Para todos es evidente que esta grave problemática sería impensable si no fuera por la corrupción que permea muchas de nuestras estructuras públicas y sociales. El Presidente electo Enrique Peña Nieto ha anunciado la creación de una poderosa comisión anticorrupción.
El asesinato del hijo del ex gobernador Humberto Moreira pareciera consecuencia de la nefanda complicidad de los responsables de las policías de Coahuila -en particular ha aparecido en ese caso el nombre de Rodolfo Castillo Montes, subdirector de la policía de Ciudad Acuña-.
La sonada agresión en Tres Marías, en la carretera hacia Cuernavaca Morelos, a una camioneta blindada con funcionarios de la embajada norteamericana, presuntamente miembros de cuerpos de inteligencia de ese país que iban acompañados de un marino mexicano -y que los funcionarios norteamericanos han calificado de emboscada, de una celada para matarlos-, fue perpetrada por policías federales que además viajaban en autos no oficiales y no portaban uniforme: iban vestidos como civiles y acribillaron a la camioneta blindada por varios minutos, superando cualquier posibilidad de confusión.
A mediados de septiembre de este año se fugaron 132 reos del penal de Piedras Negras. Primero dijeron las autoridades que habían escapado a través de un túnel, pero después los videos y otras pruebas demostraron que habían salido a pie por la puerta, con la obvia complicidad de muchas de las autoridades de ese centro de reclusión.
Esos hechos confirmaron una vez más que los penales en México se encuentran fuera del control del gobierno. Que el poder es ejercido por los propios delincuentes, especialmente por los más peligrosos ligados al narcotráfico, que en una suerte de autogobierno han convertido los penales en escuelas del crimen y en centros de logística desde los cuales dirigen sus acciones para secuestrar, extorsionar y asesinar sin ninguna restricción, con la protección cómplice de las autoridades.
Estamos lejos de poder ser calificados como un Estado fallido, lo cierto es que millones de personas acuden todos los días a sus centros de trabajo, se transportan por ciudades y carreteras, asisten a las escuelas así como a lugares de recreación realizando sus actividades ordinarias.
Se han alzado muchas voces nacionales e internacionales pidiendo que se revise la estrategia seguida, hasta ahora, por el gobierno del Presidente Calderón, pero no ha habido una actitud de apertura para asimilar críticas y aceptar cambios importantes en la estrategia. Han sido propuestas muy diversas soluciones, desde la despenalización de algunas drogas hasta un enfoque más preciso para el abatimiento de algunos delitos que afectan en mayor medida la tranquilidad de la ciudadanía como los homicidios, los secuestros, las extorsiones, el robo de autos, los asaltos en la vía pública y los robos en casas habitación.
También se ha insistido en un control mucho más severo para evitar el lavado de dinero y la operación de las empresas ligadas a la delincuencia, que constituyen los canales por los cuales llegan, finalmente, los recursos económicos a los líderes de las bandas.
Algunos analistas y observadores han expresado el temor de que la solución que adopte el nuevo gobierno sea la de lograr un cierto entendimiento o negociación con las bandas de delincuentes, que a cambio de adoptar algunos matices que reduzcan la percepción de la violencia más notable, puedan continuar con esos negocios infames con la consecuente grave afectación para la ciudadanía que, a la larga, sabe que tendrá que pagar la ominosa situación de que su vida dependa de estructuras mafiosas.
La solución del problema no es sencilla en ningún caso. En México, tiene características peculiares por la vecindad con los territorios de producción de Centro y Sudamérica y con el principal mercado de consumo de enervantes en el Norte. Pero el problema es de carácter global y su solución debe serlo también.
