El pasado martes fue el LXXVI aniversario de un acto de reivindicación nacional de los recursos del subsuelo mexicano: la promulgación del Decreto de Expropiación Petrolera.
El presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas del Río habló a la nación el 18 de marzo de 1938 y desde ese momento sucedieron dos hechos: pasó a la historia investido de nacionalista y su administración fue bautizada como nacionalista – con el complemento de que continuó, fortalecidamente, con el programa de creación de las instituciones producto de la Revolución Mexicana. El otro hecho, fue que, automáticamente, las empresas extranjeras que explotaban los yacimientos petrolíferos del subsuelo mexicano, desde ese día trataron de regresar, protagónicamente, como inversionistas en al productiva industria de los hidrocarburos, a la que nunca jamás, hasta el año pasado lograron conseguir una legislación constitucional que les fuera favorable.
Durante 75 años, los grandes consorcios petroleros internacionales y las empresas privadas intentaron participar como personas morales, como particulares y siempre toparon con los artículos constitucionales 27° y 28°, hasta que se sensibilizó – de la forma que usted quiera pensar – tanto a la cúpula de los partidos políticos como a los diputados, a la opinión pública y a la sociedad nacional, de que no habría ni había ni un problema y que la riqueza de los hidrocarburos sería siendo nuestra y sensibilizaron la opinión pública con la separación de términos: los hidrocarburos en el subsuelo es de los mexicanos; al extraerse por particulares, deben existir contrato muy específico – en varias modalidades -, pero la persona moral deberá pagar – en su caso y dependiendo del tipo de contrato -, el costo del permiso, concesión o franquicia, más los impuestos. Según los técnicos financieros y jurídico-hacendarios y laborales, esta acción genera la larga mayores ingresos y más empleos, y como complemento, ahorros para la Paraestatal PEMEX y para el estado mexicano.
¿Todo esto será cierto? Imposible saberlo. Únicamente existen pronósticos y prospectivas, mas eso y nada, es igual a nada, sin embargo algunas cosas sí son ciertas.
1°.-Es indudable que el petróleo, la industria de los hidrocarburos, es, fue y, hasta el momento, es motor de transformación y cambio ascendente de la sociedad nacional y del Estado mexicano.
2°.-La industria de los hidrocarburos – petróleo – combustibles tipo gasolinas y diesel – y gas – cualquiera que sea su origen y presentación -, por su costo, son factor de estabilidad económica y social. Situación que está cambiando con una política pública de hidrocarburos, contraria al perfil de nuestra sociedad y población económicamente activa. La pregunta surge, en forma natural: ¿PEMEX, con la reforma estructural que facilita la presencia de inversionistas particulares – que se definirán con las leyes secundarias -, continuará siendo factor de estabilización nacional?
3°.-Nuestros ingresos fiscales, presupuestales, están petrolizados; de cada peso que el Estado utiliza o que circula, 43 centavos provienen la industria de los hidrocarburos.
4°.- Ahora existe nuevo criterio en torno a la inversión en/a PEMEX: YA NO ES DE BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD NACIONAL. SERÁ, SIEMPRE Y CUANDO SEA NEGOCIO – para los amigos. Ejemplos: la importación de gasolinas y el escándalo de Oceanografía.
5°.- Las empresas privadas – nacionales y extranjeras –dudan de recuperar su inversión, pues, haciendo números, saben que los mantos de hidrocarburos son no renovables y saben que en no más de 25-30 años, se agotarán los mantos petrolíferos – sean someros, en aguas profundas o en tierra – y habrá otro tipo de combustibles y de materiales químicos nuevos y sustitutos de la refinación e industrialización de los derivados del petróleo.
