¿Por qué los gobiernos municipales dedican una cantidad importante de recursos económicos, humanos, materiales e institucionales para realizar acciones, proyectos o programas que ni siquiera están contempladas en sus facultades constitucionales, pero son incapaces de atender de manera eficiente y eficaz las que están incluidas?
Una de las principales quejas de los ciudadanos es que las autoridades en general son incapaces de resolver los principales problemas que nos aquejan. Inclusive, son muchos que justifican el no pagar impuestos porque “el gobierno o la autoridad” es incapaz de gastar bien la lana que recaudan, ya sea porque “se la roban”, o simplemente la despilfarran en gastos inútiles o hasta absurdos (como la estela de luz, por ejemplo).
De hecho, la desaprobación suele crecer cuando existe una referencia a los gobiernos que están más cerca de los ciudadanos, los gobiernos municipales.
Si somos un poquitín curiosos y nos asomamos a la fracción tercera del artículo 115 constitucional, podemos ver que las obligaciones de los gobiernos municipales están sumamente acotadas y bien definidas, las cuales incluyen la provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; hasta ser los responsables de colocar y darle mantenimiento al sistema de alumbrado público; recoger, trasladar, tratar y confinar los residuos; administrar los mercados y centrales de abasto, los panteones y los rastros; construir calles, parques, jardines, así como equiparlos y darles mantenimiento; y dar seguridad pública.
Si se fijan bien, en ninguna parte de ese artículo constitucional, dedicado a los municipios habla de que estos gobiernos locales deben dar microcréditos, promover el empleo, la productividad, la competitividad, la superación personal y profesional o el sin fin de locas ocurrencias que estos gobiernos tienen para “promover”, “impulsar”, “generar”, “empoderar” a sus ciudadanos y ciudadanas o a los sectores productivos en “el umbral del Siglo XXI”.
La pregunta obligada es ¿por qué los gobiernos municipales dedican una cantidad importante de recursos económicos, humanos, materiales e institucionales para realizar acciones, proyectos o programas que ni siquiera están contempladas en sus facultades constitucionales, pero son incapaces de atender de manera eficiente y eficaz las que están incluidas?
La respuesta no es sencilla, sobre todo porque pueden haber distintas razones para que los gobiernos municipales distraigan recursos importantes a acciones que muy probablemente sean más rentables desde el punto de vista electoral que el recoger la basura a tiempo, tener las calles bien pavimentadas, o contar con policías bien pagados y capacitados (el salario promedio de los policías municipales es de 4 mil pesos al mes, aproximadamente).
Sin embargo, las pifias de algunos municipios no sólo se quedan del lado del gasto público, sino también en su incapacidad de recaudar los pocos impuestos que están bajo su responsabilidad, como es el caso del impuesto predial, en donde México ocupa el último lugar del club de los países más ricos del mundo, la OCDE, en cuanto al cobro de este impuesto. Aquí, la excusa es que muchos municipios carecen de los recursos necesarios para contar con un registro catastral actualizado, pero la realidad es que en muchos casos, son los criterios electorales o simplemente la negligencia que hacen que las autoridades municipales dejen de cobrar el impuesto predial adecuadamente, o le perdonen los adeudos a los morosos en la víspera de elecciones.
Por lo tanto, son muchos los gobiernos municipales dedicados a tareas que ni siquiera están dentro de sus facultades constitucionales, lo que hace que no sólo desvíen importantes recursos del erario para financiarlas, sino que inclusive los llevan a endeudarse y trasladar el costo de esas locuras a las generaciones siguientes; o a exigirle a las autoridades más transferencias para poder financiar su operación.
Creo que ya es tiempo de que repensemos el federalismo y con ello, se redefina el papel de los gobiernos locales en cuanto a sus responsabilidades, en especial, la de los municipios, para que con ello no se pongan a hacer cosas que no les corresponden y descuiden las que son su obligación.
Hasta entonces, creo yo, podríamos hablar de reelección de los presidentes municipales, porque de otra manera, estaríamos facilitando que éstos se dedicaran a realizar obras faraónicas y de relumbrón con el objetivo de reelegirse, a costa de las necesidades de los ciudadanos.
