Basado en la máxima republicana “El Ejecutivo propone. El Legislativo dispone”, en este momento en el ambiente político estatal se vive una burbuja de tensión: la Cuenta Pública del Ejecutivo 2012, la primera de la actual administración.
La LXXII Legislatura local reprobó este domingo anterior la llamada Cuenta Pública Estatal 2012, al determinar la ausencia y omisión de elementos suficientes y competentes para aprobarla, calificándola de “notoria improcedencia”.
Con 22 votos a favor y catorce en contra, el bloque opositor se impuso por mayoría a la bancada priísta, de la que sus integrantes esgrimieron diversos argumentos en contra del procedimiento por el que legisladores del Pan y del PRD elaboraron el dictamen. En casi dos horas se daría la discusión en el pleno, para que finalmente cerca de las 22 horas el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Martínez Alcázar, hiciera la declaratoria de aprobación del dictamen.
Se establece en el dictamen que dicha cuenta :“… no se presentó en apego a la legislación aplicable y no refleja razonablemente la situación financiera de la Hacienda estatal, del gasto público y la evaluación al desempeño institucional y de los servidores públicos, por lo que se observa la ausencia y omisión de elementos suficientes y competentes para aprobar la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al Ejercicio 2012, por ser de notoria improcedencia”; además se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán para que dé seguimiento a las acciones desarrolladas sobre las observaciones derivadas de las auditorías practicadas a la Cuenta e informe al Congreso por conducto de la Comisión Inspectora. Complementariamente se solicita al titular del Ejecutivo estatal que instruya a la Contraloría del estado para que, en el ámbito de su competencia, dé seguimiento, y, en su caso, presente las denuncias y querellas penales ante la autoridad competente respecto de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 y a la Auditoría también se le instruye para dar seguimiento y presentar las denuncias sobre las observaciones del órgano de fiscalización superior.
Otra solicitud al Ejecutivo es para que a través de la Contraloría ordene la práctica de auditorías a los siguientes renglones: Importes por aclarar, por un saldo de 2 mil 140 millones, 376 pesos; recursos federales por comprobar, por un monto de 4 mil 929 millones, 177 mil 389; cargos por aplicar, que revela un monto de 14 mil 347 millones, 419 mil, 547 pesos; recursos devengados no registrados, por la cantidad de 614 millones, 457 mil 730 pesos: Total, aproximadamente 21 mil millones de pesos por clarificar.
Esto es únicamente el inicio del proceso. Aun falta mucho por avanzar. Se continuará con el proceso político partidista, pues ahora y siempre, a pesar de la pluralidad política y diversidad ideológica, se vota en bloques y estos están un poco disparejos, pero el proceso no termina, apenas inicia.
