Al meditar la semana pasada sobre la validez de la nueva ley anticorrupción mexicana, desafortunada por ser exclusiva para los procesos de compra del sector público y ajena al resto de los actos que emanan del gobierno, que desde luego, son los más, concluimos en que la ley sólo podría aterrizar en términos equitativos para quienes está preparada, si simultáneamente se llegan a materializar reformas a la ley que permitan la modernización de nuestro sistema de justicia en materia administrativa y su adaptación a los principios de prontitud e independencia que contempla la Constitución.
Es que el tema de justicia ocupa todas las mesas, pero pocas veces acaba por entenderse cuál es su trascendencia a nivel nacional, máxime cuando ésta se debe de ver a la luz de los fenómenos económicos que determinan la marcha del país.
Así como este fin de semana Europa entera vivió un momento de expectación, por la decisión que tomarían los ciudadanos griegos sobre su destino, como parte integral o ajena de la eurozona, en México se comenta de la misma incertidumbre que genera en detrimento de la inversión, la multiplicidad de discursos y posturas presentadas por los candidatos en este complicado proceso electoral.
Finalmente, el hecho de que México tenga instaurado un sistema de gobierno republicano debiera dar garantías a favor del inversionista y aminorar angustias. Quien sea que llegue a los pinos no gobierna solo; para eso están los otros dos poderes, ¿o no? La verdad de las cosas es que la vacilación nace de la falta de confianza en nuestro sistema político en su integridad. Cambia el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero se mantiene el Judicial.
Es verdad que se debe combatir la impunidad, y que en esa tarea se deben perseguir los delitos con eficacia y tino certero. Sin embargo, el concepto de impunidad no es exclusivo de la materia penal. Hablando de ésta en un sentido amplio, podríamos aseverar que se trata de la subsistencia de actos arbitrarios que no encuentran, en un juicio pronto y justo, un remedio que ofrezca al gobernado seguridad y una compensación contra cualquier abuso.
Es precisamente en nuestra relación permanente con el gobierno que nace la exigencia de emprender un ataque frontal contra la corrupción y la impunidad. Para lograrlo se deben emitir leyes debidamente ajustadas a la realidad nacional, que ofrezcan instrumentos adecuados para que los órganos de justicia actúen con rapidez y eficiencia. La relación con el gobierno que nos interesa, se da en todos los ámbitos de la vida nacional, entre ellos, desde luego, todos los que tienen que ver con el desarrollo económico del Estado.
Pese al gran músculo que muestra el buen manejo de las finanzas de la presente administración, ¿podemos exigir a los capitalistas expectantes que inviertan en México? No. Es legítimo su recelo y el suspenso hasta el día de la elección, pues saben que el viraje en el rumbo de la administración no se remedia en el ámbito de la impartición de justicia. En la relación del individuo y el gobierno, los jueces todavía no cuentan con los instrumentos adecuados para cumplir su función, vital para el país, y ninguno de los candidatos dice nada al respecto.
Desde octubre entraron en vigor distintas reformas a la Constitución en materia de amparo que generarán una mayor inmediatez en la relación entre juzgadores y gobernados, para dar solución a múltiples problemas que surgen en torno de la adecuada aplicación de la ley; sin embargo, todavía está pendiente por resolver lo conducente a la expedición de la ley reglamentaria correspondiente. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ve colmados sus pasillos con pilas enteras de expedientes que no se pueden resolver -una carga inhumana de trabajo- y no existe intervención legislativa o presupuestaria alguna que venga a remediar el rezago que muchas de sus salas y ponencias enfrentan. La justicia en materia administrativa está mal y, por ello, la defensa del gobernado ante actos ilegales de las autoridades administrativas se ve impunemente superada.
Es un objetivo bien entendido por parte de los candidatos hablar de la transición crucial del país hacia la modernidad. Que bueno que se hable del Internet como garantía individual, o de la implantación de las pensiones para adultos mayores como un derecho fundamental. Que adecuado que el discurso político se ocupe de la sustentabilidad en la explotación de nuestros recursos naturales y de la dotación de agua para la subsistencia. Que mejor que se hable de la educación o de la modernización de los procesos para el aprovechamiento del campo.
Seguiremos atrás en la medida en la que no se entienda que el capital no vendrá mientras no encuentre garantías. Una de estas, frente a todos aquellos actos ilegales que las autoridades puedan emitir en materia de vías generales de comunicación, aguas, energía, minas, telecomunicaciones, servicios financieros, competencia y tantas más, debe hallarse en el ámbito de la impartición de justicia, de justicia administrativa.
