Como ejemplo de alta, muy alta política, el H. Congreso de la Unión, se desembarazó de la alta burocracia creada a la sombra del Instituto Federal Electoral, creando otra nueva y, complementariamente, lleva un poco o mucho de oxígeno a la llamada cuestión electoral y crea, previo acuerdo partidista y dentro de la llamada Reforma Electoral y muy dentro, del Plan Por México, la muy honorable legislatura del H. Congreso de la Unión, ordenó la desaparición del Instituto Federal Electoral y el surgimiento del Instituto Nacional Electoral – la misma gata, no’más que revolcada…¡ Cartucheras al cañón!
Así, sin más dieron muerto a una entidad que estaba ya casi muerta y cuya muerte estaba anunciada: con esta muy sabia decisión, el H. Congreso de la Unión no se mete en berenjenales de nombrar a cinco consejeros ciudadanos – entre ellos la del consejero Presidente – termina con los compromisos con anteriores administraciones panistas y cual Ave Fénix, surge impoluta e inmaculada institución con la responsabilidad de mejor lo hecho por su papá electoral: el Instituto Federal Electoral.
En casi veinticinco años el Instituto Federal Electoral llegó a la cúspide de su poder y a lo más profundo de su desprestigio; acaso los mayores méritos, logros y productos políticos fue conquistar la confianza de la sociedad en los procesos electorales, en su validación, en sus instituciones, la ciudadanización, independencia y en la soberanía de sus procedimientos. Particularmente, la elección de 1994 – de Ernesto Zedillo Ponce de León -.
Tal vez dentro de sus opacidades, de sus pestilencias, fue haberse partidizado, ofrecer dos calificaciones electorales federales – la de 2000 – de Vicente Fox – y la de 2006 – y de Luis Felipe Calderón Hinojosa – , con fallos sumamente cuestionados – el de 2000, antes de tiempo y cuando aun no estaba realizado el cómputo nacional y la de 2006 – la del paisano Calderón Hinojosa, con el célebre fallo de Leopoldo González, en la que afirmó que efectivamente el presidente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial habían intervenido en el proceso electoral, pero que la legislación no contemplaba los castigos correspondientes.
Como sea y vaya a ser, los partidos políticos le encontraron la puerta trasera a la legislación electoral y judicializaron todos los procesos y, de hecho, el 100% de estos llegaban a las salas regionales del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación.
Se desea que esta nueva institución no recorra los mismos caminos que su antecesor y sí tenga real autonomía, libertad, independencia y soberanía, en bien de la sociedad y complementariamente, de nuestras prácticas políticas.
Ahora únicamente queda pagar a la altísima burocracia que quedó sin trabajo, pero que espera sus jugosas indemnizaciones y prestaciones de fin de año.
