El mexicano es desconfiado por naturaleza, de entrada es difícil que crea cualquier explicación que no se ajuste a sus prejuicios, y si esta explicación viene de una fuente oficial, la duda es mayor. La desconfianza es ancestral y tal parece que nos viene programada genéticamente.

Dentro de la “escala de desconfianza”, el sótano de la credibilidad invariablemente lo ocupan los diputados, los sindicatos y el aparato de justicia. ¿Merecidamente? Parece ser que sí; estas estructuras dejan mucho que desear en cuanto su desempeño.

Un parte del aparato judicial motivo de gran desconfianza es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es  por eso que un grupo de legisladores del PAN propusieron reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para que los juzgadores sean sometidos a los mismos controles que deben aprobar los agentes del Ministerio Público Federal y los integrantes de las policías Federal y Ministerial. O sea, aplicarles las pruebas  de control y confianza tanto de tipo médico  como toxicológicas, psicométrica, socioeconómica y de polígrafo.

La reforma propuesta  menciona que “para el ingreso promoción y permanencia de los servidores públicos del sistema de carrera judicial requerirán acreditar los exámenes y evaluaciones de control de confianza que al efecto se establezcan, los cuales serán permanentes, periódicos y obligatorios”.

Ante esta “amenaza” la SCJN reaccionó indignada por voz del ministro Juan Silva Meza rechazando categóricamente esta posibilidad. Cuan Júpiter tonante dijo: “Hacemos un llamado respetuoso a los otros poderes para reflexionar la conveniencia constitucional de establecer lo que se ha identificado como controles de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de los juzgadores de la Federación, esto es, de los titulares del ejercicio del Poder Judicial de la Federación”.

Y por si faltara algo, remató: “Quienes aspiran a la titularidad del Poder Judicial de la Federación no deben ser tratados con sospecha, y quienes ya ostentan esta titularidad deben recibir el mismo trato constitucional que los titulares de los otros poderes”.

Pero resulta que la desconfianza en la SCJN es bastante real, y no apareció de la nada. Lo ilustres miembros de la corte han dado sobrados motivos para dudar de sus decisiones. Un repaso rápido nos remite a algunas resoluciones  mas que controversiales emitidas por la Corte: Exonerando de toda culpa al “Gober Precioso” Marin, descalificando y abandonando a la conocida  periodista Lydia Cacho en su pleito con poderosos pederastas, su desafortunada resolución sobre  el anatocismo, la desatinada resolución en el caso de la guardería ABC. Mas recientemente, en  febrero de este año, Alejandro Martí, presidente de México SOS, lanzó a través de la red social de Twitter una serie de reproches a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dar a conocer que uno de los secuestradores de Pedro Galindo, esposo de María Elena Morera, presidenta de Causa Común, se amparó porque, según su abogado, “le violaron sus garantías” ¡después de 12 años del juicio!. “Gracias, Suprema Corte de Justicia”, escribió en su cuenta Alejandro Martí.  Y apenas en junio pasado,  los honorables jueces, por seis votos contra cinco, ampararon a un delincuente sentenciado por el asesinato de una mujer, a la cual  degolló delante de su nieto de siete años, no por que tuvieran dudas de su culpabilidad pues había testigos y fue detenido en flagrancia, sino por que, a juicio de seis de ellos (los otros cinco votaron el contra) ameritaba el amparo  porque, se violó el derecho del sentenciado a tener una defensa adecuada. Curiosa,  y a mi juicio patológica,  manera de razonar de estos señores; no importa si el acusado es o no culpable, eso importa un rábano,  importan las formas.  ¿Que indica lo anterior? Fácil,  que para la mayoría de la Corte los derechos de los delincuentes están por encima de los derechos de las víctimas.

Finalmente algo de historia: Según Heródoto, Sisamnes fue un juez real, “por ello era corrupto”, de la época del reinado de Cambises II de Persia. Este juez, como tantos jueces hacen, aceptó el soborno en un juicio y dictó una sentencia injusta. Como consecuencia el Rey lo mandó a detener  y ordenó que se le despellejara vivo, una sentencia, para entonces, considerada tan aplicable, como justa.

Su  piel se usó para tapizar el asiento en el que el magistrado había presidido sus juicios, y en el que debía sentarse su propio hijo, Otanes, al que Cambises eligió para reemplazarle. Eso debería recordarle a Otanes el origen del  cuero donde se sentaba, para que lo tuviera en cuenta en sus audiencias, deliberaciones y sentencias.

Muchos, al leer este pasaje, secretamente, añorarán épocas pasadas.