“La pobreza y los Indígenas mexicanos”: Por Manuel Gómez Granados

ESCRITORIO DEL EDITOR.

El martes pasado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó, por medio de su oficina en México, el Informe sobre el desarrollo de los pueblos indígenas en México: El reto de la desigualdad de oportunidades. El documento confirma algunas de las peores sospechas de quienes hemos trabajado en temas de desarrollo y evidencia lo grave que es la desigualdad generacional en nuestro país.

Aunque el documento es extremadamente cauto al formular juicios acerca de las razones profundas de la situación que padecen los pueblos indígenas, que algunos llegan a comparar con una suerte de condena de por vida, hay datos evidentes de las responsabilidades involucradas: la educación, la cultura, la mentalidad fatalista y de resignación pasiva, la baja autoestima, la inequidad de género, la discriminación…pero no nos engañemos ni busquemos culpables.
Lo que explica la situación de los pueblos indígenas y de las poblaciones de afro-mexicanos en las costas del Pacífico y el Golfo, así como de millones de mexicanos que viven en condiciones de extrema pobreza en el país, es principalmente la política.

Cuando el PNUD habla de las profundas diferencias que existen en el ingreso, incluso entre la población indígena, y el acceso a servicios educativos y de salud, es inevitable reconocer que nos enfrentamos a problemas de tipo político.
Y no son los problemas políticos tradicionales de los ochenta o los noventa, sino que ahora tienen que ver con eficacia y dificultad de dirigentes y funcionarios de todos los partidos para construir acuerdos que permitan reformas de fondo. Ahí están, por ejemplo, las críticas hechas casi al mismo tiempo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos acerca del funcionamiento del sistema educativo en México.

La política en México, lejos de ser una actividad noble, que facilite la construcción de soluciones reales a los problemas que afectan al país, ha terminado por ser el origen de muchos obstáculos y de intereses particulares. La política es vista no como el espacio de lo posible, sino como una actividad dominada por conflictos y pretextos, de homo sapiens convertidos en homo videns controlados por medios de comunicación.

Resulta paradójico que así sea, cuando reconocemos avances políticos alcanzados en los últimos 20 años, pero es más, mucho más, lo que falta por hacer. Por otro lado, muchos de los que dicen llamarse “políticos”, le apuestan al abstencionismo y a la anulación de boletas como medio para alcanzar el triunfo en procesos electorales, hecho que se contrapone a la obtención del voto con la confianza de la ciudadanía y el fomento a una política de altura que defina el rumbo de nuestro país atendiendo al cambio de época y de circunstancias históricas.

¿Qué traba los acuerdos necesarios para aumentar las transferencias a los pueblos indígenas, de modo que sea posible sacarlos de la postración en que se encuentran? ¿Qué traba las reformas necesarias en materias tan diversas como lo fiscal o lo educativo?

En ambos casos se trata de problemas vinculados con la política y con la capacidad de nuestros políticos para lograr acuerdos, superar el encono y mirar por el bien del país, pero también falta la participación ciudadana, que las masas se conviertan en sociedad organizada que opina, exige y supervisa.

Es tiempo de superar las trabas, dejar atrás la política del fracaso y apostarle a una política que construya acuerdos, resuelva problemas y rompa los círculos viciosos que explican la condición tan difícil de nuestros pueblos indígenas.
No faltan diagnósticos. Lo que falta es voluntad política, eficacia y acción. Incluso, antes de contar con el Informe del PNUD, ya sabíamos que los programas de combate a la pobreza, que iniciaron a principios de los ochenta con los trabajos de la ahora desaparecida Comisión de Planeación de Zonas Marginadas, la Coplamar y que, con variaciones, hemos continuado en las últimas dos décadas, no han sido capaces de reducir sustantivamente la pobreza.

Urgen reformas; urgen mejores programas para superar eficazmente los problemas; que superen el asistencialismo y la dádiva humillante; que promuevan el trabajo, la organización comunitaria y el deseo en cada persona de salir adelante y de valerse por sí misma sin depender del gobierno ni de los demás. Urge recuperar el orgullo de cada persona para ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente y que se avergüence de tener que pedir limosna, esperar que otro le dé o que el gobierno lo mantenga. Sobre todo, urgen acuerdos que hagan viable a la política y que devuelvan la esperanza a los indígenas mexicanos.