Represión no es solución a la violencia . Por: Diego Rivero Corona

La aplicación de medidas represivas no aporta a la reducción de la delincuencia en nuestro país, sino todo lo contrario.
El Coordinador de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, afirmó que  en el contexto actual se  manifiesta la incapacidad del Estado para garantizar plenamente la seguridad ciudadana en México.
Durante el Foro sobre Seguridad Ciudadana, Cohesión Social y No Discriminación, realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dijo: “La adopción de medidas regresivas, más policías, más penas, más cárceles, nunca ha aportado una reducción significativa y sostenida de la delincuencia”.
Señaló que en la compleja realidad mexicana la inseguridad es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la pobreza extrema y crecimiento acelerado de las desigualdades económicas y sociales.
Subrayó que las políticas públicas, sobre todo las destinadas a reducir la violencia y mejorar la seguridad ciudadana, deben tener como elemento esencial los derechos humanos.
Explicó que los derechos humanos son el fundamento de las políticas públicas para su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, así como para la planeación, programación y presupuestación de los recursos públicos destinados a su cumplimiento.
El coordinador de Relatorías de la CDHDF destacó que el ámbito local es un escenario privilegiado para la articulación de las y los actores de los diferentes niveles, el fortalecimiento de sus capacidades y vinculación de la ciudadanía en acciones de corresponsabilidad y control social.
Esto se logra, dijo, a través de la formulación y adopción de políticas integrales de convivencia y seguridad ciudadana que reduzcan, prevengan y atiendan los principales factores asociados a la criminalidad y violencia urbana.
Subrayó que urge constituir una política de Estado en materia de derechos humanos. Para la cual, insistió, es indispensable que en cada una de las fases de la política pública, diseño, implementación y evaluación, las y los servidores públicos involucrados
conozcan, entiendan, apliquen y respeten los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia.
Además, indicó, deben de ir acompañadas de mecanismos (económicos, legales, humanos, de infraestructura) para garantizarlas y realizar una evaluación objetiva que permita saber si se están cumpliendo los objetivos planeados.
Edmundo Olivares Alcalá