Libertad de Manifestación vs Fortalecimiento Institucional. Por Morelos Borja

“Nunca he oído hablar tanto de Constitución como en esos países en los que la Constitución se viola todos los días.”
André Siegfried

La consolidación de la democracia como sistema de gobierno, pero sobre todo como forma de vida sólo puede ser posible con estado de derecho eficaz que le dé sustento y con la existencia de una cultura de la legalidad, del permanente respeto y obediencia a las leyes que la sociedad misma se impone por consenso para su convivencia pacífica y armónica.

La legalidad garantiza a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. La legalidad también implica que tal ordenamiento pueda ser modificado a través de procedimientos legales previamente establecidos para adecuarlo a las transformaciones de la propia sociedad, pero estas reformas se deben dar en el propio marco institucional.

Sin embargo el respeto a la legalidad no es espontáneo, tiene su origen en la cultura política de las sociedades. De ahí la importancia de la cultura de la legalidad, de construir y arraigar en la sociedad el apego a las leyes para que los individuos que la conforman las acepten y tomen como suyas, como criterios de orientación para su actuar cotidiano, en un marco de respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad.

El término cultura puede significar, al menos, dos cosas relacionadas entre sí: a) los modos de vivir y de pensar compartidos, y b) todo el conjunto de conocimientos, creencias, artes, leyes, usos y costumbres que las personas adquirimos y compartimos como miembros de una sociedad determinada. El significado que nos interesa es, principalmente, este último. Algunos autores hablan de los ‘‘legados sociales’’ o del “conjunto de una tradición social” que pasan de una generación a otra. La cultura otorga identidad a los miembros de una comunidad en la medida en que orienta y otorga significado a su vida en sociedad. La cultura cohesiona a la sociedad porque condensa imágenes y experiencias colectivas compartidas que le dan a la población un sentido de pertenencia.

Luego, si hablamos de la cultura política de una sociedad determinada nos referimos al conjunto de conocimientos, creencias, usos y costumbres, de los miembros de esa comunidad en relación con ciertos aspectos específicos de la vida colectiva como son, precisamente, los políticos. Frases como: ‘‘El que no transa no avanza’’, ‘‘un político pobre es un pobre político’’, ‘‘la política es para enriquecerse’’, ‘‘no hay peor error que vivir fuera del presupuesto’’, ‘‘no hay general que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos’’, ‘‘este es el año de Hidalgo” son claros ejemplos de nuestra cultura política.

Lo que nos debe preocupar no es propiamente el comportamiento político de los miembros de una colectividad, sino su adhesión, apego, confianza y respeto hacia el conjunto de instituciones y acciones concretas que orientan dicho comportamiento. Por ejemplo, las permanentes manifestaciones y marchas en la vía pública, para solicitar la solución o atención de las autoridades hacia determinado conflicto o petición; en estricto sentido no sólo debemos preguntarnos los niveles de participación ciudadana en las marchas, sino reflexionar sobre las causas que las originan.

Si bien es cierto que nuestra Constitución consagra como derechos fundamentales la libertad de reunión ó manifestación y la libertad de tránsito, también la propia norma constitucional establece ciertas limitaciones en su ejercicio, que al parecer a varios se les olvida.
 
En la actualidad, el ejercicio de este derecho genera varios dilemas: por un lado el choque de derechos, ya que mientras algunos se manifiestan libremente, otros ven restringido su derecho al libre tránsito; pero por otro lado la forma de manifestarse también merma a las instituciones, ya que se vuelve un hábito, e incluso una verdad colectiva, que sólo a quien “grita” se le escucha.

Esta dinámica, alimentada tanto por autoridades como ciudadanos, genera un círculo vicioso, en donde  las primeras al no atender (que no significa aprobar) de forma inmediata las demandas de los ciudadanos generan la idea en las personas de que sólo manifestándose y paralizando el quehacer de una institución se verán satisfechos en sus pretensiones; dicha situación crea en otro colectivo social la idea de que cualquier petición, por ilegal que sea, puede ser alcanzada utilizando los mismos métodos que  sus pares.

Así por ejemplo en el Distrito Federal los últimos dos años, cerca de 8.7 manifestaciones por día, es decir mil 481 manifestaciones, bloqueos y plantones, lo que equivale según estimaciones a 12 millones de mexicanos movilizados.

En este sentido Michoacán, y en especial Morelia, no es la excepción, basta ver la cantidad de marchas, bloqueos y tomas que ha habido las semanas recientes, a saber: la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana; la marcha, plantón y toma del Palacio Legislativo por parte de diversas organizaciones civiles “conmemorando” el 12 de octubre; la interrupción y suspensión de la sesión del Congreso por habitantes de Tzintzuntzan que buscan agilizar el juicio político en contra de su Presidente Municipal; el paro de actividades académicas en el IMCED; la marcha por parte de pensionados del ISSSTE; hasta la toma de tribuna también del Congreso Estatal por un grupo de manifestantes que exigían justicia por la desaparición forzada de sus familiares.

Sin entrar al detalle de si son o no legitimas las demandas de estos movimientos, debemos reflexionar si el medio utilizado es el adecuado. Es decir, si el bloqueo de calles de forma violenta, la parálisis de las instituciones y la ofensa a los funcionarios, debe ser el camino para la atención de las demandas ciudadanas; personalmente creemos que no.

Debemos entender que tanto la ciudadanía activa como el ejercicio de la función pública deben ejercerse de forma responsable. La formación ciudadana implica el fomento de una cultura política que si bien estimule la participación cívica, ésta debe ser civilizada. Para ello, es tarea esencial de la educación, ya sea formal o informal, proveer a la población tanto del conocimiento de los principios que dan forma a la democracia, y sus valores, como de habilidades que estimulen su disposición a participar y a involucrarse en los asuntos públicos.

Es a través de la educación que se configuran en los ciudadanos los valores democráticos que orientan su conducta. Entonces, si queremos tener una democracia robusta lo primero que tenemos que formar son demócratas.

La cultura política y de la legalidad que exige un Estado democrático de derecho, tiene que ver con la solidaridad, la corresponsabilidad, el sentido de lo público y la tolerancia. Ciertamente el Estado tiene la obligación de garantizar la paz social, los derechos patrimoniales de las personas y sus derechos fundamentales a la integridad física y a la vida; y si  bien el camino para hacerlo no es restringiendo libertades y exigiendo un cumplimiento ciego de las normas, sí es demandando a los ciudadanos la observancia de sus obligaciones y la participación institucional en el cambio que reclaman.