La detención de la maestra Elba Esther Gordillo la semana anterior por una variedad de supuestos delitos relacionados con el uso indebido de cuotas de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, constituyó una medida audaz del gobierno de la República encabezado por Enrique Peña Nieto. Sugiere desde luego, a los ojos de la opinión pública, que el Presidente no está dispuesto a someter a controversia con absolutamente nadie, iniciativas que ha logrado hacer transitar en el Congreso; en este caso las reformas constitucionales en materia educativa. Sugiere, alternativamente, que el ocupante de los Pinos pretenderá enfrentar de lleno durante su gobierno las acciones violatorias de la Ley, incluidos los actos de corrupción y abuso, perpetrados por personajes públicos, cualesquiera que sea su nivel.
Sin pretender minimizar la importancia que, la Reforma Educativa iniciada por Peña Nieto puede tener como parte de su proyecto de gobierno, la sociedad vería con sumo agrado que el móvil de la detención de la señora Gordillo hubiera sido el de iniciar una lucha en contra actos graves de corrupción. Si bien éstos se han dado en muchos momentos de nuestra historia, nunca se han sucedido con la intensidad de las últimas décadas, durante las que han llegado a configurar una verdadera subcultura, ampliamente practicada por gran parte de los integrantes de la sociedad mexicana.
Los actos de corrupción, entre ellos la malversación de recursos públicos, la disposición sin autorización de los ajenos, el soborno y el tráfico de influencias, entre otros, no ha sido una práctica exclusiva de dirigentes sindicales sin escrúpulos y de servidores públicos deshonestos; también lo ha sido de ciudadanos dedicados a actividades distintas a lo público: administradores de paraestatales, comunicadores, empresarios, banqueros, y muchos otros personajes, que anteponen sus intereses particulares a los de las instituciones a que sirven, a los de la sociedad, y a la legalidad.
La corrupción y la impunidad son parte de un mismo mal, constituyen sin duda elementos que han contribuido a la descomposición del tejido social, a la inequitativa distribución de la riqueza, a la delincuencia en todas sus formas, a la decadencia de los principios cívicos, a la inmoralidad.
Vale aquí recordar la célebre, y festejada frase entre políticos, de Gonzalo N. Santos: “La moral es el árbol que da moras” y revisar el artículo de Carlos Monsivais del mismo nombre (Letras Libres, diciembre de 2000).
Si el motivo, detrás de la decisión del gobierno de Peña Nieto, para iniciar el procedimiento penal en contra de la Maestra Elba Esther Gordillo fue el de investigar y sancionar la disposición ilegal de las cuotas de los trabajadores de la educación afiliados al SNTE, bienvenido sea. Como consecuencia de este hecho, deberán venir muchos más procedimientos e investigaciones que aclaren y, en su caso, sancionen el enriquecimiento inexplicable y no menos ostensible de otros dirigentes sindicales y funcionarios públicos. El siguiente en la lista, por aclamación social, sería el del Senador y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, cuyas excentricidades y excesos son conocidas a través de su conducta y la de sus hijos: el Pemexgate, su lujoso departamento en Cancún, su yate, sus relojes de oro; los viajes que su hija Pau, acompañada de sus tres mascotas, hace en aviones privados por todo el mundo, y el flamante Ferrari de 2 millones de dólares que hace unos días regaló a su hijo José Carlos.
Si Peña Nieto tiene la voluntad de rectificar el camino de los anteriores gobiernos en materia de transparencia, devolverle la confianza a la ciudadanía, e iniciar la construcción de un gobierno de esperanza y desarrollo, debe enfrentar con energía, no sólo la delincuencia incidental y la organizada, que se vive en los caminos y en las calles de las ciudades. Debe sobre todo enfrentar con decisión la delincuencia de cuello blanco que ha crecido a niveles jamás experimentados en los diferentes niveles de gobierno, en los poderes de la Unión y de los estados, en las empresas paraestatales, en los organismos autónomos, en los sindicatos, sobre todo en aquellos que directa o indirectamente reciben financiamiento público; en el sector privado, particularmente en los temas relacionados con el gobierno: obra pública, otorgamiento de concesiones, contratos de difusión y comunicación, exención y retorno de obligaciones fiscales, entre otros.
México tiene la urgente necesidad de recuperar la institucionalidad y construir una cultura de honestidad y transparencia; de derechos ciudadanos, de civilidad política. Y todo lo anterior no se podrá dar mientras no se anteponga el interés de la público sobre el particular; el interés superior de la sociedad, sobre el de individuos o grupos, políticos y económicos, todo ello a la luz del Estado de Derecho.
