La discapacidad y la conciencia pública: Por Carlos Eduardo Cornejo B.

El tres de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las personas con discapacidad, esta efeméride quizás nos pase desapercibida; no obstante, para nuestro País, este mes es en el que el tema de la discapacidad emerge en el imaginario colectivo con mayor fuerza. Lo hace en forma de lástima y pena a través  de una mezquina forma de reconocimiento empresarial y social, llamada Teletón.  Son muchas las  sombras y opacidades del Teletón, pero lo que más nos debe llamar la atención, es la falsa conciencia pública y social que se genera en torno a este evento.
La discapacidad no puede seguir siendo vista como una simple cuestión de asistencia social, ni de favor o dádiva por parte del sector  empresarial;  este tema debe ser visto como una agenda de política pública y como una realista y objetiva conciencia pública y social. La discapacidad no ha de abordarse como una cuestión coyuntural de cada diciembre.
La necesidad de  prevenir la discriminación y de favorecer la inserción social e integral de las personas con discapacidad es una obligación permanente del Estado y Sociedad Mexicana.  Nuestro país fue el impulsor de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la firmó y ratificó el año 2007. Esta Convención, a diferencia de otros instrumentos internacionales tiene carácter vinculatorio, por lo que su violación atañe algunas sanciones para los países signatarios.  
Más allá de evitar una sanción por un Organismo Internacional, los derechos de las personas con discapacidad deben ser  protegidos y provistos por el Estado en congruencia con su  Constitución Política. Ésta señala en el párrafo tercero del artículo primero, una prohibición expresa a toda discriminación, entre otras, aquella por motivo de discapacidad. En este sentido, el Estado debe asegurar no sólo que a ninguna persona con discapacidad se le menoscaben sus derechos en virtud de su condición; sino que debe de proveer medidas especiales para asegurar la igualdad de oportunidades y derechos.
Para lograr este objetivo, se han publicado dos leyes que particularmente buscan proteger  y señalar una ruta para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad: La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. De ellas se desprende un Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad. La labor de este Organismo es loable, sin embargo la política pública respecto a este sector, aún se encuentra impregnada de una rancia y acendrada tradición de convertir a las personas con discapacidad en individuos susceptibles no de una política pública coordinada, realista y objetiva; sino de un asistencialismo con el que sólo se palian sus problemas y no se logra una verdadera inserción e inclusión social.
El asistencialismo, es una debilidad que va muy de la mano del estigma de inutilidad de las personas con discapacidad. La protección de los derechos se tornan bajo el asistencialismo como regalo no deseado y dádiva temporal que no hace sino oprimir y cooptar el desarrollo de aquellos a quienes va dirigido.
Nos debe ser claro, que el Estado debe intervenir mediante acciones afirmativas que busquen la igualdad y pongan remedio al inequitativo punto de partida que tienen respecto a la población general las personas con discapacidad. Lo anterior, sin embargo no significa dotarlos de ayuda y de mimos condescendientes que no hacen sino perpetuar los prejuicios de necesidad pasiva de este grupo. Por el contrario, según el caso, la discapacidad debe atenderse con políticas públicas de inclusión, desarrollo y protección que den proyección personal y social al sector.
Esta tentación a confundir el apoyo, comprensión y entendimiento de la discapacidad, con la piedad, lástima, dádiva y conmiseración, es muy propia de nuestra sociedad. La razón es intrínseca a las familias mexicanas: el propio exceso de asistencialismo público y la falta de políticas integrales  gubernamentales, han delegado a las costumbres familiares la atención de las personas con discapacidad. Al seno de las familias, muchas de las formas de discapacidad son concebidas como condición que sólo puede ser atendida a través del mimo, de la evasión y de la minimización de la persona como individuo que necesita ser rescatado y provisto en automático de las necesidades  más básicas. Este enfoque va en perjuicio de las propias personas con discapacidad, y está muy lejos de verlos  como sujetos de derechos, a los cuáles se les debe propiciar un entorno en el cual tengan las mismas oportunidades para disfrutar de las prerrogativas jurídicas, políticas y civiles básicas.
EL Teletón es en este sentido, una meta-reproducción del esquema asistencialista y pasivo que se le ha dado a la discapacidad. A través del mismo, se dota de recursos y lástima a los “beneficiados” a cambio de un halo de magnanimidad  y responsabilidad social fatua y falsa. En México, según el último Censo de Población y Vivienda de 2010, se identificó a 5, 739,270 personas con alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana, lo que representa el 5.1 % de la población total del país.
El dato anterior es significativo en la medida de que asumamos que el trato que se le da a las personas con discapacidad es efectivamente inequitativo y discriminatorio; pero también en la medida de que las reconozcamos, según la discapacidad, como individuos en una búsqueda de proyección personal y ávidos no de dádivas, sino de derechos y medidas que los inserten efectivamente en la sociedad.
Este cambio en nuestra percepción y entendimiento de la discapacidad, requiere tanto de la acción Gubernamental como de nuestra agencia como actores ciertamente empáticos pero más como facilitadores que proveedores. El Estado, debe abandonar la tradición a buscar el aplauso fácil y dar un giro hacia una política pública que asegure la no discriminación y la protección jurídica de las personas con discapacidad ubicándolas como el actor principal de este cambio. En tanto,  la sociedad debe mostrarse identificada y consciente de los avatares que significan las diferentes formas de discapacidad, pero debe dejar de lado las posturas redentoras y sedientas de reconocimiento personal. Éstas, sólo oprimen y estigmatizan a la discapacidad como un obstáculo en el que los sujetos que la viven han de permanecer impávidos y solícitos de ser rescatados.