Simulación laboral

Las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Estatal, Fausto Vallejo Figueroa dejan entrever una serie de irregularidades administrativas de la administración estatal saliente, entre ellas, la de los trabajadores al servicio del Estado que se encontraban bajo una simulación laboral, los llamados “trabajadores por honorarios”, figura mediante la que evidentemente no se sujetaban a los trabajadores a un régimen de seguridad social obligatorio para la parte patronal.
La falta de aplicación de las normas de la seguridad social por la relación obrero patronal de estos empleados, da lugar al tipo penal denominado “defraudación fiscal” previsto en el Código Fiscal de la Federación, que establece que comete tal delito quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
Las aportaciones de seguridad social, son parte de las contribuciones a que alude el párrafo anterior, éstas se encuentran establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
En el Código Fiscal de la Federación se encuentra además contemplada una conducta que se castiga con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, donde se contempla como tal, al que simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
Las penas aplicables van desde tres meses a dos años de prisión, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 500 mil pesos o de tres a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a 750 mil pesos. Estas cantidades son históricas, las cuales deben de actualizarse conforme al procedimiento establecido para ello en el mismo ordenamiento legal en comento.
Los supuestos “trabajadores por honorarios” contratados por el gobierno estatal saliente, nunca recibieron los derechos de la seguridad social, el patrón, en este caso el Poder Ejecutivo Estatal nunca cumplió con sus obligaciones que como verdaderos trabajadores derivados de su relación laboral evidente tenían derecho y por ende jamás se entero cantidad alguna de las contribuciones federales a que se encontraba obligado.
El anuncio de las medidas de austeridad del actual gobernador deben ser reales, efectivas y transparentes, no es valido que se deje de contratar a los actuales bajo la premisa de que se les termino el contrato y por ende ingresen más trabajadores a suplir a los salientes, para cumplir compromisos de campaña, de ser así, solo denotaría un discurso demagogo.
Es tiempo en el país de que el culpable pague sus consecuencias y no se escude con su fuero de legislador, que si no entero las contribuciones estando obligado a ello, se le finque la responsabilidad administrativa y penal que en derecho proceda, eso vestiría al actual gobierno y ayudaría a que el partido político al que pertenecen pueda tener credibilidad, después que durante más de setenta años saquearon al país.