Es innegable que México, después de 75 años de régimen priísta, comenzó una nueva etapa en su vida democrática. Hoy, más que nunca, México vive una democracia vibrante en la que se goza de un amplio reconocimiento y respeto a los derechos humanos, consecuencia de acciones concretas para garantizar la justicia y la equidad social en todas las esferas de la vida pública y privada de las personas. No obstante, es cierto que a pesar de estos avances aún enfrentamos serios desafíos.

En particular, sobre los derechos humanos de las mujeres, podemos afirmar que la exclusión histórica de éstas del ámbito público y de la construcción de las instituciones políticas, motivaron una lucha constante, no sólo por plasmar sus derechos en marcos jurídicos y en políticas públicas que aseguren su aplicación y exigibilidad, sino también para que se les incluyera en todos los espacios de participación social, económica, cultural y política.


Se han obtenido grandes e importantes avances; así lo constatan tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), para el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos; así como para la garantía del principio de igualdad entre hombres y mujeres, por medio de la ley o a través de otros mecanismos.

Es precisamente en este marco, que la puesta en marcha de estrategias como las llamadas acciones afirmativas, adquiere sentido y relevancia. Una de estas acciones, son las denominadas cuotas de género.

Las cuotas nacieron de la necesidad de contrarrestar la subrepresentación de las mujeres en los procesos y espacios de toma de decisiones políticas; de consolidar una representación con capacidad de remontar la asignación de oportunidades, méritos y retribuciones entre mujeres y hombres, la incorporación de la diversidad y pluralidad de puntos de vista en los procesos de decisiones públicas. En suma, igualdad de oportunidades, inclusión, justicia y fortalecimiento del tejido social.

El sistema de cuotas ha originado una importante discusión que divide opiniones. Por un lado, hay quienes afirman que las cuotas coadyuvan al empoderamiento de las mujeres; promueven la equidad de género y la cultura democrática; posibilitan la visión integral de la sociedad; así como la pluralidad necesaria en la toma de decisiones.

En tanto, quienes critican el sistema de cuotas señalan que es indigno para “las mujeres que deben y pueden llegar por su capacidad”, que daña la competencia libre y democrática, y una serie de argumentos más que podrían ser válidos en un entorno “ideal”, que ni en países tan desarrollados como Noruega o Suecia, se han logrado y no pueden prescindir, todavía, de estas acciones afirmativas, llamadas cuotas de género.

Después de un sinfín de intentos y reformas, en el COFIPE de 2008 ya no queda a voluntad de los partidos políticos la definición de los porcentajes de participación por género, toda vez que se les obliga a cumplir con dicha disposición y se sanciona al partido que incumpla con el registro de incluir hasta 60% de candidaturas de un mismo género procurando llegar a la paridad.

Pero la realidad es otra. Los partidos en la práctica, han encontrado la manera de burlar esta acción afirmativa, dando lugar a fenómenos de simulación, como el que se conoce como “Juanitas” y que se manifestó en el ámbito legislativo una vez ganadas las elecciones. Esta acción tuvo como resultado que en enero de 2012, el Tribunal Federal Electoral emitiera una sentencia a través de la cual se exige a los organismos políticos, que las suplentes de mujeres propietarias sean también mujeres.

En el caso de México, fue apenas en 1953 cuando se otorgó la plenitud de los derechos ciudadanos a las mujeres y, con ello, el derecho de votar y ser votada. En esta tesitura se entiende que transitar de la universalidad del sufragio al goce y ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres ha implicado mucho tiempo y, en ese sentido debería entenderse todavía más, que siga siendo una asignatura por completar y fortalecer mediante acciones afirmativas.

Con relación al ejercicio pleno de la ciudadanía, Don Manuel Gómez Morín, advertía, desde 1948, que los mexicanas estamos llamados a “construir ciudadanía como tarea individual de renovación y como empresa colectiva de ordenación de fuerza social y de creación de los instrumentos para que esa fuerza se exprese y se haga valer”. Desde esta óptica se desprenden dos cosas importantes: en primer lugar, que la ciudadanía no se limita al sufragio, sino que va más allá y; en segundo, que esta ciudadanía debe hacerse respetar a través de la creación de instrumentos que permitan su garantía.

No obstante, si bien es cierto que la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país ha ido en aumento, aún es insuficiente; ésta no corresponde a un nivel de participación de quienes representan más de la mitad de la población de acuerdo al Censo 2010. No puede construirse una democracia que excluye a más del 50% de sus integrantes. La participación de las mujeres en la vida política, es uno de los ejes fundamentales de nuestra democracia.

Sin duda, el tema de las cuotas resulta polémico, sin embargo, es una herramienta útil para asegurar la participación femenina. Debe entenderse que las cuotas poseen un carácter transitorio, éstas llevan implícita la convicción de que una vez superados los obstáculos que impiden una adecuada representación de mujeres en los espacios de poder y representación política, desaparecerán. Mientras alcanzamos esa meta, son necesarias y deben cumplirse.

Sería un error negar que la aplicación de cuotas ha representado una mayor participación de mujeres en la política formal, que ha enriquecido las agendas gubernamentales, que la cultura política promueve beneficios para el conjunto de la sociedad y ha permitido una colaboración más equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos y niveles de decisión.

Sin duda, el objetivo ulterior es que, mujeres y hombres, en igualdad de circunstancias compitamos en la arena política sin necesidad de acciones afirmativas, y construyamos espacios públicos en los que todos participemos.

Que toda la discusión provocada en estos días con relación al registro de las listas de candidaturas de los partidos políticos en el IFE, supere la crispación provocada y se traduzca en una vía de un México más incluyente y equitativo.

Publicado en la Revista Gurú Político (http://www.gurupolitico.com) y reproducido con la autorización de su Director.

Titulada como licenciada en Letras Españolas por la Universidad Iberoamericana, obtuvo su maestría en Literatura Hispanoamericana en la misma institución y es candidata a Maestra de Ciencias Políticas y sociales en la UNAM. De 1970 a 1993 fue catedrática en el ITESM, campus Querétaro, en la Universidad Autónoma de ese estado, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Asunción de México. Durante el año 2000 fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Querétaro, puesto que ocupó hasta marzo de 2001, cuando asumió la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Fue integrante de la LVII Legislatura (1997-2000) de la Cámara de Diputados e impulsó la creación de la Comisión de Equidad y Género de la que formó parte, también dirigió la Subcoordinación de Cultura, Educación e Información del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es miembro activo de Acción Nacional desde octubre de 1987, donde ha participado activamente en el Consejo Nacional, como titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Asimismo, fundó y presidió el Comité Directivo Municipal de Querétaro y se hizo cargo de la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer en ese estado. Actualmente es integrante de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia (AMSIF). El 1 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón la nombró Subsecretaria de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Twitter: @pespinosat