C.P. Manuel Montes y Arroyo
Hablar de finanzas públicas no significa solamente revisar cuánto dinero recauda el gobierno, cuánto gasta o cuánto debe. Detrás de cada cifra existe una decisión pública y, sobre todo, un compromiso que puede tener efectos durante muchos años.
Por ello, después de analizar en las partes anteriores algunos de los principales componentes de las finanzas públicas, resulta necesario plantearnos una pregunta de mayor alcance:
¿Son sostenibles las finanzas públicas de México hacia los próximos años?
La pregunta no pretende generar alarma ni desconocer los avances que se han alcanzado. Pretende, sencillamente, llamar la atención sobre un hecho que debe ser considerado con responsabilidad: las finanzas públicas tienen límites y esos límites deben ser reconocidos oportunamente.
1. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE LAS FINANZAS PÚBLICAS SEAN SOSTENIBLES?
Una hacienda pública sostenible es aquella que puede cumplir sus obligaciones presentes sin comprometer de manera excesiva su capacidad para atender las necesidades futuras.
Esto significa que el gobierno debe contar con ingresos suficientes para financiar sus responsabilidades, mantener un nivel razonable de endeudamiento y disponer de recursos para invertir en infraestructura, salud, educación, seguridad y desarrollo económico.
El problema aparece cuando una parte cada vez mayor de los ingresos debe destinarse a compromisos que no pueden reducirse fácilmente.
Entre ellos se encuentran:
• el pago de pensiones y jubilaciones;
• el costo financiero de la deuda;
• las obligaciones relacionadas con empresas públicas;
• las participaciones y aportaciones;
• los programas sociales;
• los servicios personales;
• y otros gastos que tienen un carácter permanente.
Cuando estos compromisos crecen más rápidamente que los ingresos públicos, el margen de maniobra del gobierno se reduce.
2. LA DEUDA NO ES NECESARIAMENTE MALA
Es importante hacer una precisión.
La deuda pública, por sí misma, no debe considerarse negativa.
Un gobierno puede recurrir al endeudamiento para financiar infraestructura, enfrentar una emergencia económica o realizar inversiones que generen beneficios durante muchos años.
El verdadero problema aparece cuando la deuda se utiliza de manera recurrente para cubrir necesidades ordinarias y, además, aumenta el costo de financiarla.
En 2026, la propia Secretaría de Hacienda mantiene el seguimiento permanente del saldo de la deuda y de su costo financiero. En su información oficial señala que al cierre del año el costo financiero del Gobierno Federal se estima en alrededor de 3.3% del PIB.
Esto nos lleva a una consideración fundamental:
No basta con conocer cuánto debe el gobierno; también debemos saber cuánto cuesta mantener esa deuda.
3. EL COSTO FINANCIERO: UN GASTO QUE NO DESAPARECE
El costo financiero de la deuda tiene una característica que lo hace especialmente importante: antes de decidir cuánto se destinará a nuevas políticas públicas, existe una obligación de pagar los intereses y otros costos derivados del endeudamiento.
Cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que ya no puede utilizarse para otra finalidad.
Esto no significa que pagar la deuda sea un gasto inútil. Significa que el endeudamiento genera obligaciones futuras que deben incorporarse desde el momento en que se contrata.
Por ello, cuando se analiza el Presupuesto de Egresos, sería conveniente que los ciudadanos no solamente observaran cuánto se asigna a educación, salud, infraestructura o programas sociales.
También deberían preguntarse:
¿Cuánto del presupuesto está comprometido antes de comenzar el ejercicio?
Esta pregunta permite comprender mejor el verdadero margen de decisión de las autoridades.
4. PENSIONES: UNA OBLIGACIÓN QUE CRECE
Otro de los grandes retos de las finanzas públicas está relacionado con las pensiones y jubilaciones.
México, como muchos otros países, enfrenta un proceso demográfico que modifica progresivamente la relación entre población en edad de trabajar y población jubilada.
Las pensiones representan derechos adquiridos y, por tanto, deben respetarse.
El desafío consiste en encontrar mecanismos que permitan cumplir esas obligaciones sin provocar que otros rubros esenciales del gasto público queden permanentemente desplazados.
