Hace unos días se publico en los medios nacionales los resultados de la encuestadora Latinobarómetro que refiere entre otras cosas la medición de la aceptación democrática en los pueblos latinoamericanos, México muestra con claridad el gran demérito a esa forma de gobierno. Las razones no se sustentan en que el país sea el más autoritario, que el Presidente ejerza como el déspota más estricto de la región, el de elecciones menos confiables. La causa es que nuestra sociedad es la que menos cree en la democracia, la más dispuesta a cambiarla, prefieren la mano firme aun cuando sea autoritaria, pero quieren ver decisiones que generen confianza. Me permito transcribir solamente algunos resultados; el 37% de los encuestados en México cree que la democracia es el mejor régimen de gobierno, más del 60% cree que hay circunstancias que justifican el autoritarismo. La desconfianza mexicana por la democracia contrasta con el respaldo del 71% de los uruguayos, el 73% de los argentinos y el 87% de los venezolanos. Guatemala, Honduras y El Salvador tienen una mejor impresión del régimen democrático que los mexicanos.
La democracia no encuentra sustento en nuestro país porque se percibe que en nuestras discusiones cupulares sigue dominado los acuerdos en contra del interes colectivo, se siguen anteponiendo los intereses partidistas y particulares de los actores políticos, la corrupción, la intolerancia. Se justifica la actitud de rechazo además porque si se trata de una reforma o iniciativa en la que no se coincide, por ese hecho a los opositores se les considera traidores a la patria. El principio de legalidad en todos los ámbitos se considera un obstáculo para llegar a los grandes acuerdos que puedan ser positivos y benéficos para la población.
Como ejemplo de la actitud descrita tenemos el rechazo de algunos gobernadores a la creación del Instituto Nacional Electoral, sin debate o discusión alguna, se niega darle facultades de supervisión a los órganos electorales estatales para evitar que sean dominados por los gobiernos estatales, ven en la medida una perdida real de poder y de influencia política, probablemente no sea necesario desaparecer los órganos electorales estatales, quizás con algunas adecuaciones fuera suficiente, pero hay que discutirlo sin descalificaciones previas .
Muchos Gobernadores argumentan que se viola la Constitución con las nuevas facultades con las que se pretende dotar al Instituto, sin embargo no aceptan abrir la discusión formal, experimentada y sacar conclusiones que atiendan nuestra realidad, no es posible que se pretenda seguir jugando con el concepto de soberanía estatal cuando sabemos que los estados gozan de autonomía constitucional, concepto acorde a nuestro sistema federal.
A pesar del incremento en los recursos públicos disponibles para las haciendas estatales, los gobernadores deben recuperar la credibilidad en sus instituciones regionales, tienen que aceptar que es muy sano que existan contrapesos efectivos, reconocer la independencia de los institutos electorales y de los órganos de fiscalización.
Recordemos que en todas las encuestas uno de los reclamos sociales más frecuentes es la falta de credibilidad institucional debido a la falta de instrumentos que garanticen transparencia y combate a la corrupción, es muy importante que con el ejercicio del gasto público, que por cierto de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, de los más de 4 billones 479 mil millones de pesos del presupuesto 2014, más de 1 billón 180 mil millones serán destinados a los estados, se pueda explicar con claridad en que se gasta cada peso de los contribuyentes, es mucho dinero para que se siga utilizando prácticas de opacidad ante la sociedad mexicana.
