El “Pacto por México” es un compromiso entre las tres principales fuerzas políticas de México y el nuevo Presidente para sacar adelante algunas reformas básicas, como la educativa, la de telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. El texto, firmado por los líderes políticos el día dos de diciembre, tiene cinco capítulos que tratan temas como la seguridad y la lucha contra la corrupción. Uno de ellos se dedica al tema económico y se titula: Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad.
No obstante, para José Miguel Pérez, profesor investigador de Administración Pública en el Tec de Monterrey este pacto “no es ninguna novedad”. “Esperemos que no sea una de las muchas ocurrencias de la política mexicana que no han llegado a más, porque cuando este tipo de pactos han funcionado, como es el caso de los Pactos de la Moncloa en España, los resultados fueron magníficos”, asegura.
¿Qué propone el capítulo económico?
A lo largo de sus 11 subtemas, el capítulo económico del Pacto por México destaca la importancia de una mayor “eficiencia recaudatoria”, la necesidad de “fortalecer las finanzas del Estado”, de tener un “gasto público más eficiente”, de fijar “pagos por servicios ambientales” , de utilizar el “crédito como palanca de crecimiento”, de extender las actividades de exploración en Pemex, de “realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo”, la promesa de “invertir el 1% del PIB en ciencia y tecnología”, de “fortalecer a la Comisión Nacional de la Competencia” y de reformar el sector de telecomunicaciones, entre otros asuntos, como el impulso de la sustentabilidad y de una “economía baja en carbono”.
El “qué” queda claro. El pacto busca detonar la competitividad de la economía nacional, para que ésta sea más amigable con el medio ambiente, utilice mejor sus recursos escasos y, en lo respecta al sector público, el Gobierno logre, en palabras de Peña “hacer más con menos”.
Sin embargo, el “cómo” es la parte menos desarrollada del acuerdo. Por ejemplo, se señala la necesidad de aplicar una reforma energética, pero no se establecen los mecanismos para permitir la inversión de empresas privadas y extranjeras en Pemex. Se promueve una economía baja en emisiones de gases con efecto invernadero (GEI), pero no se plantean medidas prácticas para conseguir esta reducción, ni metas sectoriales específicas.
No obstante, en relación al sector de telecomunicaciones, el Pacto por México sí propone mayor autonomía para la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Y, en este sentido, Peña ha declarado que se licitarán al menos dos nuevas cadenas de televisión abierta.
En cuanto al empleo, el Pacto asegura que es necesaria una inversión público-privada del 25% del Producto Interior Bruto (PIB), para lograr un crecimiento mínimo del 5% a nivel nacional y la creación de empleo que requiere la sociedad. Aunque se limita a plantear estas cifras, sin determinar de dónde saldrá el capital para la inversión o cómo se crearán los 1.5 millones de nuevos empleos que demanda el mercado laboral año con año.
¿Para qué servirá el acuerdo?
El apoyo por parte de los tres grandes partidos garantiza la aprobación de cualquier Ley en el Congreso de la Unión, sin embargo, cabe mencionar que muchos de los objetivos trazados por el Pacto no se alcanzarán sólo mediante la aprobación de nueva legislación.
El texto se enfoca en el rol del Gobierno y sólo en menor medida en la participación del sector privado en general y de organizaciones civiles en particular, imprescindibles ambas para conseguir una economía más sustentable y con un nivel más bajo de emisiones de GEI. Si bien, en el caso del desarrollo de líneas férreas para pasajeros, que es otro de los objetivos planteados en el Pacto, el Gobierno sí podrá restringir las licitaciones desde un comienzo, para que el impulso de este subsector esté en línea con los objetivos ambientales.
Dentro del Pacto, el tema económico que depende en mayor medida de los propios partidos no es otro que el del gasto público. En este sentido, el Pacto empodera a la sociedad civil para exigir resultados más eficaces a los responsables de la Administración pública, como contar con cifras macroeconómicas y de deuda pública federal y estatal que no pongan en peligro la estabilidad.
Ley Hacendaria, en camino
El “Proyecto de Ley de responsabilidad hacendaria”, tiene como objetivo impedir que las Entidades Federativas y el propio Gobierno Federal se endeuden demasiado. Sin embargo, este objetivo puede representar un obstáculo para cumplir con otra meta del Pacto, la de utilizar el crédito como palanca de crecimiento. Armonizar ambos determinará la estrategia gubernamental hacia los bancos. Y, en este sentido, la sociedad civil demandará responsabilidad, para evitar burbujas como la de 2008 y nuevas crisis financieras que puedan golpear a la economía, como ocurrió en 2009, cuando el PIB cayó más del 6%.
Diputados han destacado que para el ejercicio 2013 se buscará un déficit cero, así como “racionalidad” en los programas de gasto. Por su parte, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja prevé que la Ley de Ingresos para el próximo ejercicio sea aprobada hacia el 19 de diciembre, con la premisa de que no se impondrán nuevos impuestos.
Así, la Ley de Responsabilidad Hacendaria será la primera prueba para el objetivo de mantener un déficit cero y de mostrar una mayor eficacia del gasto público, en particular del gasto corriente, que, según un estudio realizado por el Tec de Monterrey, aumentó en 800 mil millones de pesos (mdp) entre 2006 y 2011, lo que implica que creció más que la inversión pública.
El Dr. José Luis de la Cruz, coautor del estudio, afirma que si los funcionarios de élite recortaran sus sueldos un 15%, podrían pagar 800 mil salarios mínimos, pues el reporte demuestra que más de 152 mil funcionarios públicos perciben un ingreso de 500 mil pesos anuales, o más.
¿Crees que la reforma energética y fiscal deben contar con el apoyo de los tres partidos mayoritarios o debe haber oposición?
