Los Jefes de Estado y de Gobierno se reúnen los próximos 5 y 6 de septiembre en San Petersburgo, Rusia, para la Cumbre de Líderes del G20. Las prioridades generales de la Cumbre están destinadas a reactivar el crecimiento económico: crecimiento a través de empleos de calidad e inversión; crecimiento a través de la confianza y la transparencia; crecimiento a través de una regulación efectiva. Sin embargo, no habrá crecimiento económico que valga si en el centro del debate no están los mecanismos necesarios para combatir la desigualdad. En las últimas tres décadas, la desigualdad ha ido en aumento en la mayoría de los países miembros del G20[1]. El gran desafío al que se enfrentan los líderes mundiales en San Petersburgo es cómo reactivar la economía, crear empleos y hacer una arquitectura financiera más resiliente y transparente, creando las condiciones para un desarrollo inclusivo y equitativo.
En el debate global sobre el crecimiento y el desarrollo, las economías emergentes juegan un papel cada vez más relevante. Su rol en el G20 ha sido clave por la forma en que han contribuido a un cambio en el equilibrio del poder económico mundial y por el papel crítico que han desempeñado posterior a la crisis, gracias a su creciente influencia e integración en la economía global. El otro lado de la moneda se encuentra en la forma en la que estos países, motores de crecimiento y relevantes actores políticos, enfrentan el gran desafío común de la reducción de las desigualdades socio-económicas.
El crecimiento económico de los países emergentes –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y México (BRICSAM)– ha tenido impacto en la reducción de la pobreza extrema a nivel global. Sin embargo, los efectos que podría tener el crecimiento se ven reducidos debido a las grandes desigualdades que existen y que implican a su vez una mayor exclusión de grupos vulnerables que carecen de oportunidades para la movilidad económica. México –cuya la población vulnerable por ingresos aumentó de 6.7 a 7.2 millones entre 2010 y 2012[2]– debe ser en el G20 un actor clave para impulsar medidas dirigidas a la reducción de la desigualdad.
En el 2010, los países del G20 se comprometieron a promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, sobre la base de que “para que la prosperidad sea sostenida, debe ser compartida”. Continuamente, la brecha entre los ingresos de las personas ricas y las pobres, entre los que viven con lujos y quiénes no cuentan con el mínimo acceso a educación, salud ni vivienda, entre hombres y mujeres, es cada vez mayor y afecta al menos a la mitad de la población de estos países. Hoy en día hay 1.2 mil millones de personas en el mundo que viven en pobreza extrema[3]. Más de la mitad de estos hombres y mujeres están en países del G20.
Uno de los puntos que el G20 ha acordado discutir en San Petersburgo es la necesidad de renovar la normativa fiscal internacional. Los países más pobres del mundo pierden de forma escandalosa miles de millones de dólares que podrían ser invertidos en la lucha contra la pobreza y el impulso de sus economías. De acuerdo con las estimaciones de Global Financial Integrity, los países en desarrollo pierden cada año en impuestos 100,000 millones de dólares como consecuencia de flujos financieros ilícitos, lo que equivale a 80 centavos de cada dólar que reciben por concepto de ayuda al desarrollo[4]. México es considerado un paraíso fiscal de facto por ser el país de América Latina con mayores flujos ilícitos de capital. En julio, los ministros de Finanzas del G20 aprobaron un ambicioso plan para frenar de forma drástica la evasión de impuestos por parte de empresas multinacionales.
El reto en la Cumbre de septiembre será que todos los países se comprometan a seguir los mismos estándares internacionales, que lleven a los cambios necesarios en los regímenes fiscales nacionales. Un punto de partida sería acordar medidas para acabar con el secretismo financiero, entre ellas, exigir a las empresas que hagan públicas sus prácticas fiscales en cada país y a nivel mundial. Pero para ello, antes, el G20 debe tratar a los países en desarrollo como socios igualitarios en la búsqueda de soluciones. De momento, ni siquiera han sido invitados a participar en el debate.
Hay mucho en juego: el crecimiento económico no será suficiente para evitar que la pobreza aumente en los países del G20 y más allá. Los líderes que participan en la cumbre de San Petersburgo deben acordar la forma de hacer frente a la creciente desigualdad y desarrollar estrategias de crecimiento equilibradas e inclusivas. En esta línea, deben idear un sistema fiscal justo y equitativo para todos.
* Carlos Zarco Mera es Director ejecutivo de Oxfam México, asociación civil independiente, de cooperación internacional y ayuda humanitaria, que apoya a grupos y comunidades organizadas para superar la pobreza y la desigualdad. Promueve cuatro causas: Acción humanitaria, Derechos colectivos y cambio climático, Migración y Desarrollo y Construcción de Ciudadanía. Su trabajo se financia con las aportaciones económicas de organismos internacionales, fundaciones, donaciones individuales y de empresas.
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[1] Olvidados por el G20, Sólo cuatro países del G20 —entre los que únicamente se incluye un país de ingresos altos, Corea— han reducido la desigualdad de ingresos desde 1990. Disponible aquí.
[2]Anexo estadístico, Medición de la pobreza 2010-2012, CONEVAL. Disponible aquí.
[3] De acuerdo conelreporte “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development: The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda” mayo 30, 2013. Número de personas viviendo en pobreza extrema, es decir con menos de 1.25 dólares al día. Disponible aquí.
[4]El conjunto de países de la OCDE destinó 125.000 millones de dólares en 2012 a ayuda al desarrollo. La pérdida de ingresos fiscales anual asciende a 100.000 millones de dólares, un 80% de la cifra anterior, es decir, 80 centavos de cada dólar destinado a ayuda al desarrollo.
