La realidad ha puesto el tema de la corrupción en los medios de comunicación con enorme sonoridad, derivado de Iguala, de la protesta contra la acción de la autoridad, pero la atención se ha centrado en el fracaso del sistema de seguridad pública y judicial, dejando de lado, el fracaso de la fiscalización.
Hasta ahora, el Pleno del Congreso de Michoacán ha dado la primera lectura al nuevo Código Penal, en donde los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito por parte de servidores públicos sean considerados delitos graves. Después de casi veinte años, que nuestro país ha suscrito las disposiciones de la Convención para combatir el cohecho de la OCDE, la Convención Interamericana contra la corrupción de la OEA, y la Convención de la ONU contra la corrupción, cuando la constante en su práctica, en lo evidente, el incumplimiento a sus principios de legalidad, celeridad, eficiencia e imparcialidad, entre otros, que han quedado en retórica, pero ante los hechos: el desorden financiero en el estado de Michoacán; la falta de rendición de cuentas, transparencia, y sanción; en acciones y declaraciones de legisladores y del titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) que caminan en sentido contrario, y quizá sea la razón por la que Michoacán ha estado atrás.
Atrás de la historia, cuando los legisladores creen que el aumento en el castigo coadyuvará en la prevención y garantía de la reparación del daño, y por ende, en el combate a la corrupción. Pero su golpe otra vez va dirigido a la sombra. Dado que el problema no se encuentra en promulgar nuevas disposiciones jurídicas sino en cambiar el diseño institucional y a los responsables de la Auditoría Superior de Michoacán y de la Coordinación de Contraloría del Poder Estatal, aunque éste último apenas ha llegado, cero y van cuatro en una gestión pública tan corta que más bien han dado pena, aunque la verdadera pena es por lo que sucede día con día en las entidades estatales y municipales, la falta de recursos. Sí en los municipios no hay para obra, en las Secretarías no hay papelería, gasolina, apoyo y pago oportuno de gastos de camino y viáticos, aunque se añade la inconformidad de los proveedores y prestadores de servicios. La operatividad y funcionalidad de la gestión pública se encuentra colapsada, es decir, fracasada. Y continúa bajo el amparo de declaraciones, como las del titular de la Auditoría Superior de Michoacán, en relación a Desiderio “aún mantiene observaciones vigentes que no se han desvanecido en su totalidad” y agregó que nunca tocará el tema de los desfalcos porque cualquier funcionario deberá de acudir a audiencia y presentar sus pruebas “(La Voz de Michoacán, 5 de noviembre de 2014, p.5 A). Más, ¿Cómo se solventa la corrupción?
Sí, ¿cómo se solventa el peculado y el enriquecimiento ilícito en la Auditoría Superior de Michoacán?
La Auditoría Superior no sólo carece de los medios sino que en su enfoque no se encuentra la búsqueda e investigación de los fenómenos. En realidad, el surgimiento de las agencias, oficinas o comisiones anticorrupción (hace más de diez años) ha deslindado a las entidades de fiscalización superior de establecer no solamente procedimientos sino métodos que permitan garantizar la certeza y oportunidad de su práctica y resultados. Luego entonces, el problema de la demostración, de las pruebas, es el quid de toda fiscalización,
Pero la rendición de cuentas y transparencia demanda que las pruebas y resultados se sometan al escrutinio público, de otra forma no se entenderá la libertad bajo fianza a Mirella y Humberto Suárez, como tampoco lo fue el perdón otorgado a América Aguilar Rodríguez, o el olvido de las observaciones de los informes de las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación, o las acusaciones de corrupción en la Tesorería a finales del año 2002, o que el titular de la Auditoría Superior afirme que “hasta el año 2013 la ASM detectó que recursos federales para obra pública se desviaron para pago de nómina” (www.provincia.com.mx, 5 de noviembre de 2014). Porque pudiera indicar que el titular de la Auditoría Superior de Michoacán peca de mentiroso o es incompetente, o tal vez sea los dos. En una situación económica, social y política que amerita no sólo el combate a la corrupción desde la seguridad pública, la corrupción es también una parcela o un campo que necesariamente la auditoría pública debe definir, y como no sucede así, parece que esta Legislatura pasará como otras, atrás de los hechos y problemas, y muy atrás de la historia.
Mario Alberto Gómez Maldonado
Noviembre 10, 2014.
