Saber perder, parte esencial de la democracia. Por Francisco Morelos Borja

ESCRITORIO DEL EDITOR.

Por definición la política es la posibilidad de dialogar y construir proyectos comunes entre partidos opuestos. La política tiene como principio el derecho a la oposición como rasgo constitutivo de la democracia contemporánea; este derecho implica el reconocimiento del legítimo disenso. Así, el consenso, que es producto del diálogo racional y el convencimiento entre interlocutores políticos, tiene en el disenso libre su contraparte lógica.

Existen diversas formas en las que el principio de la mayoría -obligatorio en toda democracia- puede ser ejercido, que van desde la “tiranía de la mayoría” hasta el reconocimiento de las minorías como interlocutores permanentes. En la democracia, el poder político se gana y legitima mediante procedimientos institucionales, y su ejercicio está sujeto a las críticas de los ciudadanos y a la periódica prueba de las urnas, en las que se ratifica o no el respaldo de la ciudadanía.

Desde la perspectiva de finales del siglo XX, la sociedad dejó de ser vista como el todo homogéneo que los partidos únicos del pasado pretendían reproducir. Esta imagen, que en más de un caso había justificado el establecimiento de un poder monopólico, y en apariencia perpetuo, fue sustituida por otra mucho más compleja, según la cual la sociedad está integrada por un conjunto de grupos aglutinados en torno a valores o intereses diversos y en muchos casos conflictivos. La expresión política de esta pluralidad social es, de manera inevitable, el pluralismo, el cual supone la existencia de la oposición como institución, pues cuando estos grupos constituyen partidos compiten entre sí por la promoción de sus intereses y valores. Su reconocimiento y el de la legitimidad de sus demandas con lleva la posibilidad de ser en muchas ocasiones vencido por el adversario, es decir, aceptabilidad de la derrota democrática. Este valor, poco difundido es uno de los sustentos del paradigma democrático dominante desde finales del siglo XX.

Luego, la competencia en democracia contiene -a diferencia de los regímenes autoritarios que más de uno quisiera enarbolar- una buena dosis de incertidumbre, pero no es la misma que la que produce el desorden o la anarquía que prevalece en una situación en la que todo puede pasar, porque alguno de los actores políticos no quiere. En la contienda democrática los partidos políticos saben lo que significa perder o ganar y saben, más o menos, cuáles son las probabilidades de que alguna de las dos cosas ocurra. Lo que no saben es si van a ganar o a perder. Por eso la democracia es en palabras de Adam Przeworski “…un sistema…de incertidumbre organizada”.

El mismo Felipe González -secretario general del Partido Socialista Obrero Español durante 23 años y 14 ellos Presidente del Gobierno Español- expresó: “…lo que define a la democracia es la aceptabilidad de la derrota. La aceptabilidad de la victoria es facilísima”.

Lástima que en México éste sea un valor desestimado donde hace mucha falta alentarlo y vivirlo. Siguen existiendo actores políticos que con el afán de evitar a cualquier costo una derrota parlamentaria o electoral, tergiversan o interpretan de forma dolosa la ley, crean normas inconstitucionales o en franca rebeldía institucional se niegan a aceptar su derrota promoviendo la insubordinación hacia las decisiones de un Poder. Por ejemplo en Oaxaca el pasado julio, una vez que el PRI supo que había perdido las elecciones estatales su aún mayoría parlamentaria, pese a las protesta del resto de los diputados, aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento Interior del Congreso, con lo que desapareció la figura de la Gran Comisión, que ha sido el máximo órgano de autoridad del Congreso, y creó en sustitución la Junta de Coordinación Política que entraría en vigor el 13 de noviembre de este año, justo cuando se integre la 61 Legislatura local. Esto no suena incorrecto sin hasta afortunado, sin embargo en la reforma se aprovechó para prever que le órgano innovador fuera presidido por el doctor Martín Vásquez, ex secretario de Salud y diputado electo priísta por el distrito de Tehuantepec.

Es decir, los priístas quienes serán minoría en la siguiente legislatura, querían mantener la organización, dirección y funcionamiento de los órganos de gobierno del Congreso del Estado, ya que el presidente de la junta lo sería por los tres años que dure la Legislatura siendo éste el coordinador de la fracción parlamentaria que por sí misma contara con la mayoría absoluta del Congreso, es decir, el PRI. Asimismo, según la reforma la designación del tesorero y oficial mayor, sería siempre a propuesta del presidente de la Junta de Coordinación.

Lo que el PRI no previó y con frecuencia se le olvida es que hemos progresado bastante en un Estado de leyes, que las diferencias institucionales llegan a ser dirimidas por órganos especializados como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así el pasado 26 de octubre nuestro máximo tribunal invalidó el decreto de la mencionada reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca.

Los ministros señalaron que los diputados del Partido Revolucionario Institucional violaron varias reglas durante la sesión del 15 de julio pasado, destacando que el proceso legislativo estuvo plagado de irregularidades en detrimento de la seguridad jurídica indispensable para conocer con certeza la voluntad del órgano legislativo, pues en un solo día presentaron la iniciativa y la votaron bajo el argumento de ser de urgente y de obvia resolución.

Ejemplos como este podemos encontrar en todo nuestro sistema político, sin ir tan lejos en nuestro propio Congreso Local, en donde las fuerzas políticas cuando pierden una votación se niegan a acatar la voluntad del Pleno. Verbigracia, recientemente la votación sobre la desincorporación de “La Isla de la Palma” en donde el PRI a sabiendas de su derrota parlamentaria votó en contra en lo general del proyecto y ¡también en contra en lo particular de cada artículo!, dilatando la sesión por horas en una abierta ilegalidad; o también el caso del recién punto de acuerdo aprobado por el Pleno para que el Ayuntamiento de Morelia informe al Congreso sobre el estado que guarda la contratación de deuda pública vía arrendamiento financiero de 20 mil luminarias por el orden de 104 millones de pesos, en donde nuevamente la bancada priísta exigió una interpretación “rara”, por no decir, ilegal, de los cómputos de la votaciones en el Pleno.

No se trata pues de exigir al derrotado la admisión incondicional de su vencimiento, pero sí la utilización de recursos realmente válidos desde el punto de vista formal, para intentar revocar las decisiones de la mayoría, caso contrario, la aceptación de las normas democráticas estarán subordinadas a la victoria o fracaso de los actores, cuestión que vulnera a las instituciones y al propio sistema democrático. Ojalá los panistas no repitamos esta historia, del PRD, en este sentido, ni hablar.