El clima de inseguridad en Michoacán ha llegado a una situación extrema, así como la incapacidad de las autoridades estatales para hacer frente a la delincuencia organizada y reestablecer la paz en la entidad. No se trata de la primera intervención del Gobierno Federal en esa entidad federativa, sin embargo el problema fue creciendo hasta generar un escenario con delincuentes, autodefensas, bandas supuestamente contrarias a las mismas que incurrieron en actos de vandalismo, las policías locales, tanto municipales como estatales, la policía federal y finalmente las fuerzas armadas. Esto generó un ambiente negativo, quizás como dice El País se trata del problema más delicado en casi 20 años. De ahí la importancia de las acciones tomadas esta semana, porque el impacto para México ha sido y es muy negativo, tanto para los ciudadanos, como la política de desarrollo y la competitividad.
Es común que la prensa extranjera da cuenta de las acciones violentas que hemos vivido, que ya son conocidas internacionalmente los nombres de las bandas, que el recuento de muertos en las guerras rebasan incluso las cifras de países hoy en guerra civil, que tragedias como las de Nuevo León o Tamaulipas, han dado la vuelta al mundo y que hoy el tema de las autodefensas es seguido por la prensa internacional.
Los organismos empresariales como COPARMEX han dado cuenta del costo que ha tenido para ellos la violencia. Ayer decía Juan Pablo Castañón, su Presidente, que la violencia significa un costo de 75 mil millones de pesos al año, para las empresas nacionales, costo significa pérdidas. Casi dos terceras partes de un millón 389 mil empresas, ha sido objeto de alguna acción de violencia y el veinte han sido víctimas de extorsión y secuestro.
Uno de cada siete habitantes, mayores de 18 años, de ciudades de más de cien mil habitantes se sienten inseguros, como se puede apreciar en la encuesta nacional trimestral que la semana pasada difundió el INEGI sobre la percepción de inseguridad urbana. Son frecuentes las señales de alerta de gobiernos extranjeros a sus ciudadanos para que no visten algunas ciudades mexicanas, como Acapulco, en su momento Monterrey, igual que en Tamaulipas, Tijuana y por supuesto las de Michoacán. Para los inversionistas las señales son más claras.
El caso es que está severamente afectado el clima de inversión y la inseguridad es uno de los factores que más han incidido en la reducción de los flujos de inversión extranjera a nuestro País en los últimos años, sumándose a los problemas de la propia política económica: hoy la inversión extranjera en Brasil supera en varias veces la que llega a nuestro País, incluso nos ha rebasado Chile que es un país más pequeño. Por ello también es creciente la IED de mexicanos en el exterior.
En términos de competitividad es evidente que han caído en el ranking algunas ciudades como Acapulco o Monterrey.
Si sumamos las crisis fiscales de los gobiernos estatales y municipales, donde Michoacán es un caso extremo: hacienda pública deteriorada, con participaciones que representan más del 90 por ciento de sus ingresos propios, en niveles apenas similares a los de 2008 en términos reales; con recaudación propia reducida; con dependencia creciente de las transferencias federales; con fuertes ADEFAS de la administración anterior, con un servicio de la deuda pública creciente. En suma una verdadera pesadilla viven los responsables de las finanzas locales.
Por ello resulta importante la intervención federal, que como dice Monte Alejandro Rubidio, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Mucha luz arrojó ayer la conferencia de prensa que dio, respecto a las acciones emprendidas en Michoacán y el respeto a la potestad jurídica de las autoridades estatales, tema en el que es experto.
Primero atender la emergencia actual, después el desarrollo económico y social, recuperar la inversión y la competitividad, sanear y fortalecer las finanzas estatales con seriedad, asumiendo su responsabilidad los gobiernos estatal y municipales, y por supuesto el federal.
Así como hacer mas eficiente el uso de los recursos públicos destinados a seguridad, como los del FASP.
Por otra parte, buenas noticias desde Chihuahua.
*Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Economistas.