Por eso, hablar de pensiones no debe convertirse en una discusión política.
Debe ser, ante todo, una discusión financiera y social.
El Estado tiene que garantizar los derechos de quienes trabajaron durante su vida y, al mismo tiempo, debe procurar que las generaciones futuras puedan contar también con sistemas de protección social sostenibles.
5. PEMEX Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Existe además otro elemento que merece especial atención: la situación financiera de las empresas públicas.
Durante muchos años, particularmente en el caso de Pemex, los ingresos provenientes de la actividad petrolera representaron una fuente muy importante de recursos para las finanzas nacionales.
Sin embargo, las condiciones han cambiado.
Una empresa que anteriormente podía representar una fuente importante de ingresos para el Estado puede convertirse, bajo determinadas circunstancias, en una fuente de necesidades financieras.
Esta transformación debe analizarse con objetividad.
No se trata de cuestionar la importancia estratégica de las empresas públicas, sino de reconocer que una empresa pública también debe ser financieramente sostenible.
Cuando una empresa requiere recursos públicos de manera permanente, esos recursos deben contabilizarse como parte del esfuerzo financiero que realiza toda la sociedad.
6. EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE GASTAR, SINO ELEGIR
En materia de finanzas públicas siempre existe una pregunta fundamental:
¿En qué debemos gastar los recursos públicos limitados?
Los recursos nunca son infinitos.
Si se incrementa un gasto, normalmente será necesario reducir otro, aumentar los ingresos o recurrir al endeudamiento.
Por eso, la discusión sobre el presupuesto debería ir más allá de señalar cuánto dinero recibe cada dependencia o programa.
También debería analizar:
• qué resultados produce el gasto;
• quiénes se benefician;
• cuánto cuesta administrarlo;
• si existen duplicidades;
• si los programas cumplen sus objetivos;
• y si el gasto genera beneficios permanentes para la sociedad.
La calidad del gasto público es tan importante como su monto.
7. INGRESOS PÚBLICOS: EL OTRO LADO DE LA ECUACIÓN
No podemos hablar de sostenibilidad financiera solamente desde el lado del gasto.
También debemos hablar de los ingresos.
Un Estado que pretende ampliar sus servicios, mantener programas sociales, invertir en infraestructura y atender sus obligaciones necesita contar con ingresos suficientes.
México tiene todavía un importante reto en materia de recaudación y formalización económica.
La informalidad representa no solamente un problema laboral o social.
También tiene una consecuencia fiscal: millones de actividades económicas se desarrollan fuera de los mecanismos formales de contribución y protección social.
Combatir la informalidad no debe significar únicamente aumentar la fiscalización.
Debe significar también facilitar la formalización, reducir costos innecesarios, simplificar trámites y generar condiciones para que los pequeños negocios puedan incorporarse a la economía formal.
8. EL VERDADERO RETO: AMPLIAR EL MARGEN DE MANIOBRA
Quizá uno de los conceptos más importantes para comprender las finanzas públicas sea el de margen de maniobra.
Un gobierno con finanzas sanas puede enfrentar una emergencia, realizar una inversión extraordinaria o apoyar a un sector afectado por una crisis.
En cambio, cuando gran parte de sus ingresos ya está comprometida en gastos permanentes, su capacidad de respuesta disminuye.
Por eso, la sostenibilidad financiera no debe evaluarse únicamente preguntando si el gobierno puede pagar sus obligaciones actuales.
También debemos preguntar:
¿Qué capacidad tendrá para enfrentar los problemas que todavía no conocemos?
Una crisis económica, un desastre natural, una emergencia sanitaria o una caída importante de los ingresos públicos pueden exigir recursos extraordinarios.
Si no existe margen financiero, las alternativas serán necesariamente más difíciles: reducir gasto, aumentar impuestos o contratar más deuda.
9. LA RESPONSABILIDAD CON LAS FUTURAS GENERACIONES
Las decisiones financieras de un gobierno no terminan cuando concluye un ejercicio fiscal.
Una deuda contratada hoy puede pagarse durante muchos años.
Una infraestructura construida hoy puede beneficiar a varias generaciones.
Una pensión reconocida hoy puede representar una obligación durante décadas.
