Tradicionalmente el ejercicio de la medicina en casi todos lo países ha tenido el privilegio de contar que lo que podríamos llamar “secreto profesional”. Siendo la enfermedad un evento de naturaleza íntima y muy personal, imagino que a nadie le resultaría agradable saber que su historial médico pueda ser ventilado públicamente. Nadie tiene por que enterarse que el gerente “X” padece hemorroides o que la jefa de departamento “Z” tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo y debe usar pañal. Mucho menos exhibir públicamente enfermedades que tienen una carga negativa como sería una enfermedad venérea o el estigmatizante SIDA.
Pero como todo en esta vida, encontramos que casi cualquier cosa que analicemos tiene varias aristas. Resulta que los humanos no vivimos solos, vivimos e interactuamos en una sociedad con alta movilidad. Por lo tanto lo que hagamos o dejemos de hacer afectará a un determinado grupo de gente. Dentro de esta línea de razonamiento surgió hace algunos años la inquietud para legislar algo que de entrada suena incómodo: Conocer al fondo el estado de salud de un político que aspire a mandar en un país. El soporte histórico para esta petición existe. Hay ejemplos de situaciones médicas que afectaron el destino de países al no conocerse el grado de enfermedad de un candidato o un presidente en funciones; recordemos algunos: El cáncer prostático de Miterrand, diagnosticado en 1981, al inicio de su primer periodo, fue ocultado hasta 1991, cuando estaba a la mitad de su segundo periodo y ya para entonces las condiciones de salud del mandatario eran francamente malas.
Entre otros casos relevantes tenemos en 1982, la muerte del líder soviético Leonid Brezhnev que permitió la llegada al poder de Yuri Andropov, quien a sólo tres meses de asumir funciones tuvo que someterse a una operación urologica, pasando en el hospital la mitad de los quince meses que estuvo en el poder. A su muerte en febrero de 1984, le sucedería Konstantin Chernenko quien fue electo a pesar del consejo médico, y duraría en el cargo sólo un año y un mes, permitiendo el arribo al poder de Mijail Gorbachov, con las consecuencias históricas que ya conocemos.
En Latinoamérica tenemos el caso del ecuatoriano Abdalá Bucaram, apodado El Loco, depuesto en febrero de 1997 de la Presidencia que había asumido apenas seis meses antes, por una resolución del Congreso de su país que lo declaró “incapacitado mentalmente para gobernar” en medio de una grave crisis de gobernabilidad.
Más reciente, julio de 2000, fue el caso del Presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, que enfrentó la intención del parlamento de esa nación para examinarlo médicamente y determinar su aptitud mental para gobernar, en medio de constantes denuncias de abuso de autoridad.
El reciente caso de renuncia a la gubernatura de Michoacán “Por motivos de salud” del Sr. Fausto Vallejo pone nuevamente en el tapete esta discusión. A la luz de lo que se conoce actualmente, evidentemente el Sr. Vallejo jamás debió ser candidato a Gobernador, las patologías que ya desde entonces tenia hacían suponer, con certeza, la imposibilidad de desempeñar ese cargo bien, en plenitud de facultades y por el tiempo programado.
Fausto es un político con evidentes limitaciones, eso ya era conocido, pero a sus carencias se agregaron una serie de enfermedades importantes, controlables pero no curables, que rápidamente lo obligaron a pedir continuamente licencias y finalmente ameritó un transplante de hígado. Su evolución posterior fue la previsible en esos casos, aunque torpemente se pretendió vender la falsa idea de una “recuperación” importante, pero la dura realidad mostraba a un personaje enfermo, limitado, en ocasiones no muy coherente.
Para colmo de males Fausto recibió en Estado en pésimas condiciones, después de dos desastrosas administraciones perredistas que hundieron y “quebraron” a Michoacán. Cierto, no fue culpa de el, pero tampoco tuvo la capacidad ni el valor de resolver los graves problemas de corrupción heredados. La situación empeoró cuando aparecieron las “autodefensas” y el gobierno federal se vio obligado a tomar las riendas de la administración estatal nombrando un virtual Virrey.
Finalmente, entre su mala salud, su incompetencia y los escándalos que alcanzaron a su familia, Fausto se vio obligado a renunciar.
¿Había necesidad de toda esta tragedia? Ninguna, Fausto nunca debió ser candidato a Gobernador. Le hubieran ahorrado muchos problemas al Estado.
La iniciativa para legislar el tema es interesante, pero sospecho que está condenada a dormir en la llamada “congeladora”
