Por: Atilio Alberto Peralta Merino
Manuel Ávila Camacho emitió el 1° de junio de 1942 la declaración de guerra a las naciones del “Eje” en virtud de los respectivos hundimientos de los buques petroleros “Potrero del llano” y “El faja de oro”, efectuados por submarinos alemanes en las aguas del Golfo de México los días 13 y 20 de mayo de ese mismo año.
Al unísono de que el Presidente Ávila Camacho emitiera la declaración de guerra, expidió el decreto conducente a la división de funciones de la antigua Secretaría de Guerra y Marina, tal y como habría sido estructurada tras la Revolución Mexicana por el General Joaquín Amaro.
En consecuencia, el presidente habría encomendado a los generales Lázaro Cárdenas del Río y Heriberto Jara Corona, desempeñar respectivamente las funciones de Secretario de la Defensa Nacional y de Marina.
En fechas tan recientes como podría serlo el mes de diciembre del 2009, el Embajador Carlos Pascual dispuso de la Marina Armada de México, instruyéndola para iniciar una persecución en la carretera que va de Cholula a la Ciudad de Puebla y que culminaría el día 16 con el abatimiento en Cuernavaca de Arturo Beltrán Leyva.
Los cables de la embajada filtrados a la opinión pública por el portal Wikileaks, denotan que el embajador consideró indigna de su confianza a la Secretaría de la Defensa Nacional, en cualquier caso, ninguna de las dos dependencias en cuestión tendría que reconocer más autoridad que la del Presidente de la República.
Resulta digno de destacarse, por lo demás, que el General Jara hubiese sido galardonado en su momento con el Premio “Lenin” de la Paz, por su campaña de recopilación de firmas contra la utilización de armas nucleares en la “Guerra de Corea”, situación que nos permitiría dilucidar que, de vivir en nuestros días seguramente no se sentiría orgulloso de que la Marina actuase bajo las indicaciones del Embajador de los Estados Unidos.
La detención, y posterior orden de arraigo decretada contra el General Tomás Ángeles Dauahare podría llevarnos a pensar que las sospechas del embajador de los Estados Unidos encontraría un pleno respaldo en la realidad, solamente que tales sospechas habría sido vertidas en diciembre del 2009, momento en el que el referido General ya había pasado a retiro como subsecretario de la Defensa Nacional.
A menos que el Embajador Pascal hubiese estado en lo cierto, al margen de la eventual responsabilidad del General Ángeles, con lo que se estaría cubriendo con la sospecha de la infamia a toda la institución castrense, o que, muy por el contrario, la decisión implementada con el visto bueno del Departamento de Estado, hubiese estribado en exacerbar las diferencias entre el Ejército y la Marina, vaya a saberse con que aviesas intenciones.
Publicado en la Revista Gurú Político (http://www.gurupolitico.com) y reproducido con la autorización de su Director.
Abogado constitucionalista. Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, Dentro de su experiencia profesional destaca su colaboración en la Asociación Nacional de Anunciantes de México A.C., además de haber colaborado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo. Fue Miembro del Grupo de Asesores Constitucionales del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Es coautor del libro “Como Crear su Propia Empresa”, y del libro “100 Enfoques”, ambos editados por la Universidad del Valle de México. Ha sido profesor en diversas universidades reconocidas de la ciudad de Puebla. También incursionó en el ámbito periodístico y en la investigación, colaborando en periódicos como el Financiero, el Universal y el Sol, asimismo ha participado como comentarista en diversos programas de radio y televisión. Actualmente se desempeña como litigante e investigador. E-mail: [email protected]
