A raíz del reciente escándalo de la bautizada como “chapo-diputada” Lucero Sánchez, de la bancada del PAN de Sinaloa, se ha reactivado la conveniencia de desaparecer esa reliquia llamada “fuero”, misma que históricamente solo ha servido para proteger delincuentes, no tan solo legisladores, pues también se extiende a otros funcionarios de la administración pública en México. La idea es que no exista una “patente de corso” ni muralla legal que favorezca la impunidad en los casos detectados, como ha sido el caso de las dictaduras militares en Sudamérica, concretamente en Chile con Pinochet y sus esbirros y Argentina en la época de los Videla, Lanusse, Ongania, y gorilas similares.
El llamado “fuero” en México es básicamente una protección que el Estado mexicano otorga a determinadas personas para el desempeño de su trabajo para proteger básicamente las opiniones que manifiesten en sus cargos.
Las iniciativas, pues son varias, para modificar, que no suprimir, el fuero teóricamente están destinadas no solo a legisladores, sino a diversos funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al personal diplomático.
Pero la reacción de los legisladores es casi unánime, de múltiples formas nos dicen que el “fuero es intocable” como requisito esencial para cumplir con los altos riesgos de sus tareas legislativas y varios, recordando sus lecciones de historia, mencionan a Belisario Domínguez, legislador asesinado por criticar al dictador Victoriano Huerta hace 102 años. Pero vale recordar que en caso de un golpe de estado, como el de Victoriano Huerta contra Madero de nada sirven leyes ni fueros, a Belisario Domínguez lo hubieran asesinado, con o sin fuero, pues en esos casos no hay ley que funcione.
¿Para que ha servido concretamente el fuero en los actuales tiempos? A Oscar Espinoza Villareal para poder escapar del país, a Mario Villanueva para esconderse a tiempo, a Felix Salgado Macedonio para agredir, ebrio hasta la ceguera, a quienes intentaban controlarlo, al “Niño Verde” para sus escándalos, al panista Rigoberto Romero por su enfrentamiento con la policía del DF filmado para un noticiero en cadena nacional, al priísta Fernando Espino Arévalo, eterno líder del sindicato del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México para evitar un juicio.
¿Algún diputado amenazado con sanciones o cárcel por su oratoria en la cámara? Ninguno. Y eso que existen intervenciones verdaderamente vitriólicas.
Por otro lado ¿de qué le sirvió el fuero a Jorge Díaz Serrano, senador de la República?, para nada, fue fulminantemente desaforado y velozmente encarcelado cuando así convino al sistema. ¿De que le sirvió el fuero al diputado Muñoz Rocha, acusado de complicidad en el asesinato de Ruiz Massieu? Para nada, y de paso muy probablemente tenga ya años de asesinado. Aunque hay que reconocer el que fuero si le sirvió para burlar a la justicia a Julio Cesar Godoy Toscano, el llamado “narcodiputado”, hermano del entonces Gobernador Leonel Godoy, y le dio tiempo para huir, estando prófugo a la fecha.
Recordemos que el Congreso ocupa uno de los últimos lugares de credibilidad, solo por arriba de los sindicatos y de la policía. A este contribuye el lamentable hecho de los desfiguros de varios diputados y su incómoda fama de prepotentes, majaderos, intolerantes y acosadores sexuales. Todo esto consignado puntualmente en diversos medios o sufrido por inermes ciudadanos.
En estos tiempos, ya en pleno siglo XXI nada es más deseable que una mejoría radical en la imagen, pero sobre todo, en el desempeño de los legisladores y funcionarios. Verdadera “Misión imposible”
