..el desconcierto que se ha experimentado en la administración de los fondos públicos, no ha sido en muchos casos por falta de capacidad, sino de probidad…
Lucas Alamán
Las cosas pintan mal: la violencia parece no tener fin, el precio del petróleo está por los suelos, la corrupción ha echado raíces en el gobierno y los Estados contraen deuda con ansiedad de cocainómano. La lista podría ser más amplia y todo indica que lo peor está por venir. Hace algunas semanas hablé de un caso prototípico de opacidad y mal manejo de deuda: el fideicomiso poblano. Para financiar una serie de proyectos, Puebla celebró un fideicomiso “privado” (aunque tiene recursos públicos) contrario a la Constitución: se afectó el impuesto de nómina de los próximos 20 años sin contar con una aprobación de esa magnitud por parte del Congreso, la operación no se registró como deuda y, sólo por no dejar fuera ninguna ilegalidad, todo lo mantuvieron en secreto hasta que un juez federal le ordenó al gobierno estatal entregar la información.
A raíz de este caso, Ricardo Raphael lanzó una pregunta que sólo de recordarla se me hiela la sangre: “¿Y si Puebla no fuera el único estado donde se han firmado fideicomisos con la marca Evercore?”. La situación es preocupante: si la deuda estatal ya de por sí es elevada, a eso debemos sumarle lo que los estados no registran como deuda, pero sí lo es, como en Puebla. Por desgracia, si seguimos rascando sale más mugre.
Recientemente Enrique Cárdenas del CEEY me compartió el proyecto de ley de disciplina financiera de los Estados. Confieso haberlo leído hace un par de meses, pero en ese entonces no me di cuenta de las implicaciones más graves. Así, en un principio, la archivé para un mejor momento. Afortunadamente, poco después Enrique insistió si había yo visto lo del posible “rescate” de la deuda estatal por parte de la Federación y entonces supuse que había pasado por alto algo importante. El proyecto tiene deficiencias considerables; sin embargo, acaso lo peor sea la posibilidad de refinanciar la deuda estatal sin mayores requisitos y la “deuda estatal garantizada”. En efecto, todo huele a “rescate”.
El refinanciamiento de la deuda
El proyecto propone que estados y municipios puedan refinanciar su deuda cuando se obtengan condiciones más favorables que en la deuda anterior. Esto del “refinanciamiento” consiste en contraer una nueva deuda más barata para pagar una deuda antigua más cara. Algo así como mandar nuestra deuda de una tarjeta de crédito a otra: si alguien debe en una tarjeta que tiene 15% de interés, es más que razonable mandar esa deuda a una tarjeta con el 10%.
En principio una operación de este tipo tiene todo el sentido: al final del día los estados pagarán menos que antes. Sin embargo, hay un truco. ¿Qué pasa si un estado se endeudó inconstitucionalmente? Pues que ahora puede aplicar un “borrón y cuenta nueva”. El proyecto no exige como requisito para refinanciar que la deuda original sea constitucional, de modo que un Estado puede contraer una nueva deuda más favorable para pagar una anterior a pesar de que la primera haya violado la Constitución. Un mecanismo para convalidar la inconstitucionalidad, pues. Es cierto que el proyecto dispone que la Auditoría Superior fiscalizará el ejercicio y destino de los recursos de los estados. Eso está bien porque así se podrán definir responsabilidades, pero por sí sólo no evita la convalidación de endeudamientos inconstitucionales.
La garantía federal, un acto muy generoso
El otro peligro es la “deuda estatal garantizada”, un esquema mediante el cual el Gobierno Federal podrá garantizar la deuda de estados y municipios. ¿Qué significa eso? Muy sencillo: cuando los estados y municipios se endeuden, el gobierno federal podrá decirle a los acreedores: “si ellos no pagan yo lo hago”. Pero el problema no termina ahí. Los únicos requisitos para hacer esto son que el estado o municipio celebren un convenio con la Secretaría de Hacienda y que, a su vez, afecten participaciones federales en los términos convenidos con Hacienda. Aquí empieza lo escandaloso.
Todo por los estados (pero sólo los amigos)
Imaginen el escenario: un gobernador está interesado en que el gobierno federal garantice su deuda. ¿Con quién se negocia el convenio? Con Hacienda. ¿Con quién se acuerdan los términos de la afectación de participaciones? Así es, con Hacienda. ¿Se imaginan el poder político de esta atribución? Si el gobernador quiere una garantía federal, hará lo que el Secretario de Hacienda diga, así sea bailar mambo. Olvídense de He-Man: con esta ley, el Secretario se convertirá en el verdadero amo del universo.
El gobierno federal al “rescate”
Imaginen otro escenario tomando como ejemplo a Puebla y su fideicomiso. ¿Podría Puebla solicitar al Gobierno Federal que garantice su “deuda”? Hoy dicen que el fideicomiso no es deuda, pero si el proyecto se aprueba muy posiblemente dirán que se equivocaron y que siempre sí. Eso significa que podrían refinanciarla, y ya sabemos que no se exige que la deuda original sea constitucional.
Así, después de “convalidar” posibles violaciones constitucionales, el Gobierno Federal puede incluso garantizar su nueva deuda refinanciada, que es tanto como garantizar la primer deuda inconstitucional. Esto, no nos confundamos, se llama rescate, y uno que no se cuida de rescatar a posibles pillos.
Con el proyecto, la Federación le dice a los Estados algo así como “mira, te portaste mal y te endeudaste de manera irresponsable pero yo te echo una mano y pagaré todo si prometes no volverlo a hacer…”. Y como prometer no empobrece, los Estados prometerán lo que sea y nosotros pagaremos los platos rotos. Si antes un oaxaqueño podía darse el lujo de pasar por alto cómo se endeudan, por ejemplo, en Michoacán, ahora la cosa cambia, pues con la “deuda estatal garantizada” todas las deudas estatales se vuelven deuda federal en potencia, y esa la pagamos todos. Por fortuna, esto aún no se aprueba (aunque está en discusión en el Congreso) y aún hay tiempo de que el Senado haga su labor. Exijamos que haga algo.