Por ello, existe una responsabilidad que no siempre se menciona suficientemente:
la responsabilidad financiera con las futuras generaciones.
No sería justo que una generación recibiera los beneficios de un gasto público y trasladara exclusivamente a las siguientes generaciones el costo de pagarlo.
Esto no significa que el gobierno deba dejar de endeudarse.
Significa que cada peso contratado mediante deuda debe responder a una decisión razonable y justificable.
10. NO SE TRATA DE GASTAR MENOS, SINO DE GASTAR MEJOR
Una política de finanzas públicas responsable no necesariamente consiste en reducir indiscriminadamente el gasto.
En algunos sectores, gastar más puede ser necesario.
La educación, la salud, la seguridad, la infraestructura y la inversión productiva pueden requerir mayores recursos.
El punto central es determinar qué gasto produce mayor beneficio social y económico.
Por eso, la discusión debería cambiar de una pregunta:
¿Cuánto dinero se está gastando?
a otras preguntas mucho más importantes:
¿Para qué se está gastando?
¿Qué resultados se están obteniendo?
¿Cuánto cuesta obtenerlos?
¿Podría hacerse mejor con los mismos recursos?
Estas preguntas deberían formar parte permanente de la discusión presupuestaria.
11. UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Las finanzas públicas no son responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Hacienda ni del Poder Ejecutivo.
El Congreso tiene una responsabilidad fundamental al aprobar los ingresos y el presupuesto de egresos.
Los órganos de fiscalización tienen la responsabilidad de revisar el uso de los recursos.
Las dependencias públicas tienen la obligación de ejercerlos correctamente.
Los gobiernos estatales y municipales también administran importantes recursos públicos.
Y los ciudadanos tenemos el derecho y, en cierta medida, la responsabilidad de conocer cómo se utilizan los recursos que provienen de las contribuciones.
La información pública existe.
La Secretaría de Hacienda mantiene disponibles los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, incluyendo información correspondiente a 2026.
El reto consiste en que esa información no permanezca exclusivamente en manos de especialistas.
12. UNA REFLEXIÓN FINAL
México no enfrenta únicamente el problema de cuánto dinero tiene hoy.
El verdadero desafío consiste en determinar qué capacidad financiera tendrá mañana.
Las cifras de deuda, pensiones, costo financiero, programas sociales, empresas públicas, inversión e ingresos deben analizarse conjuntamente.
Ninguna de ellas, por sí sola, explica la situación completa.
Las finanzas públicas son como una balanza: de un lado están los ingresos y del otro las obligaciones y necesidades de gasto.
Cuando las obligaciones crecen permanentemente más rápido que la capacidad de generar ingresos, la balanza comienza a perder equilibrio.
Por ello, más que preguntarnos si las finanzas públicas de México están bien o mal, deberíamos formular una pregunta más útil:
¿Estamos tomando hoy las decisiones necesarias para que las finanzas públicas sigan siendo capaces de responder a las necesidades de los mexicanos del futuro?
La respuesta no corresponde solamente a un gobierno.
Corresponde a todos quienes participan en las decisiones públicas y, finalmente, a una sociedad que debe conocer, vigilar y exigir responsabilidad en el uso de sus recursos.
Porque el dinero público no pertenece a los gobiernos.
Pertenece a la sociedad.
Y administrar recursos públicos significa, en última instancia, administrar una responsabilidad que trasciende el presente y alcanza a las futuras generaciones.
PARA CONCLUIR ESTA TERCERA PARTE
El propósito de estas reflexiones no es presentar una visión pesimista de las finanzas públicas de México.
Por el contrario, pretende destacar que nuestro país cuenta con instrumentos institucionales, información financiera y mecanismos de control que permiten conocer la situación y tomar decisiones.
El problema sería ignorar oportunamente las señales que muestran dónde existen presiones crecientes.
La prudencia financiera no significa dejar de invertir ni dejar de atender las necesidades sociales.
Significa reconocer que los recursos son limitados, establecer prioridades, evaluar resultados y evitar comprometer innecesariamente el futuro.
Ésa debería ser una de las principales responsabilidades de quienes administran los recursos públicos.
