En diferentes comentarios políticos y en relación con la poca operatividad no solo del Congreso de la Nación sino de los congresos estatales, he manifestado mi opinión en el sentido de que no es el número de ellos el problema sino la raquítica voluntad de los mismos para servir a la sociedad, aunado a su bajo perfil político que detentan y las formas de nominarlos.
Como sustento a mi tesis recurro al número de diputados que conformaron el Congreso Constituyente de l917 y que fueron un total 219, (Los cita Juan de Dios Bojórquez en su libro Crónica del Constituyente. 1938) cuando el país tenía, en el año de la promulgación, una población de más o menos un millón y fracción de habitantes. Si el número de legisladores federales hubiera crecido proporcionalmente al desarrollo poblacional, hoy tendríamos un problema verdaderamente grave no solamente legislativo sino económico. Escribo lo anterior, porque a un cuestionamiento periodístico, realizado recientemente a Andrés Manuel López Obrador, éste señaló que : “Cuando haya democracia en México se tienen que acabar con la parafernalia del poder. Se tienen que reducir gastos” y en la respuesta se pregunta él mismo para qué tener diputados que sólo van a recibir ordenes de los que mandan.
Reitero que desde mi punto de vista lo grave no lo es el número de ellos sino su ineficiencia misma que le cuesta mucho al país por una parte y, por la otra, en el caso de la llamada también cámara alta, sin ninguna duda sobran, cuando menos 68 de los senadores, pues inclusive por el número de los mismos 128 y por la forma de elegirlos se ha perdido el equilibrio o la equidad representativa en los Estados de la República.
El problema presente de la improductividad legislativa se agrava porque un buen número de legisladores, tanto locales como federales, incluidos los senadores, son electos como resultado porcentual de la cantidad de votos recibidos por cada uno de los partidos políticos y en éstos, las “bandas existentes” que los dominan y que son por su comportamiento amoral y antiético semejantes a las del crimen organizado, se reparten “el botín” (los votos) de acuerdo a sus intereses no institucionales sino personal y al gusto de los “capos” o dirigentes políticos. En el caso presente resaltan los candidatos al senado por la vía de la representatividad porcentual del ahora partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, que están impulsando a gente que nada tiene que ver con la fe política de ese partido y menos de la verdadera izquierda en lo general. Estos pertenecen y se sostienen y representan los intereses de consorcios televisivos, como lo es Alejandro Puente mismo que está al frente de la Cámara de Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, incluido en la lista proporcional solamente porque suponen los directivos de ese partido que le “aporta a Movimiento Ciudadano “un espacio en los medios” (Manuel Camacho dixit).
Indiscutiblemente que AMLOVE tiene razón en sus afirmaciones anteriores; por lo que se hace necesario, con carácter de urgente una recomposición de la forma de nombrar o de elegir a los famosos legisladores de representación proporcional. Después de varios análisis realizados considero que de ente los 200 diputados y los 64 senadores de representación proporcional, debieran ser seleccionados entre aquellos que jugando en sus distritos o en sus estados, hayan obtenido la más alta votación pero que no les haya sido suficiente para ganar la candidatura respectiva en las elecciones. De esa manera y en cierta forma, estarían más obligados con sus electores que con los capos de los partidos a los que pertenecen.
Volviendo a las críticas ácidas de Andrés Manuel, en el sentido de que los legisladores “se hacen llamar representantes populares (pero que en la práctica no lo son) pues aprueban leyes que favorecen a las minorías y entregan los bienes a de la nación a unos pocos extranjeros y mexicanos” . Si se aplicara la propuesta que hago en ese artículo y de no dar resultado no quedaría más remedo que cancelar las representaciones proporcionales, pues en lugar de elegir a los mejores ciudadanos se elige a “los mejores cómplices” de quienes tiene el control de los partidos políticos, desde luego, con sus raras excepciones.
