El interés de modificar en forma arbitraria la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es nueva, ni sorprende a nadie el descaro con el que vienen actuando los diferentes grupos de poder que mantienen un control férreo y para el beneficio mayor de los empoderados económicamente.
En los prolegómenos del Congreso Constituyente de 1917, los hombres de la revolución, entusiastas, iban asimilando y analizando las condiciones nacionales prevalecientes y por consecuencia, unificando un criterio general propio, en el sentido de conocer y proponer soluciones a los ingentes problemas de ese entonces. Los 219 diputados que formaban parte de ese Congreso, tanto en las ciudades como en todas partes del interior de la República, se daban a la tarea de discutir sobre qué leyes “habría que dictar para resolver la precaria situación en que se hallaban las clases laborables de México “.
La actitud y conducta de esos legisladores era totalmente diferente a la que tienen hoy los integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Principalmente se buscaba el interés general de la Patria y en ese Congreso de Querétaro, no se pensaba en los beneficios particulares que pudieran recibir al emitir su voto, y mucho menos en seguir la instrucción que a través de Felix Palavicini se daba desde la jefatura de la Revolución. Haciendo caso omiso de las instrucciones generadas por el Sr. Carranza, se pensaba en aquellas reformas tan necesarias que habrían de realizarse en la vieja Constitución de 1857 y que dieron como resultado la hoy destrozada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ese objetivo superior perseguido en 1917, devino un cambio efectivo en beneficio de los trabajadores y sus familias y en forma general para mejorar las condiciones nacionales.
Cierto es que las leyes que rigen (o debieran regir) el rumbo del país, no deben estar circunscritas o hechas para beneficio particular de un grupo, ni para perjudicar a otro, sino para mediar y mantener un ambiente proclive al desarrollo generalizado y aplicarlas sin reserva y con plena justicia; no obstante ese superior interés, en los últimos años las reformas efectuadas a la Constitución, han sido tan disímbolas que prácticamente han trastocado la esencia de la Constitución de 1917.
En forma particular, el actual proyecto calderónico de cambio o reformas en la Ley Federal del Trabajo, ha traído como consecuencia, una movilización general de cientos de miles de trabajadores que se sienten ya lesionados por los cambios que se proponen. Hoy están en un movimiento no sólo en defensa propia sino en alerta por los daños colaterales que indudablemente, de lograr el gobierno federal ese objetivo, sufrirán las clases mayoritarias. Por la conducta seguida por el bloque de los diputados solidarios con esa ley impulsada por Felipe de Jesús Calderón es claro que lo que menos les importa es el interés nacional.
A los extranjeros que expolian las ricas minas de oro y plata que hay en México, si les interesan las reformas y poco les importa la vida de los mineros, por citar sólo un ejemplo. Desde luego que al IMSS también le beneficiaría pues ya sus arcas están vacías y no cuentan con los necesarios recursos económicos para atender las necesidades de los derecho habientes. El IMSS, pues, arrastra aun gran déficit económico.
Informaciones de CNN Expansión, señalan que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ahorraría al menos 200,000 millones de pesos, si decide reducir de 25 a 10 veces el salario mínimo con el cual se fijan las pensiones de los jubilados que se retiren. “Si esta ley pasara, algunas instituciones de seguridad social, reducirían las pensiones de los jubilados afectando principalmente a los que reciben arriba de 10 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal “
En fin, de prosperar las reformas a la Ley Federal del Trabajo, coinciden los especialistas en esta materia, traería graves consecuencias para los trabajadores y beneficiaría, indiscutiblemente, a los patrones y desde luego, ¡¡ojo!!… aliviaría las finanzas públicas, que permitiría incluso hasta duplicar las grandes pensiones de los pobrecitos ex presidentes de la República bananera.
