En acto realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, formalmente el pasado lunes 10 del presente, el presidente Enrique Peña Nieto entrego al H. Congreso de la Unión y presentó a la sociedad nacional, con el anticipado y evidente respaldo de los tres principales partidos políticos mayoritarios nacionales – PAN, PRD y PRI -, su propuesta de Reforma Constitucional en Materia Educativa.
Con la ausencia de la líder vitalicia del sindicato nacional de trabajadores de la educación – SNTE -, Elba Esther Gordillo Morales, el Ejecutivo Federal solicitó el respaldo no solo de las fuerzas políticas y del poder Legislativo sino de toda la sociedad para que prospere esta iniciativa y expresó: “esta iniciativa es producto del consenso de las fuerzas políticas representadas en el pacto y no suple de ningún modo, el proceso legislativo contemplado en nuestro orden constitucional. Reconocemos y respetamos las atribuciones del Congreso de la Unión para discutir, enriquecer y, en su caso, aprobar la propuesta que sometemos a su consideración”.
La propuesta pretende otorgar la obligación al Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática – INEGI – de realizar de inmediato el registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes, a fin de contar con una plataforma directa entre autoridades y directores de los planteles. Además, para medir el desempeño e identificar sus áreas de mejora, la reforma prevé elevar a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y dotarlo de autonomía.; este cambio constitucional fomentaría la autonomía de las escuelas y establece la creación de 40 mil escuelas en el sexenio bajo el programa de Escuela de Tiempo Completo, con jornada de seis a ocho diarias.
Finalmente declaró que con esta reforma educativa se pretende que EL ESTADO RECUPERE LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN NACIONAL y estas palabras dieron la vuelta al país y, al respecto haremos las siguientes afirmaciones. (Complementariamente ojalá contenga área sobre la dirección y contenido filosófico de nuestra educación).
1°.-La rectoría del de la educación nacional siempre la ha tenido el Estado; que el Estado la haya entregado, por compromiso político, por complicidad, ante la llamada y evidente derechización de las direcciones y reglamentos de estos servicios – la normatividad – y hasta pro omisión, eso es otra cosa.
2°.-Toda reforma educativa debe pasar inicialmente con la capacitación del personal docente de todos los niveles y subsistemas. Si no se hace así, serán dinero, intenciones, equipo y fines desperdiciados, tirados a la basura.
3°.-Complementariamente debe contar con el respaldo, la anuencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. ENTIÉNDASE BIEN, COLABORACIÓN Y RESPALDO, NO CO-AUTOR, PROTAGONISTA Y COORDINADOR DE LA REFORMA Y eso es lo que se desea y necesita: una fuerza laboral bien entendida que colabore, que ayude, pero que no quiera dirigirla, que ese fue el acierto – y cuando vio y sintió el poder, el pecado – de Carlos Jonguitud Barrios y su grupo que fue obstáculo y adversario del proyecto-programas de Federalización y descentración de la SEP: quiso nombrar y dirigir las oficinas descentralizadas, delegaciones y secretarios de educación estatales, ante la anuencia, complicidad, omisión, desconocimiento, y/o incapacidad de los gobernadores de los estados en turno.
Se desea que esta iniciativa de reforma inicie las acciones de voluntad y de proyectos que permita acabar con desigualdades e inequidades en el sistema: por ejemplo, de la matrícula que egresa de educación básica se atiende solo el 12%, dejando a un 62% sin atención y aun así, solo el 3% ingresa a educación superior.
