Suena incomodo, pero los “normalistas” de Ayotzinapa cargan una imagen bastante negativa, ganada a pulso. Escuela normal de muy bajo nivel académico, singularizada por actividades que nada tienen que ver con lo académico, básicamente secuestro de autobuses de pasajeros, tomas de casetas de autopista, bloqueos o actos similares donde se imponían por la violencia. Nunca tuvieron problemas para agredir, bajar el pasaje a media carretera, robar tiendas de autoservicio y causar destrozos múltiples. El colmo fue el incendio de una gasolinera donde un trabajador de la misma sufrió quemaduras que finalmente le causaron la muerte. Esos actos delictivos nunca se castigaron, ni importaron, la muerte del trabajador de la gasolinera, Gonzalo Rivas, tampoco, es una baja colateral en la lucha contra el “Estado represor”.
Acostumbrados a hacer lo que querían, un buen día de septiembre del año pasado, alguien con nivel de mando en la Normal decidió que un grupo de los muchachos fueran a un evento a Chilpancingo, aunque posteriormente se dirigieran a Iguala, todo indica para boicotear un evento de la esposa del presidente municipal de esa población. ¿Qué hicieron?, lo que sabían hacer, secuestrar varios autobuses. ¿Qué paso después? Lo que nunca previeron, ni los muchachos ni su jefes; fueron interceptados por policías municipales de Iguala, bajados de los autobuses, a varios de ellos los ejecutaron de inmediato y un buen número de ellos fue entregado a la policía de Cocula y un grupo de narcos, quienes con singular saña los mataron e incineraron.
¿Motivos? Ahí es donde la investigación flaquea. Para entender todo se debe tomar en cuenta algunos datos. Primero, Guerrero es actuablemente el principal proveedor para los EUA de goma de opio, producto precursor de la heroína y morfina; ninguna región en el continente produce más que Guerrero. Segundo, todas las investigaciones han señalado que las autoridades (perredistas) de Iguala, desde el presidente municipal hasta el último policía estaban controladas por el narco. Tercero, un detalle que surgió en las primeras investigaciones fue el secuestro de un quinto autobús, evento que misteriosamente se silenció rápidamente; este autobús, a decir de varios informantes, transportaba cientos de kilos de goma de opio con destino a la frontera de Tamaulipas; este detalle , por sí solo, explicaría la violenta defensa de este autobús por parte de diversas corporaciones policiacas, se dice que intervinieron tanto policías municipales como federales, y la saña con que fueron asesinados los primeros estudiantes, confundidos con integrantes de un cártel rival.
Razonemos, ¿Qué implica llenar un autobús de pasajeros con goma de opio y llevarlo a la frontera? Sencillo, los que lo hicieron contaban con la existencia de una extensa red de complicidades capaz de permitir el paso, sin problemas, por retenes diversos, tanto de policías federales como del ejército y la aduana fronteriza. Eso significa corrupción y complicidad a muy alto nivel.
El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH si bien desbarra en relación al proceso de incineración de los estudiantes, y da por hecho cosas indemostrables, tiene la virtud de sacar a flote el tema del quinto autobús y los nexos con el narcotráfico. Que las declaraciones del “experto” Sr. José Luis Torero no se sostienen ni con puntales y horcones es cierto, ese señor solo estuvo unos minutos en el sitio donde se cremaron los cuerpos, 10 meses después del evento, no analizó nada, no tomo muestras de nada, y a “ojo de buen cubero” saco sus cuentas; dijo lo que dijo por indicaciones de no sé quién, en contra de la opinión de expertos que sí estuvieron físicamente en ese lugar y procesaron infinidad de muestras. Fuera de ese desatino, el informe tiene detalles que deben ser tomados en cuenta.
A estas alturas se pueden concluir varios hechos. Primero, los 43 están muertos, casi seguro incinerados en el basurero. Segundo, los autores intelectuales y materiales, ya detenidos, son autoridades municipales y estatales controladas por el narco; pero falta investigar a más funcionarios. Tercero, el asunto ha sido manipulado por la llamada “prensa facciosa” y sus amanuenses para golpear al gobierno federal que, en buena parte, no tiene vela en el entierro. Cuarto, se debe investigar, a fondo, todo lo referente a ese quinto autobús. Quinto, el Estado no los mató, fueron los narcos.
Alejandro Vázquez Cárdenas
