernatura del estado de Baja California, único en el que se renovará gobernador en el año que inicia. Quien aparece con mayores posibilidades de lograr la candidatura es el controvertido empresario y ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, hijo del también controvertido profesor Carlos Hank González, quien fuera líder moral del llamado Grupo Atlacomulco, del que surgió el propio presidente Peña Nieto.
Hank Rhon es el concesionario del Hipódromo Agua Caliente y propietario del Grupo Caliente, el centro de apuestas más grande del país. Pero es además el propietario del equipo de futbol Cholos de Tijuana, campeón del futbol mexicano, tras apenas dos años de haber llegado a la Primera División. De acuerdo con las encuestas de opinión, Hank Rhon sería el ganador de la gubernatura de Baja California si hoy fueran las elecciones. Sin embargo, el popular político y empresario es también visto con recelo y preocupación por propios y extraños, ya que ha sido señalado en diversas ocasiones de estar vinculado con negocios turbios. Incluso en junio de 2011 fue detenido por miembros del Ejército mexicano en su residencia de Tijuana, encontrándose con 88 armas de fuego entre largas y cortas y más de 9 mil cartuchos. Para su tranquilidad, fue liberado pocos días después por la jueza Novena de Distrito en el estado de Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, quien señaló en su resolución liberatoria la falta de elementos para procesar.
Como se puede concluir de lo anterior, el año que le espera a Peña Nieto estará saturado de eventos complicados no sólo para él, sino para el país en su conjunto. Sería deseable que sorprendiera a la población, asumiendo iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mayorías y a recuperar la paz, la tranquilidad y la esperanza en el futuro. Situación poco probable a partir de los antecedentes, pero habrá que esperar y otorgarle el beneficio de la duda.
