Por: Patricia Espinosa Torres
“En países que no tienen medios de comunicación muy profesionales, suelen aparecer encuestas fantasmas con el fin de apoyar a ciertos candidatos.
Este peligro de manipulación existe para cualquier técnica de investigación social y tiene que ver con la ética existente de un país, de recurrir al engaño para ganar posiciones”.
Carlos Huneeus (1)
Es con mucho admisible, la afirmación de que las encuestas se han convertido en “actores estratégicos” de las democracias modernas. El impacto que tienen éstas en la opinión pública, especialmente en periodos electorales, es indudable. No obstante, su legitimidad y confianza se han visto mermadas con señalamientos sobre su mal uso y manipulación política.
Contar con información y proveerse de ella, es congruente con el ejercicio de una ciudadanía responsable; pero ¿qué ocurre cuando no se recibe información veraz o fidedigna?, ¿cuando las encuestas no se elaboran con rigor metodológico?, ¿cuando los resultados son manipulados con fines políticos o económicos? Pareciera pues, que el ciudadano queda a merced de las predicciones de “oráculos” que inciden en su decisión.
Como todo ejercicio probabilístico, las encuestas no son infalibles. Se sabe que la opinión pública y las preferencias electorales cambian constantemente y que, en ocasiones, obedecen a la coyuntura. Sin embargo, rechazo la idea de que, precisamente este carácter cambiante de la opinión pública, sea un justificante para maquillar la manipulación a través, ya no del informe o reporte de preferencias y tendencias, sino de la creación de ellas a petición de partes.
Entonces, vale la pena preguntar, ¿qué conviene hacer para evitar el uso político de las encuestas, para impedir que se confunda y manipule al electorado?
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) llevó a cabo, el pasado 8 de febrero, una mesa de discusión en el ciclo Elecciones 2012, ¿Son confiables las encuestas?, con la participación de Roy Campos de Consulta Mitoksy; Ulises Beltrán de consultora BGC; y Jorge Buendía de Buendía y Laredo; tres consultorías importantes en nuestro país.
En la mesa, se puso de manifiesto la necesidad de que el Instituto Federal Electoral (IFE) exija las bases de datos de los encuestadores, con el objetivo de verificar que la información que se difunde, en los medios de comunicación, concuerde con los estudios de opinión. Esto, es sólo un punto.
En esa tesitura, otro punto con el que coincido, es la necesidad de legislar en la materia. Contar con un marco normativo que exija transparencia y establezca rigor metodológico, haría de las encuestas o sondeos sobre preferencias electorales o intención de voto, una técnica de investigación más confiable y, por tanto, más creíble. Esto evitaría que la ciudadanía quede a merced de oráculos o de futurólogos “a modo”. Sería un importante avance, pero insuficiente.
En realidad, lo que tiene que abordarse, va más allá de metodologías o de legislación, tiene que ver con la ética de los encuestadores, de los medios de comunicación y de la clase política.
En un País, con un bajo nivel cultural y de lectura (o incapacidad de mencionar por lo menos “tres libros”); en el que las televisoras tienen una fuerte penetración los hogares; en el que cargamos a cuestas, una histórica “visión de los vencidos”; siete décadas de un sistema hegemónico, vertical y autoritario; con participación ciudadana creciente todavía poco informada (cuatro de cada diez mexicanos en edad de votar, no se interesan en la política). Hartazgo, desconocimiento del pasado reciente, poca memoria, excesos, amarillismo, exaltación mediática de crímenes y muertos,…; son parte del entorno.
Las encuestas reflejan opiniones de quienes son encuestados en un espacio y tiempo determinados; lo cual fomenta, en muchos casos, confusión o imprecisiones de ese momento. Esto se debe, principalmente, al diseño del cuestionario que se aplica a una muestra poblacional, a partir de planteamientos categóricos que sólo tienen un margen de respuesta: positiva o negativa. Hasta ahora, las encuestas y las reglas electorales han sido diseñadas para preservar la ventaja del puntero, lo que provoca que la mayor parte del proceso sea una tormenta de encuestas, sondeos y spots.
La difusión -en los medios de comunicación- de resultados “a modo” para favorecer ciertas políticas o a ciertos candidatos, revela la corresponsabilidad que éstos juegan en el proceso de construcción de ciudadanía. Tal y como lo expresé ya en este espacio, los medios son gestores de ciudadanía responsable; si bien, ellos y los encuestadores no sustituyen la libertad y la autonomía del ciudadano para decidir, sí influyen en la formación de criterios y en la orientación de decisiones.
Ante un cercano 1º de julio, los mexicanos debemos contar con la suficiente información veraz y oportuna, sobre quienes contienden por la Presidencia de la República, para decidir en un VOTO LIBRE Y CONSCIENTE.
Que nuestra decisión sobre quién queremos que nos gobierne durante el período 2012-2018, sea una decisión basada en el contraste de proyectos e ideas, y que nuestro voto no obedezca a las predicciones de oráculos.
¡Ejerzamos libre y responsablemente este derecho! ¡YO ya decidí que mi voto, libre y consciente, será para Josefina!
Publicado en la Revista Gurú Político (http://www.gurupolitico.com) y reproducido con la autorización de su Director.
(1) Profesor del Instituto de Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Las encuestas de opinión pública en las nuevas democracias de América Latina, 2010.
En el sector público, ha ocupado diversos cargos en los que ha refrendado su compromiso con el desarrollo humano y la igualdad entre mujeres y hombres. El 1 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa la nombró Subsecretaria de Inclusión Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El 8 de marzo de 2001 asumió la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, cargo que desempeñó hasta el 30 de noviembre de 2006. Durante el bienio 2000-2001, fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Municipio de Querétaro. Fue diputada federal de la LVII Legislatura (1997-2000), en donde impulsó la creación de la Comisión de Equidad y Género; y del Parlamento de Mujeres. Durante su trayectoria legislativa, propuso la reforma al Artículo 4° Constitucional en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Miembro del Partido Acción Nacional, desde 1987, ha formado parte del Comité Ejecutivo Nacional, ha participado como consejera en el Consejo Nacional, como titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. Fundó y presidió el Comité Directivo Municipal de Querétaro y se hizo cargo de la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer en ese Estado. Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Iberoamericana, obtuvo su maestría en Literatura Hispanoamericana en la misma institución y es candidata al título de Maestra en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrática en diversas instituciones educativas, en las que destacan, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Como investigadora se desarrolló en el campo de la lingüística en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es integrante de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia (AMSIF). Es madre de cuatro hijos y abuela de 9 nietos. Twitter: @pespinosat
