Es lamentable que en México la libertad de expresión en algunos casos sea una mera simulación, pues en el tema que nos ocupa, los candidatos y dirigentes partidistas tienen toda la libertad para declarar en contra del gobierno en turno, del Presidente y de su trabajo. Hacen las críticas que quieren, lanzan ataques a su antojo sin que los aludidos les puedan responder. En cambio, cuando el titular del Ejecutivo o sus secretarios se defienden de las declaraciones en su contra, o para defender los logros de su gobierno, viene una andanada de descalificaciones por parte de aquellos que abrieron el fuego y lanzaron los ataques.
La libertad de expresión está garantizada para todos y no deben imponerse trampas legaloides para coartar este derecho fundamental de nuestra Constitución y consagrado también como uno de los principales derechos humanos.
El candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto, gran parte de su campaña la ha basado en ataques al PAN, a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y ha rematado que por esas malas administraciones se requiere un cambio en México.
Así como el priista tiene la libertad de expresarse y decir –y eso está bien– lo que a sus intereses conviene sobre los gobiernos de Acción Nacional, el mandatario y sus colaboradores tienen derecho a defenderse en ese mismo marco de libertades. Pero ese derecho les es coartado por la prohibición de tocar temas electorales.
En este contexto, estuvo bien el candidato del Movimiento Progresista (PRD-PT-MC), Andrés Manuel López Obrador, quien al opinar sobre las declaraciones de Calderón Hinojosa, dijo que el mandatario tiene derecho a expresar sus opiniones en materia política, pero no a utilizar el aparato del gobierno para afectar a un candidato. Inclusive descartó injerencia de parte de la administración federal en este proceso electoral como sucedió en 2006.
Ése es el punto, el Presidente y los funcionarios de su gabinete, al igual que todos, deben expresarse libremente, eso sí, no hacer uso de recursos públicos para favorecer a algún candidato (a) o para perjudicar a otro contendiente.
La semana pasada Felipe Calderón pidió mantener la senda de transformación: “Vendrán otras mexicanas u otros mexicanos que tengan esa responsabilidad de empujar a México adelante. Pero de lo que no me queda ninguna duda es de que esta gran transformación del país está en marcha: México está cambiando, México se está transformando y esta gran transformación tiene que seguir adelante. Ésa es la única alternativa para los mexicanos”.
Luego de una denuncia priista, el pasado 19 de abril, el IFE determinó que Calderón violó el artículo 134 constitucional en cuanto a que no actuó con imparcialidad y vulneró la equidad al enviar vía Hacienda una carta a contribuyentes. En 2010, el Órgano Electoral dictaminó que violó la Carta Magna en mensaje en cadena nacional, cuando había elecciones en estados.
Divulgar logros de gobierno o pedir la continuidad en la transformación del país podría interpretarse como una violación a la ley electoral, como ocurrió en el año 2010, cuando el Tribunal Electoral consideró que el mandatario violó la Constitución al hablar de la inseguridad en cadena nacional, mencionar avances y emitir mensajes sobre empleo y simplificación tributaria. Lo anterior, mientras estaban en proceso comicial varias entidades del país.
Derivado de los artículos 41 y 134 constitucional, el 347 del Código Federal de Procedimientos Electorales prohíbe la propaganda gubernamental en las campañas y establece infracciones a la ley por “el incumplimiento del principio de imparcialidad”.
Durante los procesos electorales salen a relucir las omisiones y lagunas existentes en la legislación electoral, pues mientras a unos les permite expresarse libremente, inclusive atacar al gobierno, a los funcionarios o al Presidente, éstos están limitados en sus derechos, pues al contestar o defender los logros de su administración se exponen a ser sancionados.
En países con democracias consolidadas, como Estados Unidos, Francia y España, sus Presidentes pueden hacer campañas abiertamente, hablar de los logros de su gobierno, defenderse y criticar libremente a sus contrincantes. En México se requiere una profunda reforma electoral que sea equitativa, imparcial, justa y que dé certidumbre a la sociedad.
EPÍLOGO
Los candidatos al Senado, Chon Orihuela y Rocío Pineda del PRI, continúan haciendo presencia en los diversos municipios del estado; sin olvidar, por supuesto, la importancia que representa la ciudad de Morelia. Lo mismo Benigno Quesada del PAN, quien podría dar un susto por la aceptación que tiene en los municipios panistas y en parte de la IP. Y aunque en menor trabajo y difusión los del PRD Fabiola Alanís y Raúl Morón. Y por su parte los candidatos del PRI en Morelia, Ernesto Nuñez y Cuitláhuac González, siguen sumando adeptos por las diferentes colonias y comunidades en donde han realizado proselitismo. Por su parte el candidato ganador Wilfrido Lázaro, inició su campaña política para repetirles la dosis al panismo moreliano, mismos que se encuentran divididos desde la elección a gobernador del estado. Aquí podría aumentar la votación de los electores morelianos a favor de Wilfrido Lázaro, y todos sabemos por qué.
