La presentación del proyecto para crear la “Comisión Anticorrupción” por parte del Presidente electo Enrique Peña Nieto a generado expectativas alentadoras por parte de la sociedad, el combatir en forma eficaz a la corrupción, significa enfrentar uno de los problemas mas sensibles que le fueron exigidos durante su campaña. El desprestigio de la clase política ha generado una desconfianza creciente en las instituciones de gobierno.
Cualquier iniciativa promovida, producida o administrada por las áreas de gobierno en todos sus niveles ha sido contaminada por la ambición y mala fama de la clase política que es poco confiable y de baja calidad.
Por ello es importante considerar que esa Comisión, atacara la corrupción frontalmente y ello implica que actuara contra servidores públicos, pero también contra particulares que se vean involucrados en complicidad por actos de corrupción, no se puede afirmar que los políticos son siempre corruptos y los ciudadanos son siempre buenos.
Y de otro lado, el desprestigio de los servicios públicos se ha nutrido por la actitud de una clase política que menosprecia sistemáticamente la gestión pública, en los hechos muchas veces se convierten y comportan como empresarios de la política y no servidores públicos, olvidándose que su obligación es servir con transparencia a la sociedad.
La Comisión en su actuar tendrá que empezar a reconstruir la confianza en el sector público, en sus decisiones, en la forma en que gasta el dinero, en sus procesos internos, en la calidad de los servicios que ofrece y, sobre todo, en sus resultados.
Coincido plenamente con el destacado periodista y escritor Mauricio Merino cuando señala:
“Es probable que la definición que adopte el nuevo órgano sea un poco más sofisticada. Que diga, por ejemplo, que la corrupción sucede cuando alguien abusa de sus atribuciones para obtener un provecho ilegítimo. En ese caso, la nueva comisión no sólo tendría que perseguir las conductas ilegales sino prevenir el abuso de la autoridad, estableciendo límites y fijando estándares de operación. Tendría que reconocer las restricciones y los desafíos que ya aceptan las convenciones internacionales que se ocupan de este tema, admitiendo que la corrupción no sólo ocurre cuando ya se ha dejado constancia de una falta a la ley, sino que también sucede cuando la propia norma auspicia el abuso del poder.”
La nueva comisión tendría que actuar así sobre el conjunto de las facultades otorgadas a las administraciones públicas y no sólo en los casos específicos en que se haya vulnerado el derecho. Sería una comisión destinada a prevenir el abuso de la autoridad y, a la vez, a perseguir a los corruptos. Sería así una comisión con facultades extraordinarias.
La rendición de cuentas puede ser la puerta de entrada hacia la devolución de la confianza en nuestros gobiernos.
