Buena fe y pobreza: una mirada al programa “Oportunidades” Por: Luis Alejandro Carrera

El pasado siete de febrero, en la visita que hizo el Presidente Felipe Calderón a Salinas de Hidalgo en el estado de San Luis Potosí, ocurrió un pequeño altercado entre Calderón y una maestra del municipio. Durante un evento público, la profesora recriminó al Presidente que las cobijas que se repartían como parte del programa “Oportunidades” no se estaban distribuyendo de manera justa. La insistencia de la docente llevó a un intercambio de palabras entre ella y Calderón, lo que al final reveló que la primera obtiene un ingreso de entre ocho mil y nueve mil pesos mensuales, lo que la descartaría como beneficiaria de “Oportunidades”. La declaración de Calderón que llamó poderosamente mi atención y que inspiró este texto es que el programa se basa en la “buena fe de la gente”.
Este texto aborda desde una perspectiva teórica el dicho calderonista a partir de los supuestos de asimetrías de la información. Para ello, se hace un breve recuento de los elementos que a juicio personal se consideran esenciales para entender “Oportunidades” y posteriormente se tratan dichos elementos teóricamente. Los aspectos que se exponen están debidamente referenciados para que el lector pueda profundizar y en su caso, aportar mayor mayores elementos de discusión.
En primer lugar, ¿qué es “Oportunidades”? Según sus Reglas de Operación, (1) el programa es un “instrumento de desarrollo humano” que propicia el “incremento de las capacidades en educación, salud y alimentación en los hogares más necesitados” y genera incentivos para que las personas en situaciones de pobreza “superen su situación precaria, accedan a mejores niveles de bienestar y se incorporen al desarrollo nacional”. Por tal motivo, “Oportunidades” no busca acabar con la pobreza presente, sino romper con el ciclo intergeneracional de carencias.
Los beneficiarios del programa son las personas que a) vivan en hogares cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la línea de bienestar mínimo (LBM) y tengan integrantes menores a 22 años y b) vivan en hogares cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la LBM y tengan mujeres en edad reproductiva.  Esto es una característica fundamental, ya que se refiere no al ingreso total de los hogares, sino al que cada integrante de la familia tuviera si trabajara. La LBM se define básicamente como el valor monetario en un mes determinado de una canasta alimentaria básica. En junio de 2011 (referencia señalada en las reglas de operación 2012), el valor de la LBM era de 2,168 pesos en zonas urbanas y de 1,362 pesos en el ámbito rural.  
La selección de beneficiarios se da en dos etapas. La primera es considerar el total de localidades del país, tomando como base el Índice de rezago social de CONEVAL, el Índice de marginación de CONAPO y otras mediciones que permitan ubicar zonas en condición de pobreza. Posteriormente, dentro del universo de atención de localidades, se levanta una encuesta socioeconómica en los hogares para identificar a las familias elegibles y se validan también las condiciones de accesibilidades a servicios de salud y educación para que el programa opere de forma integral.
Es en el proceso antes citado donde operan las asimetrías de información. (2) La información asimétrica parte de un supuesto obvio en la teoría pero difícilmente demostrable en la práctica: las personas conocen más y mejor que los otros todos aquellos aspectos de su vida que les conciernen. En el caso que aquí se describe, se refiere a las carencias y disponibilidad de ingresos (evidentemente la accesibilidad a servicios de salud y educación puede ser valorada por otros medios como el registro de infraestructura cercana a los hogares). Por tal motivo, las personas pueden “mentir” en dos momentos: cuando se realizan las encuestas para los Censos y Conteos de población (a partir de los cuales CONEVAL y CONAPO elaboran sus índices) y cuando se levantan los estudios socioeconómicos propios para el programa.
Por su parte, la información asimétrica conduce a otro problema: el de “selección adversa” o “anti-selección”. En cuanto a “Oportunidades”, la selección adversa supone elegir a personas por encima de la LBM, es decir, que no necesitan los apoyos. Puesto que es prácticamente imposible saber con certeza cuántas personas “engañan” para obtener beneficios, también lo es determinar el monto de recursos públicos destinados erróneamente.
En mi experiencia como funcionario público municipal, tuve oportunidad de observar este comportamiento mediante un hecho que en aquel entonces me pareció curioso, aunque ahora debo confesar me resulta preocupante. Mientras entrevistaba a una mujer de una comunidad rural respecto a sus carencias alimentarias para un proyecto similar a “Oportunidades” que pretendía impulsar el gobierno estatal de Guanajuato, me señaló que su comida se restringía al consumo de huevo, frijol y tortillas. En ese momento se acercó uno de sus hijos y palabras más o menos dijo: “No es cierto, también comemos pollo y carne”. Con esta anécdota pretendo únicamente ilustrar que lo ocurrido en Salinas de Hidalgo no es un hecho aislado y que como ya indiqué, las asimetrías de información no permiten calcular cuántas familias son beneficiadas equivocadamente y cuántas, por el contrario, permanecerían rezagadas para romper los ciclos de pobreza.
Si bien las Reglas de Operación del programa establecen algunos compromisos para los beneficiarios a fin de que mantengan los apoyos (acudir regularmente a los centros de salud, demostrar el aprovechamiento académico de los estudiantes, entre otros), el inconveniente principal se halla en la capacidad de las personas para falsear datos y obtener ingresos adicionales vía recursos federales. No obstante, si se intentan establecer procedimientos para dar certidumbre a los datos reportados sobre ingreso, el burocratismo aumentaría, teniendo como resultado la lentitud en el proceso de reparto de ayuda económica.
Para nadie es un secreto ni una novedad que desconfiamos de nuestros gobernantes. Sin embargo, ello no debe servir de pretexto para apropiarse de forma deshonesta de los recursos públicos, sobre todo por la pérdida que pueden tener muchos por causa de unos pocos. En resumen, es verdad que en cierta medida el combate a la pobreza también depende de la buena fe de la gente.
Publicado en la Revista Gurú Político (http://www.gurupolitico.com)  y reproducido con la autorización de su Director.