Lorena Cortés
México registra un máximo histórico de personas desaparecidas y no localizadas, cuya magnitud y persistencia han llevado al Comité de la ONU a advertir posibles patrones generalizados o sistemáticos. La 81ª Asamblea abrirá el 8 de septiembre de este año, colocando la crisis mexicana de desapariciones en una discusión internacional de primer nivel, mientras buena parte de la clase política responde con una preocupante insensibilidad institucional frente a la dimensión del fenómeno y al dolor de las víctimas. En este contexto, ser joven —especialmente hombre— implica un riesgo extraordinariamente alto de desaparecer o ser asesinado.
Hay además una paradoja sencillamente intolerable; en México, buscar a un desaparecido puede costar la vida. Las familias terminan haciendo el trabajo que corresponde al Estado y, además, enfrentando amenazas y asesinatos por hacerlo.
Frente a esta crisis, las madres buscadoras han construido algo extraordinario, una verdadera resistencia civil humanitaria. Han creado redes de identificación, acompañamiento, búsqueda, memoria y solidaridad donde las instituciones dejaron un vacío. Probablemente estemos frente a una de las expresiones de resistencia civil más urgentes de América Latina.
Y lo han hecho entre dos frentes particularmente crueles, la indiferencia y la criminalización.
Como han señalado durante años los colectivos de búsqueda, una persona desaparece tres veces: la primera cuando ocurre la desaparición; la segunda cuando el Estado no la busca, la niega o la reduce a una estadística; y la tercera cuando la sociedad minimiza su ausencia y normaliza el dolor de quienes la buscan.
Pero hay algo también delicado que señalar, como lo ha visibilizado Leslie Jiménez Urzua de Impunidad Cero. “… Y es la forma en la que se está hablando de esta crisis, narrativas que reproducen una idea peligrosa: la de la -víctima perfecta-…”.
Antes de investigar, muchas desapariciones ya vienen acompañadas de un juicio social y de las propias autoridades : “andaba en drogas”, “se juntaba con gente mala”, “algo debía”, “seguro estaba metido en algo”, “se fue por voluntad propia”. Esos señalamientos sólo criminalizan a las víctimas, y lastiman cluelemnte a sus familiares, además son incentivos perversos para la impunidad.
Hay personas desaparecidas vinculadas a contextos de violencia y criminalidad, sí. Pero eso no las hace menos víctimas. También hay quienes no tenían ninguna relación y fueron arrastradas por una violencia estructural. Las víctimas no son perfectas. Y no tienen que serlo para merecer justicia. Ninguna conducta previa, relación personal, consumo, antecedente o estilo de vida convierte una desaparición en algo justificable, explicable o menos grave. (Leslie Jiménez Urzua de Impunidad Cero).
Este 30 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mientras las familias buscaban memoria y justicia, buena parte de la clase política parecía demasiado ocupada en algo más urgente, conservar el poder. México no sólo vive una crisis de desapariciones, sino también de indolencia e indiferencia a las víctimas.
