Por: Enrique Bautista Villegas
El anuncio dado a conocer este domingo sobre la firma del llamado Pacto por México ha generado optimismo en una parte importante de la opinión pública nacional y escepticismo y descontento en otra.
Optimismo porque sugiere, por lo menos de inicio, la intención del nuevo titular del Ejecutivo y de los integrantes cercanos de su equipo de impulsar el desarrollo de una gestión sexenal como resultado de las preocupaciones y propuestas, no sólo de quienes lo apoyaron para llegar a la Presidencia de la República, sino también de quienes apoyaron una candidatura diferente. Habrá que esperar para saber hasta dónde esta intención es genuina o se limita a retórica pura.
El escepticismo y descontento surgen, más que de considerar que el contenido del acuerdo no refleja las demandas de la mayor parte de los mexicanos, de la forma en que se construyó el acuerdo y desde luego de la cuestionable representatividad de quienes lo signaron.
Ya en una colaboración anterior quien esto escribe señalaba que resulta erróneo asumir que los dirigentes formales de los tres partidos políticos cuentan con el aval de la mayoría de los ciudadanos del país, de los militantes y simpatizantes de sus propios partidos, o del pleno de sus consejos políticos nacionales, siquiera para la firma del documento referido. Este hecho quedó de manifiesto públicamente y en forma inmediata en el caso del PRD, donde el secretario general y la mayor parte de los integrantes del Consejo Político partidista convocaron a una conferencia de prensa para cuestionar las facultades de su presidente nacional de asumir un compromiso de tal naturaleza sin haber previamente consultado a los órganos de dirección colectivos establecidos en el estatuto. Este tema seguramente será parte fundamental de la agenda extraordinaria del Congreso Nacional perredista programado para celebrarse a partir del día 14 de este mes. El asunto conlleva, desde luego, el riesgo de un sisma político aún mayor al que actualmente vive en su interior de ese partido.
Habrá que esperar algunos días para conocer si surjan inconformidades en el seno de los otros partidos que suscribieron el documento, así como de quienes no fueron convocados a la firma del mismo.
Lo que pareciera ser una realidad es que el anuncio de la concreción del pacto ha despertado el interés de la opinión pública y es visto con esperanza por buena parte de la población, dada la profunda crisis social, económica y de valores, en que se encuentra sumido el país.
En realidad el Pacto por México constituye en este momento exclusivamente un catálogo de buenas intenciones. Los enunciados generales que contiene son todos plausibles, aún cuando están sujetos a las interpretaciones que el lector les quiera dar. Cabe subrayar que aún aquellos temas de preocupación para los integrantes del PRD, otros partidos que se asumen de izquierda, y los grupos de la población de perfil progresista se incluyeron en el documento enunciando puntualmente las posiciones que los mismos sostienen. Me refiero a los temas relacionados a la soberanía nacional en materia energética y los relativos a las características de una profunda reforma hacendaria.
En el primer caso se reconoce el principio de que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. En el segundo se establece el compromiso de eliminar los privilegios fiscales, tales como el régimen de consolidación fiscal y de someter a revisión la política de subsidios y regímenes especiales, ambos, temas señalados sistemáticamente como prioritarios para el desarrollo nacional por los partidos de izquierda y los grupos de la población con visión progresista.
La viabilidad para hacerlos efectivos dependerá sin duda de largas y complicadas negociaciones que requerirán de la participación de representantes genuinos de los diferentes sectores de la sociedad mexicana.
Ciertamente, el método seguido para la redacción del acuerdo firmado y dado a conocer es cuestionable y deja mucho que desear. Sin embargo, debe reconocerse que el documento contiene postulados que la mayor parte de los ciudadanos han recibido positivamente. Lo que en realidad pareciera cuestionarse duramente es la forma, no el fondo. Sin ánimo de disculpa por la premura y sigilo con que el acuerdo se redactó y firmó, debe señalarse que tal vez si no se hubiera dado así, nunca se hubiese concretado.
Vale la pena ahora asumirlo como lo que es: un guión propositivo; un catálogo de buenas intenciones, y hacerlo realidad con la participación de representantes genuinos de los diferentes sectores de la sociedad, incluidos desde luego los representantes de los Poderes de la Unión y los partidos políticos.
