Estos últimos días se han generado en la prensa, algunas opiniones en torno a la posibilidad de aplicar la facultad prevista en el artículo 76 constitucional, que versa sobre la declaración que puede hacer el Senado respecto a la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, propiciado por el asunto de los conflictos en el estado y muy especialmente del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron secuestrados en Iguala desde el 26 de septiembre y de cuyo paradero aún no parece saberse nada. En torno a dicho tema es importante aclarar algunas aristas.
Existe un instrumento excepcional previsto constitucionalmente, es la facultad para declarar la desaparición de poderes en una entidad, esta facultad tiene por objeto reconocer una situación de facto por virtud de la cual, la estructura fundamental del Estado ha desaparecido en una entidad federativa y por ello, es necesario restaurar el gobierno en dicha entidad mediante la implementación de mecanismos para volver a erigir los poderes. Es decir, la herramienta referida tiene un carácter reparador frente a una situación de facto en la que hay un vacío, y dota de legitimidad a una nueva estructura de gobierno, sin embargo, no es un instrumento para disolver estructuras existentes, ni para deponer gobernantes en turno, pues dicha interpretación trastocaría los pilares fundamentales de los principios democráticos y republicanos que se arraigan en la constitución federal, siendo que esta evidentemente no fue la intención del constituyente.
Es por ello que considero que en el caso concreto, la figura no es aplicable al caso de Guerrero, pues en primer lugar no es cierto que hayan desaparecido los poderes en la entidad. Existe Gobernador, existe órgano legislativo integrado por representantes populares, y existe la infraestructura de gobierno necesaria para que no se cumpla el supuesto de facto al que se refiere el artículo 76 constitucional. En todo caso le corresponde al Gobernador y su partido tomar la decisión de separarse del cargo para intentar bajar la presión social en el estado.
El caso de Guerrero, como otros acontecidos en el País debe analizarse a la luz de la realidad social, empezaríamos por reconocer las carencias sociales y la debilidad institucional que necesariamente originan violencia y corrupción, y si a esto le agregamos la existencia de un grado importante de impunidad corremos el riesgo de caer en un total rompimiento del tejido social.
Es necesario convocar a una reforma profunda de nuestras instituciones. Obviamente es una realidad para todo Mexicano que este al tanto de los últimos eventos ocurridos en Guerrero, que existe una relación manifiesta entre el crimen organizado y las fuerzas del orden. Incluso, pudiera pensarse que las fuerzas del orden han desaparecido en algunos municipios del estado, y por ello seria necesario proceder a la desaparición de poderes. Sin embargo, la problemática es de otra índole.
Ha existido ineficiencia de la estructura y coordinación de gobierno en los tres niveles, la desaparición de poderes ¿con que objeto se haría? Si la facultad tiene por objeto convocar a elecciones para restaurar los poderes electos y la razón por la que se pretende ejercer la facultad es la ingobernabilidad imperante por el crimen organizado, ¿como se pretende garantizar la democracia en las elecciones que se llevarían a cabo? La facultad de declarar desaparecidos los poderes no es un mecanismo de solución de problemas de ingobernabilidad producida por el crimen y por la impunidad y por ello no debe echarse mano de ella para afrontar el problema. La cuestión tiene que ver con la necesidad de que las estructuras de gobierno se coordinen y funcionen. Si existen problemas de corrupción o de ineficiencia de las estructuras de gobierno, estas se seguirán presentando en este gobierno o el siguiente, hasta que no se encuentre un remedio relacionado con hacer eficiente el combate al crimen y la restauración del orden, pero estos objetivos no se pueden alcanzar de tajo con una especie de “borrón y cuenta nueva” electoral, pues no debe perderse de vista, que los nuevos gobernantes llegarían a ocupar la misma infraestructura gubernativa que adolece de ineficiencia.
Por otra parte, pudiera pensar alguien que es necesaria la intervención del ejercito, restringiendo libertades para hacer frente al problema, esto se haría consistir en el llamado estado de excepción al que alude el articulo 29 constitucional. Sin embargo, no es Guerrero, Michoacán o Tamaulipas los únicos estados donde existen estos problemas de inseguridad, y si la salida del estado mexicano es la implementación del estado de excepción entonces la misma solución seria aplicable para otras latitudes del país, lo que restaría el carácter excepcional de la medida, siendo además que implicaría un reconocimiento implícito del fallido estado de derecho.
No soy ajeno al sentimiento de impotencia y frustración que impera en la gente de Guerrero, los familiares de los normalistas desaparecidos o los que fueron sacrificados, duele reconocer que en gran medida las instituciones y fuerzas del orden, en muchos casos, han sido rebasadas por el crimen, pero como sociedad es necesario encontrar la solución para restaurar la paz y recuperar el Estado, no se puede aceptar que sea a través de la violación de la ley como se justifiquen las protestas por legitimas que estas sean, es necesario fortalecer las instituciones y no debilitarlas con declaraciones irresponsables y sin sentido.
No existen soluciones inmediatas y cualquiera que sea la que se tome requerirá tiempo y esfuerzo de todos. Considero que la medida en el tema no es la desaparición de poderes ni tampoco el estado de excepción, la problemática que ha generado el cáncer que ahora padecemos tiene que ver con la falta de transparencia, la impunidad, rendición de cuentas y estos aspectos atañen al impulso que debe darle la sociedad para combatirlos.
Me parecen acertadas las propuestas hechas por los tres partidos más representativos del país, para asumir dentro de sus propias instituciones el compromiso de blindar la selección de candidatos para evitar la repetición de hechos como los que llevaron a la postulación del ahora prófugo alcalde de Iguala, José Luis Abarca. El compromiso carece de soporte legal y procedimental, por lo que tendrán que reglamentarla estatutariamente para lograr la credibilidad de la sociedad, estoy seguro que con la participación de la misma sociedad, se puede logara certeza y participación electoral en las próximas elecciones. Además se puede blindar la elección a través de un acuerdo entre todos los partidos, que faculte al INE y a los institutos locales para recibir y verificar la entrega de información adicional de cada candidato, de tal manera que, en caso de incumplimiento, sean los partidos quienes subsanen la omisión, o cancelen la solicitud de registro.
Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí
