México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene 26 años o menos y uno de cada cuatro mexicanos que vive en el país tiene entre 15 y 29 años de edad. Algunos de ellos se encuentran desarrollando sus estudios, otros trabajando, un porcentaje realiza ambas actividades y muchos otros, ninguna por el momento. Según Islas Pérez, la trayectoria “exitosa” e ideal de todo joven tendría que ser estudiar, concluir una carrera universitaria, desarrollarse en el ámbito profesional, emanciparse y formar una familia. No obstante, este proceso difícilmente es concluido satisfactoriamente por el joven mexicano promedio. Poco menos de la mitad de los jóvenes termina la preparatoria y sólo el 15% culmina los estudios superiores. La mayoría de los jóvenes se incorporan de manera anticipada al mercado laboral y eso implica que la transición que viven entre el término de los estudios y su inserción al mercado laboral, no es la más exitosa. Bajo este escenario, la vida profesional y social que le aguarda a la mayoría de los futuros adultos no es la más promisoria, ni la más deseable en términos económicos ya que difícilmente se podrá romper con los ciclos de pobreza y exclusión social que vienen arrastrando de generaciones anteriores.
La situación social, económica y política actual de los jóvenes mexicanos es muy distinta a la que vivieron sus progenitores hace algunas décadas. Por un lado, pueden presumir que tienen más años de escolaridad que sus padres (4.7 años más que en 1970), han logrado incidir y participar más activamente en la política (movimientos como YoSoy132) y pueden recalcar que se encuentran más informados a través del dominio de la tecnología (internet y redes sociales). Sin embargo, los jóvenes de hoy enfrentan una paradoja complicada, un camino incierto y un futuro oscuro. El pasado ya no es su presente, pero el presente no es el futuro anhelado. La educación ya no es garantía de lograr un empleo formal y un trabajo ya no asegura ni bienestar económico, ni profesional. Aquellos que logran un empleo tienen que encarar un mercado laboral ampliamente precario y cada vez existen más jóvenes subempleados, desempleados, laborando en la informalidad o peor aún en la ilegalidad. La cruda realidad les presenta un sistema que aprovechándose de su condición juvenil, los contrata de manera ocasional, sin prestaciones y generalmente con bajas remuneraciones. Son en pocas palabras, trabajadores pobres[1]. Al día de hoy, 28 millones de mexicanos (en su mayoría jóvenes) se encuentran en la informalidad por no contar con ningún tipo de prestación social ni contrato[2]. Esto constata el agudo problema que vive el sector juvenil y es posible palparlo todos los días. Muchachos vendiendo artículos pirata en el transporte público, jóvenes respondiendo llamadas en call centers sin algún contrato formal, muchachas orilladas a trabajar como sexoservidoras y otros tantos que mejor se dedican a actividades mejor remuneradas como el secuestro, robo y narcotráfico. Ante tal situación es oportuno preguntarse, ¿El trabajo ya no es visto como un vehículo que permita el desarrollo individual y colectivo? ¿El vínculo entre la educación formal y la transición exitosa al mercado laboral se ha roto?
Cuando los jóvenes no visualizan una trayectoria laboral que les garantice una movilidad socioeconómica positiva – una trayectoria laboral decente – empiezan a cuestionar la validez de la educación y del mercado de trabajo como medios para obtener el progreso personal y social, lo que acaba generando desmotivación y apatía así como problemas para la cohesión de la sociedad y la integración social de los propios jóvenes[3]. El escenario que viven los jóvenes resulta desalentador y deja un reducido espacio para la esperanza; sin embargo, existen algunas soluciones que podrían ayudar a mejorar y revertir esta lamentable situación. En primer lugar considero que se deben generar políticas públicas para que los jóvenes no se vean obligados a abandonar sus estudios de manera anticipada evitando así su incorporación a trabajos de poco valor agregado. En segundo lugar el gobierno debe garantizar y promover que los empleadores provean protección social a los jóvenes, salarios dignos y no promover reformas laborales que formalizan las contrataciones por hora o por proyecto, trabajos sin prestaciones o garantías laborales. Promover cambios de esta índole sólo genera incentivos para no ver el trabajo formal como un medio de ascenso social y buscar alternativas informales o ilegales que sí garanticen de alguna manera cierto bienestar económico. Finalmente, debemos recordar que el trabajo digno concebido como derecho humano es un elemento primordial para generar una sociedad más participativa, productiva, involucrada en los asuntos públicos y orientada hacia el desarrollo tanto individual como colectivo.
[1] Se refiere a la condición bajo la cual el trabajador no supera el umbral de pobreza (OIT, 2006)
[2] Véase http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_184.html
[3] Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010)
Fuente: Análisis Político – La juventud en México: Escenarios educativos y laborales
