En 1929 fue firmado el Tratado de Letrán, entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI, reconociendo a la Santa Sede como un poder legalmente constituido, dando nacimiento al Estado de la Ciudad del Vaticano como independiente y soberano, otorgándoseles plena propiedad y jurisdicción de sus territorios, incluidos los bienes, muebles e inmuebles.
Aun cuando no es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Santa Sede es un observador permanente (a manera de una especie de representación de gobierno), y con respecto al Estado de la Ciudad del Vaticano, sin ser un país miembro de la Unión Europea, también es considerado un observador permanente (a manera de una especie de representación de Estado nación), dándoles a los líderes de la religión católica, a sus estructuras territoriales y a su sustentabilidad económica, distinciones particulares.
Sin embargo, al incluir EUA en 2012 al Estado de la Ciudad del Vaticano en su lista de “paraísos fiscales”, cobraron relevancia las medidas sobre transparencia y acceso a la información económica de la Santa Sede, a partir de la correlación entre el Comité de Expertos sobre Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (Moneyval), y el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco Vaticano (el cual se constituyó en 1942 fondeado por Mussolini, con 80 millones de dólares).
Para mejorar su imagen y eliminar sospechas sobre el mundo financiero de los líderes católicos, el Vaticano solicitó al Consejo Europeo la intervención del Moneyval, apoyándose en la opinión del Grupo de Acción Financiera de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Del informe entregado por Moneyval, el Papa Benedicto XVI exigió se cumpliera con la Ley Vaticana 127 destinada al combate de dinero ilícito, así como medidas rígidas establecidas por la Autoridad para la Información Financiera (AIF).
El antecedente a ello se dio en los años ochentas, ante el derrumbe del Banco Ambrosiano del cual el Vaticano era uno de los principales accionistas, dándose la orden de parte del Secretario del Estado Vaticano para pagar a acreedores del Ambrosiano 406 millones de dólares como “contribución voluntaria”.
En 2012, del Informe del Moneyval y como medida de transparencia de la Santa Sede, el Vaticano aprobó 9 de las 16 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera de la OCDE. Moneyval se concentró en las dos entidades financieras vaticanas: el IOR con más de 33 mil cuentas y depósitos por 7,600 millones de dólares, y la Administración del Patrimonio de la Sede Católica, APSA, la cual tiene cuentas y depósitos en bancos centrales de todo el mundo. Tanto el IOR como el APSA operan internacionalmente a través de bancos extranjeros como “corresponsables”.
Destaca que el Director del IOR fue destituido, en razón de una investigación de la Fiscalía de Roma iniciada en 2010 por blanqueo de dinero, reforzándose la Legislación Vaticana. Además la fiscalía de Nápoles investiga cobros de comisiones ilegales por la industria armamentista italiana, identificándose pagos por millones de euros a un intermediario.
Para fundamentar y continuar los esfuerzos emprendidos por Benedicto XVI, se han gestionado reuniones de la Santa Sede con la OCDE, con la finalidad de hacer compromisos formales del Vaticano a los estándares de transparencia e intercambio de información y distanciarse en la concepción internacional de Andorra y San Marino, debiéndose promulgar cuando menos 12 acuerdos bilaterales para intercambio de información fiscal. Los líderes católicos y sus administraciones requieren librarse de las dudas financieras a las cuales han sido sometidos.
