Dentro de los fatídicos ciento veinte días presidenciales que cambiarían a nuestro país, después de sacar favorablemente las llamadas reformas estructurales – educativa, energética, telecomunicaciones y laboral – el pleno de la H. cámara de diputados aprobó la Ley General de Consulta Popular.
Esta nueva ley establece que el H. Congreso de la Unión convocará y su realización quedará a cargo del Instituto Federal Electoral – o del Instituto Nacional Electoral – y, complementariamente, establece que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resolverá si el tema a consultar es o no trascendental y si la pregunta planteada es correcta o no.
En tales razones fue necesario modificar los artículos constitucionales 41 y 35 para establecer esta nueva facultad del INE o IFE en materia de Consultas Ciudadanas, institución que será encargada de organizar, a petición del H. Congreso, la consulta, que será con el aval jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El párrafo tercero del artículo 41 queda de la forma siguiente: El INE promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que han sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes, presentada la petición a través de los tiempos oficiales, les corresponde administrar para sus propios fines.
Para hacer una consulta ciudadana se requiere la solicitud la haga el presidente de la República, el equivalente del 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o los ciudadanos en un número equivalente al 2 % de los 9nscritos en la lista nominal de electores, es decir, alrededor de un millón 700 mil firmas, hoy en día.
Para que ésta tenga efectos deben participar en la consulta cuando menos el 40 de la lista nominal de electores, es decir, alrededor de 30 millones consultadas – más que en las elecciones.
El INE deberá verificar la veracidad de los encuestados y que se acompañen con la clave de elector y la CURP, así como la autenticidad de las firmas.
Las consultas se podrán hacer cada tres años – junto a cada elección federal y no se podrá aplicar sobre leyes aprobadas ni sobre artículos contenidos en la Constitución.
Los poderes federales se protegen en exceso y colocaron bastantes candados para controlar la voluntad popular, pero…habrá que probar y entonces opinar poco más. Por lo pronto es un pequeño y ligero avance.
