Dígase lo que se diga y quién lo diga, aunque sea en mínima parte, la proliferación de los grupos comunitarios de autodefensa – sea el nombre con el que se bauticen -, presentes en al menos 13 estados de la Federación – eso dicen los diarios de circulación nacional – pone en riesgo el Estado de Derecho en el país, independientemente de la legitimidad – en algunos casos respaldados por la potestad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en otros por los acuerdos políticos, como los de Chiapas, que ya son autogobierno o como los de Guerrero, que están ideologizados, la mayoría de ellos y lindan en la guerrilla – que esos grupos puedan tener, nadie puede hacerse justicia por su propia mano: Es una contradicción combatir el crimen, los delitos y la inseguridad en las calles, haciendo la sociedad uso de la fuerza ilegítima y cometiendo otros delitos.
Nadie objetas que el surgimiento de estos cuerpos de milicianos, paramilitares es producto=resultado del descuido y de la ausencia de autoridad del gobierno, sea del partido que sea y del color que sea y del vacío de poder que han sido sustituidos por civiles armados al margen de la ley, san o no encubiertamente protegidos por las fuerzas del Estado: La falta de gobernabilidad no puede ni debe repararse con policías comunitarias o del nombre que sean, pues otros grupos de la sociedad – incluidos los malosos – querrán hacer lo mismo.
Estamos ante otro caso de impunidad e inseguridad muy denso, muy enredado y estas cualidades negativas pueden dar al traste con todos los buenos propósitos y matar económicamente las actividades económicas de las regiones y desaparecer la confianza en las instituciones.
La violencia a nadie sirven salvo a los grupos delincuenciales y a los comerciantes de armamento y equipamiento. El Estado Mexicano debe trabajar más rápido para terminar con la violencia en nuestro estado, se reactive la economía, se den mensajes de paz y tranquilidad a los señores del dinero y restituir la autoridad democrática en los municipios del estado de Michoacán.
De conformidad con el criterio expresado por el procurador general de justicia federal, Jesús Murillo Karam, en el momento en que esté restablecida la autoridad democrática municipal en nuestro estado, en condiciones adecuadas de poder realizar elecciones, en ese momento se tendrá que dar constitucionalmente el peso que la ley da a los policías formales y eso es lo que estamos haciendo en Michoacán: es un proceso de restablecimiento para poder darle y consolidar un estado de normalidad al estado de Michoacán. Es evidente la contención en la entidad; ya no se dan diario enfrentamientos. Están contenidos en buena parte del territorio estatal, pero el planteamiento es bastante complejo como para que se pudieran haber obtenido resultados en días. NO hay plazos fatales.
Así que hasta que “esté restablecida la autoridad democrática” en los municipios estarán las fuerzas federales en nuestro estado.
